La huella judicial del Baix Llobregat en el 1-O

Tras el llamado choque de trenes –referido a la aprobación en el Parlament de Catalunya de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad- entre Cataluña y España, ha habido otro punto de inflexión en las semanas previas al 1 de octubre: la operación judicial, policial y tecnológica contra la celebración del referéndum el 20 de septiembr.
Una operación que no parte de los movimientos de la Fiscalía para evitar el referéndum, sino de una causa, tal y como destapó el digital eldiario.es, vinculada a una denuncia de VOX y de otra del abogado Miguel Durán en febrero, tras las declaraciones del juez y exsenador republicano Santiago Vidal -que estuvo destinado como juez en Gavà- en las que apuntaba a que la Generalitat habría obtenido datos fiscales de los catalanes de manera ilegal.

Sea como fuere, las casualidades de la vida hacen que varios de los protagonistas tengan o hayan tenido vínculos con el Baix Llobregat o L’Hospitalet. El primero de ellos, el mismo juez titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, quien fue juez de primera instancia del juzgado número 3 de Sant Boi. La ciudad baixllobregatense fue uno de sus primeros destinos con Terrassa y Badalona, partido judicial del que sería más tarde decano. Según explican juristas que coincidieron con él, a Ramírez se le recuerda por su capacidad de poner al día, entonces, el juzgado.

En 2003 pasaría a ocupar el actual puesto, desde el que ordenó los 40 registros de despachos y domicilios de altos cargos de la Generalitat. Ubicado en la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet, a sus 72 años –el Consejo General del Poder Judicial le concedió, en mayo, el retraso de la jubilación-, vuelve a tener en sus manos un tema estrella. Pero no ha sido el único. Todavía en el terreno del debate territorial, Ramírez Sunyer –que fue condecorado en 2016 por Mossos d’Esquadra- aceptó una denuncia del polémico Emilio Rodríguez Menéndez contra el entonces director general de Mossos, Albert Batlle, por no tomar medidas que impidieran las ya habituales pitadas del himno nacional durante la final de la Copa del Rey. Por otro lado, Ramírez Sunyer es protagonista de distintas actuaciones contra representantes de colectivos anarquistas y de ‘okupas’.

Entre las más polémicas, el ingreso provisional en prisión de dos jóvenes, de 18 y 19 años, vecinos de L’Hospitalet, acusados de atacar una comisaría de Sants. Consideró que existía riesgo de fuga y se pasaron dos meses, por los que, luego, tendrían que ser indemnizados. Fue en 2004, y por ello y por otras actuaciones, el juez fue víctima de un ataque con paquete bomba de un grupo anarquista llamado ‘Las Brigadas de la Cólera’ que tuvieron que desactivar agentes especializados.

De Azuaga a Sant Boi

Las operaciones policiales consecuentes de la instrucción de Ramírez Sunyer parten, como decíamos, de una denuncia de VOX y, también, del abogado Miguel Durán, un jurista nacido como muchos vecinos de Sant Boi en la ciudad extremeña de Azuaga –ciudad hermanada-, pero criado en la ciudad baixllobregatense desde los 11 años. Conocido por ser director general de la ONCE entre 1986 y 1993 –es invidente de nacimiento- y presidente de Telecinco (1993-1996), Durán ha estado vinculado a diferentes partidos políticos desde joven. Es conocido que su primera incursión como militante fue con las juventudes del PSUC. Sin embargo, su perfil se ha ido ‘conservandorizando’.

En 1995, ingresó en Unió Democràtica de Catalunya y, de hecho, apuntó a ser cabeza de lista en Sant Boi para las municipales. Sin embargo, la oposición de Convergència –entonces compañera de viaje de Unió en CiU- lo impidió. Algo menos conocido es, según hemos podido saber, que antes simpatizó seriamente con el entorno socialista a partir de los lazos que logró con el PSOE. Más tarde, ya en 2009, Durán pasó a ser cabeza de lista de Ciutadans en las europeas, a través de la coalición del partido con ‘Libertas’, fundada en 2004 para protestar contra el proyecto de Constitución de la Unión Europea. No obtuvo escaño.
Desde entonces, fue habitual verle colaborando como tertuliano en programas conservadores de televisión como el célebre ‘El Gato al Agua’.

L’H, sede del CTITI
Además de los perfiles personales, la operación judicial y tecnológica que han llevado a cabo los cuerpos policiales españoles han tenido dos escenarios clave, ambos en L’Hospitalet. Por un lado, el de la conocida Ciutat de la Justícia; y, por otro, el CTITI, o el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, que tiene sede en la segunda ciudad de Cataluña desde 2008. Ubicados en el polígono Pedrosa, han sido objeto de distintas entradas de la Guardia Civil, incluso, horas antes del referéndum de autodeterminación. III