La palabra contra los desahucios de la razón

Decía Octavio Paz que con Cervantes y su alter ego, el caballero de la Triste Figura, defensor de los perseguidos, los oprimidos, los sojuzgados, “comienza la crítica de los absolutos: comienza la libertad”. Una crítica que el periodista que firma estas líneas podría empezar por las palabras amenazantes de Celestino Corbacho dirigidas hacia la dirección de su partido el PSC, en el sentido de someter a consulta de su militancia el “seguidismo” que los socialistas están haciendo del proceso soberanista que pilotan CiU y ERC, aunque sin llegar a la denuncia que hace la también ex ministra Carme Chacón, la hija de Esplugues más mediática, con el permiso de Shakira y de Mercedes Milá.

Si es cierto, como opinaba Aristóteles, que “la historia cuenta lo que sucedió y la poesía lo que debía suceder”, podría continuar explicando la historia del buen sueldo que gana el ex concejal de Cornellà y ex presidente del Consell Comarcal del Baix Llobregat, José Luis Morlanes, en su nueva vida como presidente de La Seda de Barcelona, ya que percibirá un mínimo de 430.000 euros a pesar de que la compañía registra unas pérdidas hasta marzo de nada menos que 17 millones de euros. Morlanes tiene problemas para mantener a flote la compañía de El Prat donde empezó como obrero y representante sindical, en una clara muestra de que el ascensor social funciona en Cataluña, sobre todo si se aprietan correctamente los botones, como bien saben otros “compañeros” del metal y de otros sectores de la comarca que ahora lucen trajes de Armani y pagan sus gastos con las tarjetas oro de las compañías para las que trabajan. Pero esa poesía que parece corregir las erratas de las historias personales de quienes se erigieron en dirigentes de los trabajadores no debe inmunizarnos contra la decepción.

Agua a precio de oro con los pantanos a rebosar
El cuerpo también me pide actuar como un justiciero guardián de las libertades y emisario de la tolerancia, un hombre decente, en suma; a la hora de recordar la inversión de 158 millones euros en 2008 para la construcción de la planta desalinizadora de El Prat, la “joya” de la corona de la política hidráulica del tripartito que gobernó Cataluña, con el ex alcalde de Sant Feliu al frente de la conselleria de Medio Ambiente. Y es que la mayor desalinizadora del sur de Europa nunca ha estado a pleno rendimiento y gasta a razón de 8 millones de euros anuales por un uso mínimo de una docena de hectómetros cúbicos, lo que supone la cantidad de agua que consume el área de Barcelona en 25 días. Es decir, el agua sale literalmente a precio de oro. La dilapidación de los recursos públicos se hace ahora aún más evidente con el deshielo, cuando los pantanos de nuestras cuencas están a tope de su capacidad e incluso se tienen que abrir sus compuertas para vaciarlos, “desperdiciándose” el preciado líquido elemento. La naturaleza demuestra que es más sabia que los que se empecinan en defenderla.

Viene a cuento ese comentario sobre la desalinizadora porque el Área Metropolitana de Barcelona planea implantar un recibo del consumo de agua vinculado a los ingresos, lo que supondrá ir poco más o menos que con la declaración de la renta a pagar a la compañía suministradora. La iniciativa, como no podía ser menos, es de ICV, la misma formación que defendió a capa y a espada la multimillonaria inversión de la desalinizadora. Ahora, ha recibido el respaldo unánime del pleno del organismo metropolitano, cuyos integrantes son concejales procedentes de los distintos municipios del área y que por el mero hecho de asistir a una reunión reciben pingües emolumentos económicos en forma de dietas. Son las reuniones más caras, amén de las que celebran los consejos de administración de las grandes compañías, pero en este caso son privadas y pueden hacer con sus dineros lo que quieran.

Sobresueldos a nuestros concejales y alcaldes
Y es que las dietas de la nueva Área Metropolitana de Barcelona (AMB), organismo que coordina las políticas de transportes, residuos y aguas de los 36 municipios de la conurbación urbana barcelonesa, permiten a decenas de alcaldes y concejales ver incrementados sus sueldos hasta el 56% por asistir a reuniones que en su mayoría son breves y rutinarias, y apenas exigen desplazamientos. En total, el Área Metropolitana de Barcelona se gasta 800.779 euros anuales en dietas, que sirven para retribuir la asistencia de 90 responsables políticos a sus distintas sesiones. Entre ellos destacan un reducido grupo de 11 cargos públicos que se embolsan 333.300 euros, el 41% del total.

