Desde las siete de la mañana del miércoles, tres brigadas de Endesa, escoltadas por efectivos de la Policía Local, accedieron a contadores comunitarios y patinillos eléctricos para desconectar 23 viviendas que se abastecían de forma irregular. Según el Área de Seguridad y Convivencia, los inmuebles —todos en los Barrios de Ponent— registraban picos de consumo que disparaban la intensidad y disparaban los fusibles, con riesgo de incendio. Endesa tramitará sanciones contra los titulares y exigirá un nuevo contrato para restablecer el suministro legal.
El Ayuntamiento y la distribuidora han acordado intensificar estos dispositivos en toda la ciudad para evitar cortes masivos provocados por sobrecargas. La concejalía subraya que muchas alertas parten de avisos vecinales y recuerda el teléfono gratuito 800 760 220 para denunciar enganches. La manipulación de la red no solo genera pérdidas económicas —el fraude eléctrico costó a Endesa más de 130 millones en Cataluña el año pasado, según datos de la compañía—, sino que supone “un riesgo altísimo de incendio y de caída de tensión” para los usuarios que sí pagan su factura. La Policía Local seguirá haciendo batidas preventivas y no descarta actuaciones conjuntas con Mossos d’Esquadra en zonas donde proliferan plantaciones de marihuana que disparan el consumo.