El Ayuntamiento de Viladecans ha anunciado este miércoles que se personará como acusación particular en la causa abierta contra la empresa L&V Gestió de Finques, señalada por haber incumplido numerosos contratos y haber causado un perjuicio económico a decenas de comunidades de vecinos del municipio. La decisión llega después de que se hayan presentado al menos 23 denuncias ante los Mossos d’Esquadra y de que una treintena de comunidades hayan acudido ya a los servicios municipales en busca de asesoramiento.
Según fuentes municipales, la empresa habría gestionado fondos de más de un centenar de fincas en el Baix Llobregat y habría cesado su actividad de forma repentina, dejando cuentas vacías, obras sin ejecutar y comunidades sin interlocutor. El supuesto fraude podría superar el millón de euros, aunque la cifra exacta todavía se desconoce. En algunos casos, los fondos afectados procedían de subvenciones públicas destinadas a la rehabilitación de edificios, un hecho que ha llevado al consistorio a implicarse directamente en la causa, como ya avanzó El Llobregat hace unos días.
La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, ha ordenado a los servicios jurídicos municipales estudiar de manera urgente la situación y reunir toda la documentación posible para determinar los delitos que podrían haberse cometido. Morales ha asegurado que el Ayuntamiento “no tolerará que los vecindarios de la ciudad sean víctimas de una mala gestión o de un engaño”. En paralelo, los servicios municipales han activado un dispositivo de apoyo a los afectados, coordinando a la Oficina Local d’Habitatge, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y las tres oficinas de distrito, donde se ofrecen puntos de información y acompañamiento legal.
Desde los primeros avisos, el Ayuntamiento también ha trabajado conjuntamente con la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Viladecans para facilitar la presentación de denuncias y agilizar los trámites policiales. Además, los servicios sociales y de mediación municipales evalúan posibles casos de vulnerabilidad derivados de esta situación, especialmente entre personas mayores o familias con menos recursos.
Para evitar que los edificios afectados queden sin gestión, el consistorio ha contactado con otras empresas administradoras de la ciudad para que puedan asumir temporalmente las comunidades afectadas y garantizar el mantenimiento básico de las fincas. Los servicios jurídicos locales, por su parte, continúan recopilando información para determinar la magnitud del presunto fraude y las responsabilidades penales de los implicados.
El caso ha generado una fuerte preocupación vecinal y ha abierto el debate sobre la falta de control y supervisión en el sector de la administración de fincas. Asociaciones de vecinos y expertos en vivienda coinciden en que la ausencia de auditorías externas y de mecanismos de transparencia en algunas gestoras facilita que se produzcan irregularidades graves. En Viladecans, la confianza se ha roto de golpe: muchas comunidades tratan ahora de recuperar su dinero, sus obras y, sobre todo, la sensación de seguridad que creían garantizada.
El Ayuntamiento insiste en que su prioridad es proteger a los vecinos y recuperar los fondos desaparecidos. Mientras tanto, las denuncias siguen acumulándose y la investigación avanza para esclarecer un caso que ha dejado al descubierto una trama de descontrol financiero en la gestión de fincas del municipio.