El consejo metropolitano (similar a un pleno municipal) se reúne nueve veces al año y abona a sus 90 asistentes entre 323 y 1.350 euros por encuentro. Todas las demás comisiones y juntas no suelen durar más de media hora. La junta de gobierno, que celebra reuniones quincenales, paga a sus 17 miembros de 798 a 1.233 euros por sesión. La comisión informativa se reúne nueve veces al año y abona por cada cita 176 euros a los 74 asistentes, la misma cantidad que perciben los siete miembros de la comisión de cuentas por sus dos sesiones anuales. Por último, la junta de portavoces remunera con entre 967 y 1.937 euros a sus cinco miembros por cada uno de sus nueve encuentros anuales.

Espionaje al ex president Montilla
En este mundo en el que hay que almacenar conocimientos para dejar de ser apto a la sumisión, tampoco les hablaré de la denuncia que el ex presidente Montilla y ex alcalde de Cornellà, aunque residente en Sant Just Desvern, acaba de presentar contra el actual director de prisiones de la Generalitat, Xavier Martorell, que cuando era dirigente del Barça y de CiU encargó un informe a Método 3 de espionaje político sobre su persona y la de su familia. Después de analizar con lupa el patrimonio del padre del ex president, se sabe que tiene a su nombre una casa y seis fincas rústicas, algunas con olivos, en el municipio cordobés de Rute, unas fincas compradas en los años 80 y que, por tanto, no pueden tener relación con el ascenso político del hijo. El mismo documento explica que los padres del ex president tienen también un piso en Tortosa y una casa unifamiliar en Calafell.

Respecto a las propiedades del matrimonio integrado por José Montilla y Anna Hernández, su esposa en segundas nupcias que se hizo famosa durante el mandato presidencial de su marido por haber sido miembro de al menos una docena de consejos de empresas y organismos; la agencia de detectives hace constar que ella es titular de una casa y una finca en Sant Just Desvern, y una vivienda unifamiliar en la misma población sobre la que existe una hipoteca vigente hasta el año 2036. Dado que el resto del informe refleja una relación de presuntas irregularidades que Montilla supuestamente realizó en su etapa al frente de la alcaldía de Cornellà, de la Diputación de Barcelona e incluso del Ministerio de Industria, pero sin aportar pruebas, no seré yo quien las reproduzca aquí precisamente porque carecen de sustento documental.

Vuelva usted cuando pasen cuatro años
Si antes decía que la falta de conocimiento habilita para la sumisión, de lo que fácilmente se deduce que conocimiento y libertad vienen a ser nutrientes complementarios de toda aspiración a ser más plenamente humanos, ahora le comentaré, ocioso lector, un asunto que me parece lacerante a estas alturas del siglo XXI. El Registro Civil de L’Hospitalet acaba de dar una primera cita a una señora para que entregue la documentación para solicitar la ciudadanía española nada menos que en el año 2017.

Es decir, que la buena señora, que lleva diez años viviendo en nuestro país, deberá esperar cuatro años para comenzar ese trámite. Luego, cuando entregue los papeles en el 2017, deberá esperar más tiempo para conocer la respuesta de la fiscalía y, aún más tarde, recibirá una nueva cita para examinar el caso, lo que dará pie, por fin, al informe favorable o desfavorable del juez. Si acaba bien, tendrá otra cita para jurar la Constitución. Tal y como pinta, pueden transcurrir ocho años. Este caso no es más que la punta del iceberg del colapso que atraviesa la Justicia española, atenazada por la avalancha de solicitudes de este tipo y otras. Los funcionarios del Registro hospitalense dicen que no dan abasto. Sirvan estas líneas para compensar tamaña acumulación de decepciones, fracasos y desdenes.

Desahucio centenario
Recordaba más arriba las palabras de Aristóteles en el sentido de que “la historia cuenta lo que sucedió y la poesía lo que debía suceder”. Otro motivo de indignación estos días son los desahucios. Josep Maria Solias, director del Museo de Historia de L’Hospitalet, ha revelado un documento de 1913 que da cuenta de un desahucio que se produjo hace ahora cien años en el pasaje Puig del barrio de la Torrassa porque una familia compuesta de matrimonio y tres hijos debía 60 pesetas de alquiler. Se trataba de unas viviendas de 20 a 40 metros cuadrados que todavía existen y que dieron cobijo a los inmigrantes por entonces llegados sobre todo del arco mediterráneo. Las viviendas no tenían ningún tipo de servicio y el agua se obtenía de la cercana fuente de la plaza Española. Hace cien años, la familia de Joaquim Montroig no contó con el apoyo de plataformas contra los desahucios como ocurre ahora, cuando la poesía corrige las erratas de la historia. Si es cierto eso, habrá que aceptar que esa credulidad nos inmuniza contra la decepción.

