Los desahucios

Una comisión de jueces ha denunciado la situación de extrema vulnerabilidad de los afectados por desahucios, con el objetivo de que los partidos políticos muevan ficha. Este movimiento debería materializarse fundamentalmente en una reforma de la ley hipotecaria para, según manifiestan, corregir sus disfunciones.

Hace seis meses el Ministerio de Economía impulsó el código de buenas prácticas para las entidades financieras, de carácter voluntario, aunque en realidad su entrada en vigor ha sido posterior. Los detractores del citado código se oponían a la voluntariedad de los bancos y exigían su obligado cumplimiento.

Si se ha rescatado al sector financiero español mediante la inyección de 37.000 millones de euros, parece lógico pensar que se rescate a los ciudadanos con riesgo de perder su vivienda por una insolvencia sobrevenida no dolosa.

Entre las medidas que se sugieren para cambiar la ley de desahucios están modificar los umbrales de ingresos en los que se excluyen los desahucios, buscar alternativas que obliguen a las entidades que han recibido dinero público a través del FROB a colocar parte de su patrimonio inmobiliario en beneficio de personas sin recursos.

Además, se incluyen propuestas como plantear una moratoria de los desahucios, la igualación del valor de subasta del inmueble impagado al de tasación original, la limitación de los intereses de demora y el pacto con la entidad financiera para permanecer en la vivienda mediante el pago de un alquiler de baja cuantía.

Por otra parte, el Ejecutivo considera que la reforma de la ley hipotecaria y, con ello, generalizar la exclusión de desahucios, encarecería los créditos y provocaría una subida de los tipos.

Finalmente, el Gobierno ha limitado la moratoria de los desahucios a los casos más extremos. No supone una modificación de la Ley Hipotecaria ni la de Enjuiciamiento Civil, no contempla la dación en pago ni corrige los intereses de demora. En definitiva, se establece una moratoria de dos años para las personas especialmente vulnerables.

Asimismo, la existencia de un fondo social de viviendas en alquiler para desahuciados no debería demorarse. En este caso, se desconoce su disponibilidad, quiénes podrán beneficiarse de las mismas y el número de viviendas afectadas por este plan.

En definitiva, el decreto ley aprobado debería establecer una regulación eficaz, en aras de frenar la escalada de desahucios producidos en los últimos años. ||