Cuentas rigurosas, credibilidad exterior

En países europeos de nuestro entorno, como el Reino Unido y Alemania, se acometieron amplios procesos de intervención Estatal. No obstante, la gravedad de la situación económica actual en nuestro país y, principalmente, los recortes sucesivos en materias sumamente sensibles como sanidad, educación y dependencia, ofrecen un panorama cuanto menos preocupante.

Asimismo, en el caso concreto de Bankia, las cuentas anuales de resultados en 2011 que arrojaban unos beneficios de alrededor de 300 millones de euros y, posteriormente reconoce pérdidas de 3.300 millones de euros, no contribuyen a generar un clima de confianza desde el exterior.

El contraste entre la reducción de 10.000 mill. de euros en sanidad y educación, y la inyección de 23.500 mill. de euros en Bankia merece una profunda reflexión.

La salida de la crisis económica y financiera se basa en la generación de empleo; por ello, si consideramos los recortes del veinte por ciento en materia de formación y políticas activas de empleo, o la reducción de 600 millones de euros destinados a investigación, no parece crearse el caldo de cultivo idóneo para reactivar la economía nacional. Si a estos factores sumamos la ausencia de crédito a empresas y particulares, con el consiguiente retroceso de la demanda interna que ello comporta, se genera un círculo vicioso que no permite atisbar síntomas de crecimiento.

Un aspecto fundamental radica en disponer los parámetros económicos con cautela y absoluto rigor, en aras de trasladar un ambiente de determinismo, para así ejecutar las acciones pertinentes sin ambajes. En caso contrario, el continuo baile de cifras se convierte en incertidumbre y desconfianza.

Un análisis equivalente puede establecerse en cuanto a las tasas de déficit público ofrecidas por algunas Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de mayo. Los porcentajes presentados no se correspondían con la realidad. En este caso, convendría analizar la política de transferencias autonómicas, con la incidencia que las mismas pueden comportar en el incremento del déficit público autonómico.

Sea como fuere, la primera medida de reducción del gasto público debería consistir fundamentalmente en la eliminación de la duplicidad de funciones entre las diferentes Administraciones públicas. En paralelo, urge analizar los prestaciones que éstas ofrecen, así como adoptar un plan estratégico y eficaz para mancomunar servicios.

Se trata, en definitiva, de presentar unos resultados fiables, sin sufrir modificación y con la mayor prontitud posible. Los mercados financieros nos observan continuamente y aprovechan cualquier síntoma de debilidad para atacar nuestra economía e incrementar el tipo de interés que paga el Estado para financiar las sucesivas emisiones de deuda pública. ||