La crisis ha destruido casi cinco mil empresas en L’Hospitalet y el Baix Llobregat entre 2007 y 2012. A finales de 2007, el ecosistema económico en nuestro territorio se acercaba a las 30.400 empresas, mientras que en 2012 descendió a casi 25.500, un 16,11% menos. Una destrucción que ha ido pareja a la de puestos de trabajo. El número de parados supera la cifra de 95.000 en la comarca.
En el resto de España, los datos son aún más arrolladores puesto que se han destruido 1,9 millones de empresas entre 2008 y 2012, más del 99,5% de ellas con menos de 20 asalariados, frente a la creación en el mismo periodo de 1,7 millones de empresas. Si se centra el foco en la actividad juvenil, la situación se vuelve especialmente dramática en este período, ya que el número de empresarios de 15 a 39 años ha registrado una caída de más del 30%.
Ante estos datos, hace cuatro meses se puso en marcha la Ley de Emprendedores, motivada, según el Gobierno, por la necesidad de emprender reformas favorables al crecimiento y la reactivación económica. Su primer artículo es toda una declaración de intenciones: “Esta Ley tiene por objeto apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización”.
La otra cara de la moneda, los autónomos y las pymes, protestan por la falta de sensibilidad de las Administraciones, tanto la estatal como la autonómica y también municipal, ya que consideran que se han adoptado medidas que dificultan la salida de la crisis. El mayor exponente de la queja de los pequeños empresarios ha sido un acto reivindicativo que bajo el lema “Diguem Prou”, ha organizado PIMEC en Barcelona.
Competencias desde la Primaria
En cuanto a la ley, pone en marcha la creación de la “cultura del emprendimiento” que prevé la incorporación de competencias desde la Educación Primaria y durante toda la etapa educativa. Se trata de aprender a emprender desde pequeños, pero también de experimentar, por lo que propone también la creación de “miniempresas” o empresas de estudiantes, herramienta pedagógica para los universitarios donde familiarizarse con el mundo empresarial.
La principal medida adoptada por la ley es el apoyo directo a los nuevos autónomos. Mediante una tarifa plana de 75 euros para todos aquellos ciudadanos que quieran poner en marcha su propio proyecto emprendedor como autónomos por primera vez. La denominada “tarifa plana” permite reducir en un 80% (75 euros) la cuota mínima de autónomos en los primeros seis meses de actividad, un 50% (146 euros) en los siguientes seis, y un 30% (170 euros) los seis posteriores. Entre las medidas fiscales también resalta la creación de la nueva figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL), que permite proteger el patrimonio personal de emprendedor ante las eventuales deudas que pueda generar la actividad empresarial; y la figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, para poder poner en marcha una sociedad sin necesidad de aportar un capital mínimo de 3.000 euros.
En cuanto al entorno normativo, se produce una mejora al agilizar la creación de empresas en un solo tramite y en apenas veinticuatro horas. La ley facilita además, la liquidación de los proyectos fallidos mediante acuerdos extrajudiciales con los acreedores y les ofrece mayor protección, dándoles garantía de una segunda oportunidad.
La ley también establece una nueva deducción del 10% en la cuota del Impuesto de Sociedades para los beneficios de las pymes, lo que supone la creación de un tipo “superreducido” del 15% para aquellas empresas que reinviertan sus ganancias. Para este colectivo se crea un régimen especial, de carácter voluntario, que permitirá evitar el ingreso del impuesto en Hacienda hasta el momento de cobro de la factura.
Permisos de residencia
Gana especial peso, mediante la aprobación de la ley, el apoyo del Gobierno a la expansión de los proyectos así como a la internacionalización. De este modo, La ley compromete a los poderes públicos a prestar asesoramiento a los emprendedores que quieran acceder a los planes de ayuda al emprendimiento de las instituciones internacionales. Además, el Gobierno utiliza el estímulo de los permisos de residencia para atraer inversiones significativas en deuda pública, compra de vivienda o proyectos empresariales. En ese sentido, Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio, ha confirmado en una jornada organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) que después de cuatro meses de la puesta en marcha de la ley, España ha otorgado 661 visados y permisos de residencia vinculados a la Ley de Emprendedores, de los que el 40% corresponden a Cataluña, especialmente al área de Barcelona. Estas peticiones responden a perfiles de directivos de multinacionales o estudiantes extranjeros de escuelas de negocios que deciden crear una empresa en el país al acabar los estudios.
Plataforma “Diguem Prou”
La otra cara de la moneda, los emprendedores y las pymes, han manifestado su protesta por lo que consideran falta de sensibilidad de las Administraciones estatal, autonómica y municipales, y por unas medidas que, a su juicio, dificultan la salida de la crisis. La protesta se materializó en un acto reivindicativo bajo el lema “Diguem Prou” organizado por PIMEC.
En 2007, Cataluña contaba con 535.000 pymes que empleaban a más de dos millones de personas mientras que en la actualidad existen tan solo 470.000 con cerca de 1.650.000 trabajadores. Tal y como afirma Josep González, presidente de Pimec, “en el largo camino de la crisis hemos perdido más de 65.000 pymes, 80.000 autónomos y más de 350.000 puestos de trabajo en Cataluña”, una mortalidad que es proporcional también al resto de España. Con tales datos, y mostrando el descontento por las medidas aprobadas en la nueva Ley de Emprendedores, la patronal ha aprobado un manifiesto confeccionado a partir de más de 300 propuestas empresariales con el objetivo de sensibilizar al Gobierno de España y al de la Generalitat para que tomen conciencia de que las medidas aprobadas impiden generar empleo y frenan el progreso del país.
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