La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Cornellà de Llobregat, que limita la circulación de vehículos más contaminantes por el inteiro del casco urbano desde el pasado 1 de enero, podría sufrir cambios importantes si se impone la postura de muchos de sus conciudadanos. El grupo municiopal de VOX en Cornellà ha anunciado este miércoles que llevará la polémica medida ante el Tribunal Contencioso‑Administrativo por considerar que ésta "afecta de manera injusta a los vecinos y carece de base técnica y jurídica", han ratificado fuentes del partido.
El portavoz de VOX en la ciudad, Iván Cánovas, ha criticado duramente una iniciativa del consistorio que no cuenta con el imrpescindible respaldo vecinal: “Esta ZBE es una medida ideológica que castiga directamente a los vecinos con menos recursos, aquellos que no pueden permitirse cambiar de coche o comprar un vehículo nuevo". En base a estos postulados, Cánovas ha dejado claro que la imposición de la ZBE "no protege el medio ambiente, ataca el bolsillo de las familias trabajadoras”.
70 páginas de alegaciones
Durante el periodo de exposición pública, VOX presentó más de 70 páginas de alegaciones, y denunció la falta de estudios técnicos y jurídicos sólidos que avalaran la eficacia de la ZBE y el impacto económico que ésta tendrá sobre miles de residentes en la ciudad y los automovilistas que circulen por sus calles. Todas y cada una de las alegaciones fueron rechazadas por el gobierno municipal, lo que ha llevado al partido a recurrir a la vía judicial.
La ZBE de Cornellà restringe la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental en todo el término municipal todos los días laborables (de lunes a viernes) de 7:00 h a 20:00 h. Como compensación, existe un régimen de exenciones o autorizaciones puntuales, que deben solicitarse a través del registro metropolitano de vehículos autorizados. Esto incluye casos como tratamientos médicos, servicios esenciales o permisos especiales para ciertos profesionales o residentes en situaciones específicas.
Sanciones económicas y multas de 200 euros
El consistorio ya ha empezado a aplicar sanciones a los infractores. Los controles se realizan mediante cámaras y lectores de matrícula, y el acceso indebido de un vehículo sin la etiqueta ambiental o sin la autorización correspondiente puede acarrear sanciones económicas de alrededor de unos 200 €, la misma cuantía vigente por lo respetar las ZBE metropolitanas similares de lo smunicipios colindantes. Esta medida se enmarca dentro de la normativa catalana que obliga a todos los municipios de más de 20.000 habitantes a implementar ZBE para mejorar la calidad del aire y la salud pública.
El conflicto ha generado tensión social: varias asociaciones vecinales han recogido cientos de firmas denunciando que la ZBE penaliza especialmente a barrios más vulnerables y a quienes dependen del coche para trabajar, mientras que plataformas ciudadanas exigen alternativas de transporte accesibles y realistas. La polémica también se observa a nivel nacional. En otras ciudades españolas, como Madrid, tribunales han llegado a anular medidas similares por considerar que afectan injustamente a residentes con menos recursos, lo que convierte el recurso de VOX en Cornellà en un posible precedente judicial.
Tensión entre medio ambiente y justicia social
El debate sobre la ZBE refleja la tensión entre la protección del medio ambiente y la justicia social, y sitúa a la justicia como árbitro de una medida que divide a la ciudadanía. Mientras tanto, vecinos, políticos y expertos seguirán atentos a la resolución del Tribunal Contencioso‑Administrativo, que determinará si la ZBE de Cornellà es legal y si respeta los derechos de todos los ciudadanos.
Si (
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