La batalla por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del área metropolitana de Barcelona acaba de dar un nuevo paso en los tribunales que podría acabar con su derogación como ha sucedido en otras ciudades europeas como Madrid o París. VOX ha presentado sendos recursos contencioso-administrativos contra las ordenanzas de Cornellà de Llobregat y L’Hospitalet, junto a otros cinco municipios catalanes, al considerar que las restricciones de circulación "carecen de suficiente justificación jurídica, técnica y económica". Los informes jurídicos aportados por la formación cuestionan "la proporcionalidad de las medidas" y fundamentan que se reclama una revisión del impacto sobre vecinos, autónomos y pequeños comercios, los grandes damnificados por las ZBE.
La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el área metropolitana de Barcelona afronta un nuevo frente judicial. VOX ha anunciado la presentación de recursos contencioso-administrativos contra las ordenanzas que regulan estas áreas en siete municipios catalanes, entre ellos del territorio: Cornellà y L’Hospitalet, dos de las urbes más pobladas y con mayor movilidad diaria del entorno metropolitano. La ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia de la formación "contra las políticas de movilidad impulsadas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)", que incluye también alegaciones al Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-2030. El portavoz de VOX en AMB, Gonzalo de Oro, incluso ha calificado el PMMU como «un rodillo ideológico» y ha dejado claro que el sesgo de las nuevas políticas de movilidad que se están aplicando en el territorio «limitan la movilidad de los ciudadanos y perjudican al comercio local, a los autónomos y a las familias trabajadoras» y que en 2028 van a prohibir la circulación al 40% del actual parque móvil delñ Baix Llobregat.
De hecho, los informes jurídicos elaborados y esgrimidos por la formación consideran que las ZBE suponen «una limitación desproporcionada de la movilidad", y avalan una revisión del modelo. Y es que VOX sostiene que las actuales restricciones al vehículo privado «perjudican especialmente a familias con menor capacidad económica, trabajadores autónomos, pequeños comercios y profesionales que dependen del coche para desarrollar su actividad". Además, no ha quedado demostrado que las restricciones al tráfico ofrezcan «una respuesta eficaz a los problemas de calidad del aire», recalca el portavoz metropolitano, quien a su vez denuncia que no es de recibo convertir al vehículo privado en el principal objetivo de «unas políticas que penalizan a las rentas medias y bajas», ha relatado.
Más allá del debate político, los recursos presentados por VOX contra las ZBE de Cornellà y L'Hospitalet son una «enmienda a la totalidad» como lo ha definido Gonzalo de Oro que plantea de forma común una serie de argumentos jurídicos con los que se pretende cuestionar la validez de las ordenanzas municipales que sustentas las áreas restringidas. El eje principal de la impugnación es una supuesta «falta de cobertura legal suficiente". La argumentación jurídica de la formación que dirige Santiago Abascal reconoce que los ayuntamientos tienen competencias para regular el tráfico urbano, pero matiza que esa potestad «no permite establecer mediante una ordenanza municipal prohibiciones generales y permanentes de acceso a determinados vehículos que afectan a una parte relevante del parque móvil". Según el argumentario de los dos recursos, las restricciones de circulación derivadas del etiquetado ambiental «afectan a derechos como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley o la libertad de empresa·, por lo que deberían contar con «una regulación legal más específica" y no basarse únicamente en competencias municipales generales.
Otro de los pilares de la impugnación es el principio de proporcionalidad. VOX argumenta que las ZBE aplican una restricción automática a todos los vehículos sin distintivo ambiental «sin tener en cuenta circunstancias individuales como la situación económica del propietario, sus necesidades laborales o la existencia de alternativas reales de transporte público", esgrimen. La formación sostiene que la Administración pública (bien el AMB o los Ayuntamientos) debería «demostrar que la medida es necesaria, eficaz y que no existen otras soluciones menos restrictivas para alcanzar los objetivos de mejora de la calidad del aire", advierte la base jurídica de los recursos.
El recurso de VOX también pone el foco en la forma en la que se han tramitado las ordenanzas en ambas ciudades y reclama un mayor análisis sobre sus consecuencias. En concreto, VOX considera que los expedientes municipales no incorporan, a su juicio, estudios suficientemente detallados sobre «el número de ciudadanos afectados, el perfil económico de los propietarios de vehículos restringidos o el impacto sobre sectores concretos como autónomos, repartidores, comerciantes, empresas de servicios o trabajadores que necesitan desplazarse diariamente en vehículo privado. La formación defiende que una medida con impacto directo sobre miles de desplazamientos debería ir acompañada de una evaluación económica y social que permita conocer sus efectos sobre el empleo, la actividad comercial y la movilidad cotidiana. En este sentido, el recurso cuestiona también la ausencia de medidas de transición, ayudas o «alternativas suficientes para aquellos ciudadanos que no pueden asumir el coste de renovar su vehículo.
Otro de los argumentos incluidos en la impugnación es la supuesta ausencia de una evaluación ambiental estratégica. VOX sostiene que una ZBE no solo afecta a determinados vehículos, sino que modifica los patrones de movilidad de toda una ciudad, redistribuye los flujos de tráfico y puede generar efectos sobre zonas limítrofes. Según la formación, antes de implantar restricciones permanentes deberían analizarse cuestiones como el posible desplazamiento de tráfico hacia otros municipios, el llamado efecto frontera, o las consecuencias sobre la movilidad metropolitana. Precisamente la coordinación entre municipios es otro de los puntos señalados por VOX. El partido considera que en un territorio como el área metropolitana de Barcelona, donde miles de ciudadanos cruzan diariamente diferentes términos municipales para trabajar, estudiar o acceder a servicios, la existencia de normativas diferentes «puede generar inseguridad jurídica y dificultades para los usuarios , sostiene la argumentación jurídica sobre la que se han construido los recursos.
El presidente de VOX Barcelona, Joan Garriga, ha avanzado que su partido piensa seguir liderando la oposición a las políticas de movilidad impulsadas por las administraciones metropolitanas -más allá de L'Hospitalet y Cornellà- y ha dejado meridianamente claro que «mientras el resto de partidos compite por ver quién prohíbe más y quién asfixia más a los ciudadanos. VOX continuará combatiéndolas tanto en el ámbito político como en el judicial". En palabras del propio Garriga, la formación va a seguir defiendiendo «la libertad de circulación, el derecho al trabajo y la prosperidad de los españoles corrientes» frente a unas medidas que, a su juicio, restringen los derechos de los ciudadanos.
Garriga ha insistido en que VOX «no va a dar ni un paso atrás» en esta estrategia y anunció que la formación librará esta batalla «en todos los frentes posibles». En este sentido, el líder de VOX ha criticado que las actuales políticas de movilidad responden a «delirios ideológicos» que, según sostuvo, perjudican la libertad y el sustento de los catalanes. El dirigente ha reafirmado que VOX mantendrá su «ofensiva política, jurídica y social contra las restricciones al tráfico, defendiendo que seguirá actuando «en las instituciones, en los tribunales y en las calles» junto a autónomos, familias trabajadoras y ciudadanos afectados por estas medidas.