Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Sant Esteve de Sesrovires por no derribar 12 naves industriales levantadas ilegalmente en el polígono industrial Sesrovires en 1995 sin permiso de los legítimos propietarios de los terrenos: la familia Farràs, una de las más arraigadas en el municipio.
La magistrada del juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, Irene Urbón Reig, ha condenado al consistorio local a pagar a la familia Farràs 18.940 euros (más intereses) por haber incumplido una orden judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), dictada hace dos años, que emplazaba a la demolición inmediata de las naves, en base a una sentencia firme de 2010. En un princiopio, el Ayuntamiento anunció que derribaba las naves pero se echó atrás. El plazo para haber ejecutado este mandato judicial expiró el 30 de junio de 2023 sin que se le diera finalmente cumplimiento. El consistorio local dispone ahora de un plazo de quince días para presentar un recurso de apelación por la imposición de la indemnización ante el mismo juzgado de Barcelona.
La sentencia del juzgado número 12 de lo contencioso-administrativo barcelonés no es más que una pieza más en un difícil encaje de bolillos que se inició hace 30 cuando el matrimonio formado por Miquel Salaet Torné y Montserrat Tobella Bosch “usurpó” (según sentencia del TSJC) una finca de viñedos de 30.000 m2 de la familia Farràs, manipulando las escrituras.
Posteriormente, la pareja revendió los terrenos en una turbia operación -que también salpica al Ayuntamiento- cuando éstos fueron recalificados como zona industrial, consiguiendo con ello pingües beneficios y sin que los legítimos propietarios vieran un euro.
Como no se han derribado las naves industriales afectadas (que están ocupadas por terceros que nada tienen que ver en este entuerto) pues la demolición total provocaría graves daños a los nuevos propietarios y sus actividades económicas están consolidadas, la familia mantiene un litigio contra el Ayuntamiento de Sant Esteve en el que le reclama una indemnización por su responsabilidad patrimonial –por no poder recuperar físicamente los antiguos viñedos– que se eleva a más de 10 millones de euros.
¿Y por qué se reclama esta importante suma al ayuntamiento? Pues porque en 1995 cometió el desliz (intencionado o no, eso deberá decidirlo a quien corresponda) de no declarar los terrenos como “litigiosos”, como marca la ley, al iniciar el proceso de recalificación y reordenación del futuro polígono.
En su lugar, el consistorio tomo partido a favor de Salaet y Tobella (desoyendo a los Farràs) y los consideró directamente propietarios. Después reparceló la finca dentro del proyecto de urbanización del polígono Sesrovires y se la adjudicó al matrimonio “de forma improcedente”, según sostiene la familia Farràs, pues no eran sus legítimos dueños. Desde entonces las demandas, las sentencias, los recursos de diferentes juzgados de todo rango vienen sucediéndose sin que todavía se aviste la luz al final del túnel. Incluso los alcaldes de la ciudad han sido condenados a días de multa por lo sucedido. Pero la resolución definitiva parece que esta vez sí que está algo más cerca.
La rueda de la justicia, aunque lenta, ha seguido girando desde que hace ya tres largas décadas los Farràs recurrieran a los tribunales para recuperar sus tierras. El 16 de enero de 2026 finalmente se ha fijado la vista para un juicio contra Miquel Salaet y Montserrat Tobella por la presunta apropiación indebida de los terrenos y su uso con fines lucrativos. La familia exige a los demandados una indemnización económica por un importe muy elevado, que el juez deberá dirimir si corresponde o no abonar. El mero hecho de que se haya fijado una fecha para el juicio ya ha sido considerado “como un éxito” por los demandantes porque podría poner fin a los pleitos si no surgen nuevas dilaciones y más teniendo en cuenta que sobre los hombros de los dos acusados ya pesa una sentencia judicial condenatoria por usurpación.