Mientras el Ayuntamiento de L’Hospitalet se ha convertido en el dueño legal de una parada del mercado de Collblanc, el pescadero “okupa” que despacha en ella sigue vendiendo pescado como si nada. La licencia oficial está en manos del consistorio, pero la ley impide desalojarlo sin orden judicial. Y el pleito sobre el traspaso del puesto no se resolverá hasta 2027. Entre competencia desleal, burocracia y sardinas frescas, el mercado vive una situación inédita: nadie puede echar al inquilino. Pero hay más. El PP amenaza con acciones legales y acusa al alcalde de permitir una “okupación” perjudicial, llegando incluso a señalar un posible caso de prevaricación, y le ha dado un plazo de cinco días para echar alos okupas. Por si acaso, la Generalitat ya ha sido advertida de que se puede estar cometiendo un delito contra la salud pública.
En el mercado municipal de Collblanc, en L'Hospitalet, todo parece funcionar como siempre: vecinos madrugadores, bolsas de plástico, hielo, pescado fresco y conversaciones a gritos. Todo normal. Pero solo es apariencia. Porque en realidad se está viviendo una situación inédita. Hay una pescadería -la Peixateria Mary- que lleva un tiempo abierta aunque, oficialmente, debería tener la persiana echada porque -a efectos prácticos- carece de la potestad para hacerlo. En otras palabras, se trata de una pescadería okupada y en la que despacha un okupa. Y por el momento, salvo que intervenga la justicia, nadie puede sacarlo de su mostrador. Por mucho que el resto del mercado hable de "competencia desleal".
La rocambolesca historia empieza como tantas otras compraventas en un mercado. Hace un año aproximadamente, la titular de una parada de venta de pescado fresco -Mary- que está a punto de jubilarse, traspasa el negocio a un nuevo propietario. La normativa municipal lo permite y, mientras se tramita el cambio de titularidad de la licencia, el nuevo pescatero puede comenzar trabajar porque el traspaso lleva implícita la licencia de actividad. Así que abre, se pone a vender tranquilamente su pescado y sigue el ritmo habitual del mercado, con sus altibajos y sus idas y venidas. Y hasta, posiblemente, compartiendo el hartazgo del resto de paradistas, que se quejan "del estado de las paradas, tanto exteriores como interiores; las constantes goteras; la proliferación de ratas; los problemas en la gestión de los residuos; y la espera de un proyecto de remodelación que lleva años de retraso”, como ha denunciado este viernes la portavoz municipal del PP, Sonia Esplugas.
Pero al tramitar el traspaso de la licencia, el Ayuntamiento de L'Hospitalet revisa los papeles y detecta un problema: la nueva pescadera tiene deudas tributarias pendientes. Resultado: traspaso denegado. El nuevo dueño de la pescadería recurre la decisión del consistorio ,pero el Ayuntamiento vuelve a decir que no. Y ahí es cuando el conflicto deja de ser un chismorreo de mercado y se va directamente al juzgado. El nuevo pescatero presenta un recurso contencioso-administrativocontra la resolución municipal que deniega el traspaso y el juez lo admite a trámite. Fecha para resolver el pleito: 2027.
Hasta entonces, la ley de mercados es clara: mientras el caso esté en los tribunales, el Ayuntamiento no puede desalojar a los tenderos y estos pueden seguir vendiendo porque la licencia de actividad sigue activa por ser inherente al puesto. Lo que está en cuestión es la validez o no del traspaso, Así que solo un juez puede ejecutar un posible desahucio si acaba dando la razón al ayuntamiento.
Y aquí viene otro giro de guión. En mitad del proceso, la antigua titular de la licencia se jubila formalmente, renuncia a la propiedad de la parada y se la cede al propio Ayuntamiento. Es decir: el consistorio pasa a ser el dueño… el dueño de una parada ocupada por alguien a quien no puede echar por mucho que lo intente o lo desee. Tiene que armarse de paciencia y dejarle que siga despachando pescado, porque la licencia de actividad no está en cuestión.
Así que la pescadería okupa sigue ahí como si nada: con la licencia oficialmente en manos del consistorio (que es el nuevo dueño de la parada), pero con mostrador, pescado fresco y clientela. Para algunos, es una simple okupa, pero de una parada en lugar de un piso. Para otros, no es más que un vendedor atrapado en la telaraña burocrática. Para el Ayuntamiento, un problema que no se puede resolver ni precintando la persiana. Para otros ni siquiera consta que el establecimiento tenga un titular claro...
La paradójica situación ya venía tardando en saltar al terreno político. El PP de L’Hospitalet, por boca de Esplugas, ha acusado este viernes al gobierno municipal de permitir una “okupación” en el mercado de Collblanc y ha puesto el foco directamente en el alcalde, David Quirós. La portavoz del PP, ha advertido de que el alcalde podría estar prevaricando al permitir la venta de pescado en una parada "en la que no consta ningún titular, siendo esta una nueva modalidad de okupación permitida por el gobierno socialista”. Asimismo, ha recordado que David Quirós, asumió el pasado mes de noviembre, personalmente y "en primera persona" ,la responsabilidad del área de Mercados de la ciudad.
El PP ha dado cinco días hábiles al Ayuntamiento de L'Hospitalet -que empiezan a contar desde este mismo viernes- para desalojar la parada. Además, Esplugas ha precisado que el hecho de que continúe la venta de pescado "genera un perjuicio económico para el Ayuntamiento, que está dejando de ingresar la tasa por ocupación (legal) de las paradas del mercado". Esplugues ha alertado de que la situación es flagrante porque "podría constituir un posible delito contra la Hacienda Pública por desarrollarse una actividad económica irregular, además de un posible delito contra la Seguridad Social, e irregularidades sanitarias”. Por si las moscas, ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Generalitat de Cataluña ante la posibilidad de que se esté cometiendo "un posible delito contra la salud pública", ha subrayado la portavoz conservadora.
Desde el gobierno municipal, sin embargo, el mensaje que se ha trasmitido este viernes a El Llobregat es mucho menos épico: con un proceso judicial en marcha, desalojar sin orden judicial no ha lugar. Y la ley, por ahora, protege a quien está dentro del puesto, entre hielos y cajas de pescado, aunque el traspaso haya sido anulado y el propietario del establecimiento sea el propio ayuntamiento
Mientras tanto, los paradistas del Collblanc miran la escena con mezcla de enfado y resignación. Y es que a sus históricas reivindicaciones por el estado de abandono en que se encuentra el mercado y los problemas que se derivan de ello se suma ahora un lesivo caso de competencia desleal, sin olvidar que siguen a la espera de un proyecto de remodelación que nunca llega. Y así, entre sardinas, papeles y recursos judiciales, la pescadería de los okupas seguirá vendiendo. Al menos hasta 2027. Porque en Collblanc, hoy por hoy, hay algo más difícil que vender pescado en un mercado que no vive sus mejores tiempos: echar a alguien de una propiedad okupada por mucho que el Ayuntamiento quiera.