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Pobreza energética

miércoles 19 de noviembre de 2014, 21:10h
Un estudio reciente de la Taula del Tercer Sector a Catalunya, plataforma que agrupa a la mayoría de entidades sociales del país, constata que un 10,9% de los hogares catalanes no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, un porcentaje que es el doble de los que había en el 2007 antes del inicio de la crisis económica.
Cáritas, por su parte, destaca que un 58% de la población que atiende vive en hogares en los que no pueden permitirse encender la calefacción. Desde diferentes puntos de partida, los dos estudios muestran la relevancia del fenómeno de la pobreza energética, que engloba a aquellas personas que carecen de recursos económicos para pagar las facturas de los suministros de agua, gas y electricidad.

Todos tenemos muy claro cómo distorsiona nuestro día a día la ausencia de alguna de estas tres fuentes de energía, hasta el punto que garantizar el acceso es un derecho esencial que recoge el propio Estatut de Catalunya cuando establece, en el artículo 30, que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos y a los servicios económicos de interés general y que corresponde a la administraciones públicas fijar las condiciones de acceso y los estándares de calidad de estos servicios, con independencia de quien los preste.

La llegada del invierno hace aflorar con mayor nitidez la problemática cómo han puesto de relieve recientemente las entidades sociales. Un hogar sin calefacción afecta a la calidad de vida de las personas que lo integran, afecta la salud de los enfermos y de la gente mayor más sensible a los cambios de temperatura e incide en el rendimiento escolar de los menores porqué les reduce la capacidad de concentración, por enumerar algunas de las consecuencias de la falta de suministro eléctrico. Y lo mismo ocurre con el gas, vital para cocinar. Desde la Generalitat se ha dado un primer paso para minimizar el impacto de estas carencias, a través de un decreto que establece una moratoria entre los meses de noviembre a marzo en el pago de las facturas de gas y electricidad para personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad. Es una primera iniciativa que el Tribunal Constitucional ha rechazado, pero que servía para abordar un problema que con la persistencia de la crisis económica se vuelve más acuciante y que se suma a las ayudas que ofrecen los municipios para atender los casos de extrema necesidad que atienden sus servicios sociales. Conviene, sin embargo, insistir en que el decreto del Govern, que en un afán recentralizador el gobierno del PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias básicas del Estado, es aún una alternativa demasiado tímida y de eficacia limitada, a la espera de que en un futuro se adopten otras medidas para frenar el impacto de la pobreza energética.

El Ayuntamiento de Cornellà destinó en el 2013 más de 50.000 euros a pagar facturas para evitar cortes en el suministro energético, una cifra que duplicó la del 2012. La tendencia para este año se mantiene.

El Síndic de Greuges se propone hacer un seguimiento específico de esta problemática, promoviendo vías de trabajo que pasen por una mayor coordinación entre los servicios sociales y las compañías. El objetivo: blindar el derecho de las familias en situación de vulnerabilidad económica al suministro de gas y electricidad.
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