De la misma época, concretamente el año 1910, son las fotografías de Vicenç Siñol que se han expuesto hasta el 15 de mayo en Sant Vicençs dels Horts, gracias al empeño de la tercera generación ininterrumpida de fotógrafos de esa saga familiar. Fotos en blanco y negro entre las que se incluye la de su propia hijita en el lecho de muerte. La exposición refleja la vida de este municipio gobernado por Oriol Junqueras, líder de ERC, a través de las fotos de bodas, bautizos y comuniones que realizaba como retratista, pero también de las crecidas del Llobregat, la construcción de casas para los veraneantes o la transformación de Barcelona.

Candela Peña o el coste de decir lo que se siente
Mejor cuerpo me ha dejado contemplar el torso desnudo de la actriz de Gavà, Candela Peña, retratada por la directora de cine Isabel Coixet para el Dominical de El Periódico. Ambas han trabajado en la película “Ayer no termina nunca”. Candela se antoja la encarnación del último endecasílabo de un hermoso soneto de la Galatea, que reza así: “Libre nací y en libertad me fundo”. Y es que recordará el lector que Peña protagonizó un duro discurso en la gala de los Goya cuando recogió el premio a la mejor actriz de reparto. Un premio que brindó a la memoria de su padre, muerto recientemente en el hospital comarcal “sin agua y sin mantas”, denunció. Haber dicho lo que pensaba en esos momentos tan emotivos para la actriz, le ha reportado ser el blanco de durísimos ataques personales. Un sufrimiento que ha llevado a Candela a desear que nunca más le vuelvan a dar un premio en la vida.

A estas alturas del texto vamos acercándonos a lo que realmente deseo comentar este mes. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, escribió en 1787, cuatro años antes de llegar a la Casa Blanca, que “si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”. La cita viene a cuento de la paupérrima situación que atraviesa la prensa y el ejercicio del periodismo en nuestra comarca. A los cierres y recortes masivos en los medios de comunicación municipales se une ahora los que aplican los medios públicos de la Generalitat en un contexto de auténtico páramo informativo, derivado de una crisis perfecta en la que se acumula la económica que padecemos todos y la de modelo de negocio como consecuencia de los cambios en los hábitos sociales para acceder a la información. Unos cambios que la adopción masiva de “smartphones” y el uso de internet hacen irreversibles. Pero el papel, ocioso lector, mantiene su rol como soporte de libertades. Entre sus manos tiene el retazo de la libertad de expresión de quien suscribe.

Autoridades sin prensa
No sé si los alcaldes y demás autoridades de nuestras ciudades y pueblos prefieren gobernar sin prensa en el sentido contrario que indicaba Jefferson, uno de los padres de la democracia. Imagino que, de cara a la galería, deben mostrarse favorables a la libertad de prensa, siempre y cuando no ponga en cuestión sus posaderas. Muchos alcaldes y alcaldesas de nuestra comarca, después de diezmar los medios de propaganda en sus municipios, han manifestado su perplejidad por la reestructuración que ha acometido Catalunya Ràdio con el despido del corresponsal Josep Ferrer, que hasta el 1 de mayo y desde hacía catorce años, cubría como autónomo para la emisora pública de la Generalitat el acontecer diario en nuestro territorio Llobregat.

Para el periodista, que ahora ha fichado por Rac-1, la emisora líder en audiencia en Cataluña, lo peor de su cese en Catalunya Ràdio fue el “trato vejatorio y humillante” que le dispensó la dirección de la emisora pública, pues fue despedido a través de un correo electrónico en el que se le anunciaba que desde el 1 de mayo, la emisora dejaba de contar con sus colaboraciones. Ni una llamada, ni un agradecimiento por haber trabajado las 24 horas durante los siete días de la semana durante 365 días al año, y un día más los bisiestos. El despido de Ferrer y el de la treintena de periodistas que integraba la red de corresponsales de Catalunya Ràdio, se ha realizado para ahorrar 120.000 euros anuales, lo que cobra alguno de los integrantes de las cúpulas de los medios públicos de la Generalitat.

