Reforma de las administraciones públicas
La última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas revela como segundo motivo de preocupación de los ciudadanos españoles la corrupción y los políticos, tras el paro e incluso por delante de los de índole económica.
Aquejados por sus problemas para poder cubrir sus necesidades más básicas, muchos ciudadanos españoles contemplan perplejos cómo otros se enriquecen de forma ilícita.
Cada día despertamos con nuevos casos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. En la situación de crisis económica actual, el principal factor para iniciar la salida consiste en recuperar la confianza.
Para ello y, como requisito ineludible, se requiere una reforma integral de la administración pública, con objeto de evitar la duplicidad de competencias y conseguir así el objetivo primordial de “una competencia, una administración”. En el proceso de transición democrática experimentado en España se produjo una descentralización de determinadas competencias estatales a las comunidades autónomas. Los ayuntamientos argumentan que el supuesto proceso descentralizador de éstas últimas hacia las administraciones locales no se ha implementado en sus justos términos y, por ello, exigen que se materialice sin más dilación.
La reforma de la administración local debería funcionar sobre la prestación de servicios desde el ámbito social vinculados fundamentalmente a educación y servicios sociales, y la financiación por parte de las comunidades autónomas.
La administración más próxima a los ciudadanos es la municipal. Por tanto, la asignación de competencias transferidas a la misma debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria.
Asimismo, siempre y cuando el acompañamiento presupuestario permita a los municipios sufragar los gastos por la prestación de servicios, éstos deben cumplir mediante la presentación de sus cuentas anuales en tiempo y forma. En este sentido, la reforma de la administración local prevé intervenir en los ayuntamientos que incumplan la presentación de dichas cuentas.
No obstante, la reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno atribuye a las comunidades autónomas la competencia exclusiva de los servicios sociales. Esta decisión tendrá un impacto directo en las prestaciones municipales. Asimismo, falta por concretar si las autonomías mantendrán todos los servicios que los municipios dejarán de asumir, si podrán financiarlos o si acabarán privatizándolos. Entretanto, los ayuntamientos sostienen que la nueva asunción de competencias por parte de la Administración autonómica debe combatir la desigualdad, el desamparo y la exclusión, tan presentes en un momento de crisis económica como el actual.
En cuanto al papel desempeñado por las diputaciones, para municipios inferiores a 20.000 habitantes, como apuntan los informes, las competencias en materia de servicios sociales serán asumidas por aquéllas.
También conviene estudiar la fusión de ayuntamientos como alternativa para mancomunar servicios, y ofrecer beneficios económicos y fiscales a los fusionados.
Todas estas medidas deben contribuir a la optimización de los recursos disponibles y a la eficiencia en el uso de los mismos, en aras de recuperar la confianza en el mercado nacional e internacional. ||
