La nueva ley de educación

La denominada LOMCE persigue una mejora de la calidad educativa, como arma para combatir la elevada tasa de fracaso y abandono escolar registrado en nuestro país, próximo al 27%, el doble que la media europea, todo lo cual deriva en un porcentaje de paro juvenil superior al cincuenta por ciento.

No obstante, las cifras anteriores contrastan con el gasto público por alumno, el cual supera los 7.700 euros, un veinte por ciento superior a la media del invertido por los países de la OCDE.

Cabría, por tanto, preguntarse si los cambios introducidos en la anterior Ley, y ésta ya es la séptima, permitirán alcanzar el objetivo deseado.

Por una parte, se implementan cuatro pruebas de evaluación, dos en primaria, otra al finalizar la ESO y una última tras concluir el bachillerato. En ese aspecto, la evaluación debe plantearse mediante la necesaria cooperación con las comunidades autónomas, los centros y los responsables educativos.

Otro aspecto es el referido a la introducción de un nuevo sistema de segregación temprana del alumnado a partir de los 13 años. Paradójicamente, en los países líderes en los informes PISA, entre ellos Finlandia, el tronco común se mantiene hasta los 16 años. Así, el informe publicado por la OCDE sobre equidad en los sistemas educativos señalaba que los países que segregan a edades tempranas obtienen resultados menos igualitarios.

Asimismo, la nueva Ley prevé incrementar en diez puntos el porcentaje de contenidos curriculares que fija el Estado, además se reserva la aplicación y diseño de las pruebas de evaluación externas antes citadas. En ese sentido, la ausencia de diálogo sobre estos aspectos concretos de la reforma ha provocado un profundo malestar entre las comunidades autónomas.

Entre otras medidas contempladas en el anteproyecto de Ley figura la reforma de la universidad. Para ello, se remite a la constitución de un consejo de expertos de alto nivel. En esta cuestión, urge establecer los pasos necesarios para mejorar su competitividad, excelencia e internacionalización.

Con las novedades anunciadas se cuestiona la mejora de la calidad educativa, máxime si se reduce el presupuesto para el próximo año en un 14,4 por ciento, aumentan considerablemente las tasas y se reducen las becas y ayudas al estudio.

Difícilmente se combatirá la tasa de fracaso y abandono escolar si aumenta el ratio de alumnos por profesor, no se sustituye una baja de un docente hasta transcurridos diez días lectivos y se recurre al contrato en precario para el colectivo de profesores sustitutos.

Se concluye que la excesiva politización de la educación y las modificaciones introducidas por cada gobierno no han permitido crear un modelo educativo sólido y eficaz. Se requiere una Ley base, con un gran consenso político, a la que se incorporen innovaciones, además de un tiempo prudente para comprobar si los cambios surten el efecto deseado que, debe ser ineludiblemente, la apuesta decidida por la educación como factor determinante para la salida de la crisis. ||