El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado, este martes 8 de julio, la licitación de un contrato para conservar y mantener varios tramos estratégicos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Barcelona, con una atención especial a la autovía A-2, entre Igualada y Martorell, la N-2 en el entorno de Martorell y la autovía B-40.
El proyecto, tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga, y supondrá una inversión de 46,3 millones de euros (sin IVA). El objetivo: garantizar unas condiciones óptimas de circulación, seguridad y accesibilidad para los ciudadanos.
Una parte importante de esta inversión se destinará al mantenimiento de la autovía A-2 entre Igualada y Martorell, uno de los principales ejes de conexión entre el interior de Cataluña y el área metropolitana de Barcelona. Esta vía soporta un alto volumen de tráfico, tanto de vehículos particulares como de transporte de mercancías.
El contrato también incluye la conservación de la carretera N-2 en el entorno de Martorell, otro corredor de gran relevancia para la movilidad comarcal.
Además, se actuará sobre la autovía B-40, la autovía orbital entre Abrera y Terrassa. Esta infraestructura está llamada a desempeñar un papel clave en la descongestión de los accesos a Barcelona, al conectar diversos ejes radiales del área metropolitana.
Más allá del mantenimiento general, el plan incluye actuaciones puntuales en tramos con necesidades urgentes. Es el caso de la vía de servicio de la A-2 a la altura de los kilómetros 570,500 y 570,700, donde se han detectado problemas de desprendimientos y socavaciones.
También se intervendrá en el enlace 572 de la A-2 (km 571,530), entre Collbató y El Bruc, una zona de orografía compleja que requiere trabajos de adecuación de taludes y mejora de sistemas de drenaje para garantizar la estabilidad de la vía.
Como parte de su estrategia de transición ecológica, el Ministerio exige a las empresas licitadoras que presenten un plan de descarbonización durante los primeros seis meses del contrato, con el objetivo de alcanzar un balance neutro en emisiones de carbono en un plazo de cinco años.
Las medidas incluirán el uso de vehículos eléctricos, sistemas de autoconsumo en instalaciones de servicio, y el cálculo de la huella de carbono de las actividades realizadas. La compensación de emisiones se podrá llevar a cabo mediante proyectos oficiales de absorción de CO2.