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El fraude fiscal

Por Fernando Martín
miércoles 23 de julio de 2014, 13:48h

La economía sumergida, según diferentes estudios, representa alrededor del veintitrés por ciento del Producto Interior Bruto español. Esa tasa nos sitúa como décimo país del mundo que más pierde por evasión fiscal en términos absolutos. Se trata de una verdadera lacra que, además de reducir la recaudación pública, limita la provisión pública de los servicios educativos, sanitarios y asistenciales. 

A ello se añade la falta de equidad en el pago de impuestos, al ser soportadas las cargas única y exclusivamente por los contribuyentes que declaran correctamente.
Asimismo, en el sector empresarial las que cumplen con sus obligaciones soportan unos costes laborales y un pago de impuestos que eluden aquéllas que pertenecen a la economía irregular. Como dato relevante conviene señalar que entre 2007 y 2010 la recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades se redujo alrededor de un 64 por ciento.

En ese sentido, a la destrucción de dicho sector provocada por la crisis económica, se suma la de aquellas empresas que no declaran una parte de los ingresos empresariales y trasladan sus actividades a la economía sumergida.

Como consecuencia de lo anterior surge el empleo sumergido, estimándose el fraude laboral en unos 30.000 millones de euros al año, un tres por ciento del PIB. Así, los factores sumamente negativos derivados de dicho fraude son una menor recaudación, pérdida de derechos laborales y millones de personas sin cotizar.

Para combatir el fraude fiscal los diferentes Gobiernos han reforzado sus medidas; ahora bien, la puesta en marcha de las mismas se demora en exceso e impide a los países el intercambio de información fiscal de empresas y particulares. A nivel europeo, se cifra la economía sumergida cada año en un billón de euros de recaudación, por ello las autoridades europeas exigen a los Gobiernos una postura más eficaz contra la evasión, con medidas para evitar que las empresas aprovechen las diferencias entre los regímenes fiscales de los Estados miembros para no tributar por las ganancias de un mismo grupo empresarial.

Para luchar contra el fraude fiscal, el Ejecutivo implementó medidas como: limitar a 2.500 euros el uso de dinero en efectivo en operaciones en que intervenga un empresario o profesional; la obligatoriedad de facilitar información sobre valores, cuentas o bienes inmuebles situados en el extranjero de los que los contribuyentes sean titulares; la exclusión del régimen de módulos de los empresarios cuya facturación sea inferior al 50 por ciento de sus operaciones a particulares, con rendimientos íntegros superiores a 50.000 euros al año. A pesar de esas y otras medidas complementarias, la cantidad recaudada apenas representa la quinta parte de la evasión fiscal. Por ello, los Técnicos de Hacienda insisten en la necesidad de una reforma en profundidad del actual sistema tributario.

Dicha reforma habría de consistir en reducir el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, así como el elevado número de beneficios fiscales en este impuesto, cuya complejidad genera inseguridad jurídica.

Respecto al IRPF, se deberían replantear los tipos, así como la configuración del método de estimación objetiva.

Además, se deben eliminar las subidas de impuestos directos, por ser contrarias al crecimiento económico. Entre las reformas fundamentales también urge dotar a la Agencia Tributaria de los medios y recursos humanos y materiales para luchar contra el fraude, además de reforzar su independencia.

Finalmente, resulta prioritario replantear la normativa sobre fiscalidad internacional y reforzar los procedimientos de inspección.

En definitiva, se precisa educar a los ciudadanos en la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y no hacer uso de los impuestos en clave electoral. ||

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