Como alcalde de Castelldefels y como usuario del tren, igual que miles de vecinos que cada día dependen de Rodalies para trabajar o estudiar, no puedo más que lamentar y pedir responsabilidades en la gestión de la crisis que atraviesa el servicio ferroviario. Lo que debería ser un pilar básico de la movilidad pública se ha convertido en sinónimo de incertidumbre, retrasos y frustración.
Las incidencias ya no son episodios aislados, sino parte de la rutina diaria: cancelaciones sin explicación, trenes abarrotados, averías y retrasos que superan habitualmente los veinte minutos. Esta situación ha erosionado gravemente la confianza ciudadana en este servicio público y confirma una realidad que muchos alcaldes llevamos años denunciando: la falta de mantenimiento y la insuficiente inversión en la red ferroviaria catalana.
El problema de Rodalies no puede reducirse a una disputa política entre administraciones, ya que el deterioro es el resultado de años de abandono por parte de ambas: Estado y Generalitat. Desinversión y falta de responsabilidad política por parte de los gobiernos, tanto el de Pedro Sánchez como el de Salvador Illa, porque cuando una infraestructura esencial falla de manera reiterada y acaba costando vidas, ya no estamos ante una mala gestión puntual, sino ante un incumplimiento grave de las obligaciones en materia de seguridad y mantenimiento de la infraestructura.
Por lo tanto, el Estado, responsable de infraestructuras clave como Adif y Renfe, y la Generalitat, con competencias en planificación y gestión del servicio, han contribuido a generar confusión, descoordinación y, sobre todo, una preocupante ausencia de responsabilidades claras cuando el sistema falla. Los ciudadanos no quieren saber quién tiene la culpa; quieren llegar puntuales y, ahora más que nunca, hacerlo con seguridad.
No se puede tolerar que se normalice la inseguridad ferroviaria en un servicio básico para la movilidad diaria de cientos de miles de ciudadanos. El Gobierno del Estado y el de la Generalitat deben garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios, que no pueden seguir siendo víctimas de la negligencia política.
Hablar del traspaso de competencias o de la creación de una empresa mixta no servirá de nada sin inversiones reales, sin mantenimiento y sin una gestión profesional alejada del debate identitario, y mucho menos si esos traspasos obedecen a intereses políticos que nada tienen que ver con las necesidades reales de los ciudadanos. El problema no es de competencias, sino de incompetencia, por falta de eficacia en la gestión.
Es momento de dejar el intercambio de reproches y actuar. Estado y Generalitat deben coordinarse y dar soluciones concretas, con calendarios y alternativas de movilidad y desplazamiento para los usuarios del servicio, que no se merecen pagar impuestos de primera y recibir servicios de tercera. Los usuarios ya han esperado demasiado: no necesitan más promesas, ni más anuncios ni peleas competenciales, sino trenes seguros y puntuales. III