Si el poder puede llegar a corromper es razonable pensar que es si hegemónico y muy prolongado puede corromper mucho más todavía.
Desde que hay democracia se han producido en la comarca y L’Hospitalet diversos casos de corrupción que provocaron la dimisión de algunos alcaldes e incluso su condena en los tribunales. Estos son los casos más sonados.
Juan Ignacio Pujana
El primer alcalde democrático de L’Hospitalet hubo de dimitir en 1994 tras ser acusado de tráfico de influencias por la adjudicación de un aparcamiento en la plaza Guernika. El caso también se llevó por delante a Roberto Ruiz, entonces concejal de Gobernación. Pujana fue condenado por tráfico de influencias por la Audiencia de Barcelona en 1995 a seis años de inhabilitación, 300.000 pesetas de multa y un mes y un día de arresto. La sentencia le absolvió de dos delitos de soborno por la concesión de las obras debido a la de falta de pruebas.
Poco después volvería a abrirse una nueva causa penal, pero en 1998 la Audiencia de Barcelona absolvió a Pujana y Ruiz de malversación de caudales públicos. Estaban acusados de encargar a una empresa de detectives informes de tipo comercial, por el que pagaron 11,2 millones de pesetas, sobre unas empresas constructoras, que se querellaron contra el Consistorio, y también sobre funcionarios municipales. El fiscal había solicitado cuatro años de prisión para Pujana y tres para Ruiz. El tribunal sentenció que los acusados actuaron para “preservar los intereses que les era obligado defender en atención a sus funciones”, aunque admite que “el método utilizado pueda sorprender e incluso incomodar al ciudadano medio”.
Antoni Pérez Garzón
Su caso se parece al de Pujana como una gota de agua a otra. El primer alcalde democrático de Esplugues desde la restauración de la democracia, dimitió en marzo de 1998 tras ser condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricación. Los hechos ocurrieron en 1995, cuando Pérez firmó dos decretos que permitieron instalar un negocio muy rentable de venta de vehículos de ocasión a una sociedad de la que era administrador y accionista su hijo. Los jueces dijeron en el fallo que el alcalde “olvidó las obligaciones que asumió frente a sus electores y, aprovechando las funciones propias de su cargo, actuó en beneficio de intereses particulares”. La pena impuesta fue superior a la que solicitó el fiscal al final del juicio -seis años y un día de inhabilitación- y coincidió con la que reclamaba la acusación particular, ejercida por el grupo municipal de Iniciativa-Els Verds (IC-EV), que es como se llamaba entonces esa coalición. La sentencia condenó también a sendas penas de tres meses de arresto y multa de un millón de pesetas al hijo del alcalde, Ignacio Pérez Sardá.
Miguel García Fenosa
El primer alcalde socialista de Viladecans dimitió del cargo, fue expulsado del PSC y no acabó el mandato que concluía en 1987 por su presunta vinculación con una estafa con el Banco Filatélico, del que era director.
Antoni Rodriguez
El alcalde socialista de Gavà también hubo de dejar el cargo en el segundo mandato de democracia municipal y acabó expulsado del partido. Sus compañeros del PSC le acusaron de llevar una vida “demasiado golfa”.
Manuel Salmerón
El primer alcalde socialista de Sant Andreu de la Barca también se vio involucrado en otro caso de corrupción que le llevó a abandonar la alcaldía en 1984 y fue expulsado del PSC. El motivo fue la concesión de las obras del mercado municipal a una empresa constructora de la que era accionista su cuñado. Salmerón, García Fenosa y Rodríguez volvieron a presentarse a las elecciones municipales bajo otras siglas pero no llegaron a ser escogidos nunca más.
Enric Térmens
Dimitió de la alcaldía de Olesa de Montserrat por su vinculación con la estafa relacionada con una caja de ahorros y también fue expulsado de las filas socialistas. A diferencia de los anteriores, años después fue rehabilitado por el PSC e incluso volvió a la alcaldía||