La Masía de Can Maginàs, en Sant Feliu de Llobregat, ha vuelto a ser escenario –como ya es tradicional- del encuentro de alcaldes que organiza la patronal PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet para trasladar algunas de las inquietudes que afectan a la pequeña y mediana empresa y autónomos. En este sentido, la octava jornada ha servido para poner sobre la mesa, fundamentalmente, dos cuestiones: la escasa contratación pública de pymes por parte de la administración local y el peligro de colapso en materia de infraestructuras.
Según datos oficiales de la Generalitat, ofrecidos durante la ponencia de Natividad Pintado, vocal de PIMEC Baix Llobregat-LHospitalet, tan solo el 60% de las contrataciones públicas que realizan las administraciones públicas son en beneficio de una pequeña o mediana empresa. Si ya este tanto por ciento difiere en unos 30 puntos del 90% de cuota que ocupan las pymes en relación con el tejido empresarial, la cuestión aún es más grave si el valor económico que se destina a las pymes representa el 40%. Es decir, que en una gran parte las adjudicaciones son contratos menores, mientras que la mayor parte se la queda la gran empresa.
Con el objetivo, pues, de “aumentar el peso de las pymes en la contratación pública”, la territorial baixllobregatense ha planteado medidas como, según Pintado, sacar los concursos públicos en forma de lotes; no endurecer los criterios de solvencia técnica y económica; establecer criterios de adjudicación razonables y no basarlos estrictamente en el precio, como es habitual, entre otras. Así, pues, PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet ha dado la opción a establecer mesas bilaterales de trabajo con los ayuntamientos; propuesta que ha sido bien recibida por algunos representantes locales para tratar las bases técnicas y económicas que puedan promover la contratación pública de las pymes.
Peligro de colapso
La segunda de las principales demandas que han centrado el octavo encuentro de alcaldes con PIMEC tiene que ver con la parálisis que el territorio sufre en relación con innumerables infraestructuras y el peligro de colapso evidente que hay. Prueba de ello es que con un aumento del 3% de la movilidad se dan un 28% de congestiones más en nuestras carreteras.
Mientras que la parte negativa es, evidentemente, esta afectación desproporcionada; la positiva, según ha explicado Joan Soler, vicepresidente de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet, es que con algunas medidas concretas se podría resolver esta problemática. Y es que, según la patronal, nuestras carreteras podrían volver a la situación previa a 2006, en donde el colapso era aún más grave que ahora. Actualmente, según datos del RACC, se pierden unas 52.000 horas al año por el tráfico de nuestras vías, algo que representa una pérdida de 138 millones de euros anuales; un 0,1% del PIB catalán.
Para resolverlo, la patronal ha invitado a Fomento a acabar las obras pendientes como el enlace de la A-2 y la AP-7, a la altura de Sant Andreu de la Barca; la B-24 de Vallirana, el Cuarto Cinturón o la histórica variante de la C-245. Desde el punto de vista ferroviario, entre otras infraestructuras, ha pedido llevar a cabo definitivamente el Plan de Rodalies y la conexión con el Aeropuerto de El Prat, así como los accesos al Port de Barcelona. Y es que, según las estadísticas, en relación con la movilidad de mercancías, tan solo un 4% -y bajando- se transportan por la red ferroviaria, cuando en países como en Francia es del 20%. En este sentido, han reclamado que se llegue a un 10% en 2026 con el objetivo de descongestionar la red viaria con menos transporte logístico.
Además, la patronal ha defendido potenciar el uso compartido del vehículo privado; mejorar y hacer competitivo el transporte público; favorecer el uso de la bicicleta y potenciar la intermodalidad de las estaciones, sobre todo, en las zonas menos densas.
Sin compromiso a nivel comarcal
A parte de estos dos bloques, PIMEC ha trasladado diferentes propuestas que, por otro lado, ya son habituales. Mancomunar a nivel comarcal los servicios a través de Promoción Económica; unificar las subvenciones a la contratación de los trabajadores; o crear una bolsa de empleo comarcal. Sin embargo, prima todavía excesivamente el espíritu local. De hecho, tal y como ha asegurado Ramon Pons, presidente de PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet, han contado con una buena predisposición por parte de los gobiernos locales, pero no han conseguido el compromiso para llevar a cabo estas medidas.
A parte de estas, en lo estrictamente económico, la patronal ha propuesto mancomunar servicios para evitar gastos; unificar agendas en el ámbito comarcal; suprimir el impuesto de inicio de actividades o aceptar el pago una vez la actividad lleve unos meses en funcionamiento; subir el mínimo exento para las empresas en relación al IAE y bonificar las mejoras energéticas en el impuesto de apertura.
Si (
No(
