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Juristas al pairo

Artículo publicado el 31/10/2007 en ABC

Por X. Pérez Llorca
miércoles 31 de octubre de 2007, 17:08h
La imagen captada por las cámaras de seguridad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), no deja lugar a dudas: el individuo que el pasado siete de octubre agredió a una menor ecuatoriana que viajaba entre Plaza España y Martorell, se comportó como un indeseable.
Este suceso nos alerta de que crece entre nosotros la xenofobia. También nos sugiere algunas reflexiones; una primera, positiva: los trenes de FGC, que a diferencia de los de cercanías de RENFE tienen megafonía en los vagones, también cuentan con cámaras de seguridad; útiles para disuadir a gamberros ó para identificar a los más descerebrados. Con independencia de eso, ¿cómo han llegado esas imágenes al público?; ¿quién las ha facilitado?. No me parece probable que haya sido una ligereza de FGC, que debió entregarlas exclusivamente a la policía judicial; ni del Juzgado que las recibió, ya que constituyen una prueba de la instrucción. Sería ilustrativo saber quien y porqué las filtró a la prensa.

Vistas las imágenes en todas las cadenas de televisión, se produce una indignación popular, comprensible. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa , de gira por Europa, preocupado por el incidente, envió a su ministro de exteriores a Madrid, expresamente, para interesarse por el asunto y contratar a un prestigioso penalista que ya está defendiendo los intereses de la víctima. Una vez televisada la agresión, las reacciones se multiplican y los informadores se preguntan como puede ser que un energúmeno similar no esté ya en la cárcel. Para sorpresa de los alarmados, el juez instructor , tras tomarle declaración, lo dejó en libertad, con cargos; es decir, está pendiente de ir a juicio, pero el juez no adoptó la medida cautelar de ordenar su ingreso en prisión.

A partir de esta decisión judicial se han sucedido una serie de declaraciones desalentadoras. Entiendo que cualquier persona ajena al mundo del Derecho se alarme ante el hecho de que un sujeto como este agresor no esté ya en la cárcel; pero me cuesta comprender, porqué personalidades del mundo judicial, empezando por el propio ministro de justicia, critican al juez instructor. El agresor está en libertad porque todo juez debe respetar los mandatos constitucionales de presunción de inocencia (que desvirtuará ó no el juicio) y el derecho a la libertad. Está en libertad porque antes de adoptar esa decisión cautelar, la victima, que no acredito parte de lesiones, no pidió el ingreso en prisión del agresor y el fiscal ni tan siquiera asistió a la declaración. La ausencia del fiscal, también ha sido motivo de mucho desgarro de vestiduras; a propósito de ello sería interesante que el Ministerio informase sobre cuál es el porcentaje de diligencias penales en las que está presente el fiscal en juzgados como los de Sant Boi. Veríamos entonces que lo sucedido no es algo extraordinario, si no frecuente. No es razonable que la ausencia de fiscal, se pretenda justificar como un hecho insólito, achacable a los funcionarios de la oficina judicial ó a un juez que ha tenido la honradez profesional de dictar su resolución respetando la Ley, cuando lo fácil era dictar sus medidas, al pairo de los medios de comunicación. En democracia, hasta los indeseables tienen derechos; y es obligación de todo jurista demócrata saber explicarlo.

X. Pérez Llorca
Abogado y editor de EL LLOBREGAT.

Artículo publicado el 31 de Octubre de 2007
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