Los lunes al secuestro

Los lunes en Barcelona se han convertido en sinónimo de apretujones en los andenes y hasta peligro físico de que ocurra algún accidente para los 1.269.000 viajeros que usan el Metro, amén de esperas interminables que redundan en impuntualidad a la llegada al trabajo o a sus obligaciones, por no hablar de nervios y acalorados sudores. Cada lunes desde hace once, los 3.634 trabajadores del suburbano ponen contra las cuerdas a toda el área metropolitana de Barcelona. Lo peor de este conflicto es que no se ve solución después de 70 sesiones de negociación y un sinfín más de reuniones de mediación de un convenio colectivo al que constantemente se le añaden reivindicaciones. Hasta el punto de que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado esta semana más implicación a las autoridades laborales y de movilidad de Cataluña.

Efectivamente, la autoridad laboral de Cataluña que encarna la consellera Dolors Bassa, titular de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, mantiene unos servicios mínimos que son exactamente la mitad de los decretados en las últimas huelgas del Metro de Madrid: en las horas punta en Barcelona circulan el 40% de los trenes y en las de noche el 20%, mientras que en la capital española los servicios mínimos eran del 80-40. Este cronista no le ha oído a la consellera Bassa ni media palabra sobre el principal conflicto laboral que afecta a Cataluña. También el Sindic de Greuges ha pedido a Dolors Bassa un laudo de obligado cumplimiento a las partes para atajar este conflicto sin fin y reclama más compromiso al conseller Josep Rull, titular de Territorio y Sostenibilidad como responsable último de la movilidad, a quien tampoco este cronista le ha escuchado decir ni media palabra sobre las colas en los andenes del Metro de Barcelona durante once lunes, y sin embargo no para de oírle sus constantes quejas por las colas puntuales en el control de pasaportes del aeropuerto que padecen algunos visitantes de fuera de la Unión Europea.

Lo que subyace en el conflicto del Metro que arrastramos en el área metropolitana de Barcelona desde hace años, por no decir décadas, es la necesidad de establecer un equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho de todos los ciudadanos a moverse con libertad y a tener un servicio público esencial. Para que el derecho de unos pocos no se convierta en el perjuicio de una sociedad y que se preserve la convivencia para evitar que se alteren las vidas de los barceloneses.

Binomio desequilibrado

El binomio presión-negociación que está en la base de las relaciones laborales, en el caso de los transportes públicos está descompensado, puesto que la presión ejercida no se limita a la dirección de la empresa y se extiende a toda la ciudad. Cuando los sindicatos convocan huelgas generales, adonde los piquetes van primero es a las cocheras de los transportes públicos porque saben que, parándolos, cortan el riego sanguíneo de la ciudad y, por lo tanto, son mayores las esperanzas de que la protesta sea un éxito.

Los empleados de TMB saben que tienen la sartén por el mango, que su nivel de presión es infinitamente mayor que el de cualquier otro sector. Con ese poder gigantesco, ni se plantean negociar y abogan por un constante trágala a una empresa pública que asiste perpleja a nuevas reivindicaciones conforme les concede cosas. Máxime, desde que ha accedido al poder Ada Colau y la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, procedente de Esquerra Unida i Alternativa. Mientras el líder de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, ha afirmado esta semana que “ha llegado la hora de cerrar” el conflicto laboral del Metro y se ha unido a las peticiones de Ribo de ampliar los servicios mínimos, los líderes del sindicato CGT no van a ceder ni un ápice a sus reivindicaciones ahora que manda la izquierda. Su método es votar a mano alzada todas las decisiones a unas asambleas en las que participan no más de 250 trabajadores del Metro, de forma que una mínima parte de la plantilla somete a la mayoría, que acata los resultados bajo presión o amenaza de los radicales.

Mínimo coste salarial

Como dejó dicho Stan Lee, creador de Spiderman, “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, pero en el caso de los trabajadores del Metro, las consecuencias de su poder son mínimas, ya que los descuentos que se les aplica en sus salarios por mantener en jaque a la ciudad todos los lunes no alcanza ni el coste de una jornada de afectación. Máximo perjuicio con el mínimo coste. Por si no queda claro, en un panfleto de la CGT se argumenta que “los paros parciales en hora punta han demostrado ser la opción más eficiente”, porque parando “dos horas, el servicio se ve perjudicado durante casi todo el día”. Además, “en un mes, con solo 8 horas de paro, habría 4 días de afectación grave al servicio y la presencia en los medios de comunicación sería permanente”.

En el mismo panfleto se puede leer: “Con este tipo de paros, el descuento mensual supone el equivalente a un día de huelga como máximo (si tenemos servicios mínimos o fiesta, menos). Tanto nosotros como la empresa somos conscientes de que podemos alargar estos paros durante meses y creemos que la perspectiva de estar en los medios de comunicación, con la ciudadanía exigiendo una solución durante meses, es una perspectiva que puede asustar, y mucho, a los políticos al mando de la empresa”. La película “Los lunes al sol” de Fernando León de Aranoa, lamentablemente se ha convertido para los barceloneses en los lunes al secuestro. Está claro que necesitamos un gobierno que acuda en auxilio de sus ciudadanos rehenes.