Un despido que ha servido para que el personal de plantilla de la emisora, que tiene plaza lograda mediante oposición, es decir, plaza funcionarial, se encargue ahora de cubrir esos territorios. Según sostiene el comité, “esto supone desvestir la sección de informativos”. Pero tienen un problema superior, ya que planea sobre el futuro de Catalunya Ràdio y de TV3 una fusión que supone la unificación efectiva de su trabajo en los estudios de Sant Joan Despí y un ERE que podría afectar a 500 profesionales con el objetivo de recortar los gastos de una corporación catalana de medios audiovisuales que le cuesta a los catalanes más de 2.950 millones de euros anuales.

Los trabajadores de TV3 y de Catalunya Ràdio, además del ERE, se enfrentan a la propuesta gubernamental de equiparar sus sueldos al del resto de personal público de la Generalitat, de forma que un técnico de la tele o de la radio no pueda cobrar más que un abogado del gobierno catalán, por ejemplo.

Mapa de corresponsales de la comarca
Con Josep Ferrer ahora en RAC-1 y manteniendo también la corresponsalía del diario ARA, el nuevo corresponsal de Catalunya Ràdio es David Angela, que además del Baix Llobregat cubre el Alt Penedès y el Garraf. Angela era productor de la emisora y últimamente se encargaba de la información policial y de locutar por la noche en Catalunya Información. El mapa de la comunicación en L’Hospitalet y el Baix Llobregat se completa con una red de corresponsales en la que nunca hubo ninguna persona destinada en TV3 ni en ninguna otra televisión.

En las agencias de información, Esther Romagosa, que está en plantilla de la Agència Catalana de Noticies (ACN), que también ha sufrido un recorte en su plantilla, es la corresponsal en nuestro territorio. Para los periodistas de la ACN, ellos son “una estructura de estado austera” y recuerdan en un comunicado que la agencia es “la tercera pata del sistema público de comunicación tras TV3 y Catalunya Ràdio” y que sus redactores son los “más productivos y baratos del sector” porque habitualmente una sola persona cubre un acto en todos los formatos: texto, fotografía y vídeo. Se desplazan con “sus propios vehículos, con el desgaste que ello supone, ya que la ACN no tiene unidades móviles”. “¿Si trabajamos por tres, por qué nos recortan más?”. Lo que deduce a preguntarse “¿por qué el Govern nos cierra, cuando la ACN es una ganga”.

En la agencia de noticias EFE está Mari Carmen Gallego, que antes estaba en Com Radio; y en Europa Press se encarga Andreu Farrer, que también cubre la corresponsalía para RNE. En la SER está David Guerrero, polifacético periodista que también colabora en otros medios, como el desaparecido Público y las distintas plataformas online creadas por sus antiguos compañeros. En cuanto a los periódicos, El Punt no tiene corresponsal; el escritor y periodista Raúl Montilla sigue en La Vanguardia (por cierto, que ensalza esta edición escribiendo un artículo en estas mismas páginas); en El Mundo está Héctor Marín y en El Periódico cubre la corresponsalía Carles Cols, que era jefe de sección y ahora se encarga de informar de nuestro territorio y también de Badalona.

Periodismo cargado de futuro
Mis críticas al sector periodístico no alcanzan a los periodistas. Mis dardos se dirigen sólo a las empresas, de las que denuncio que algunas pongan el espectáculo por encima de la noticia y sólo se interesen de L’Hospitalet y del Baix Llobregat cuando media un suceso o una desgracia. Sin dejar de contener razón, estas afirmaciones meten el dedo en el ojo de las compañías, pero no en el de los profesionales que ejercen su trabajo en ellas y que a veces no se comportan de la forma más adecuada. Porque los periodistas no deben estar al servicio del poder. Algunos se han acomodado en los coches oficiales, y han dejado de mancharse los zapatos de polvo, de salir a la calle… hacen periodismo de corbata para gente que lleva corbatas, y nuestro trabajo, recuerden, es informar y contextualizar los hechos para ayudar a comprender el mundo y, si es necesario, tocarle las narices al poder mediante la palabra. Llegará un día en que la gente exigirá buen periodismo en defensa propia, con lo cual, este oficio no sólo tiene futuro, sino que es espléndido porque una de sus razones es servir a la sociedad. Siempre contra los desahucios de la razón.||