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El juicio sobre los burdeles Saratoga y Riviera de Castelldefels destapa la mayor corrupción policial

El juicio sobre los burdeles Saratoga y Riviera de Castelldefels destapa la mayor corrupción policial

miércoles 23 de julio de 2014, 13:48h
La fiscalía considera que mandos del Cuerpo Nacional de Policía recibían entre 3.000 y 6.000 euros mensuales.
En el caso de los prostíbulos de la autovía de Castelldefels, la realidad ha superado la ficción de cualquier película de Hollywood. Mandos policiales a sueldo de una organización que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres en una suerte de mafia de trata de blancas que se enriquecían impunemente mientras crecía un imperio de burdeles en nuestra comarca. Los prostíbulos eran conocidos en toda España y a ellos venían en peregrinación los extranjeros que visitaban Barcelona. Desde marzo 2009 permanecen cerrados y el juicio en la Audiencia Provincial que juzga a una veintena de acusados se prolongará por lo menos hasta el mes de enero.

Después, se conocerá la sentencia, pero con los consiguientes recursos ante el Tribunal Supremo, este caso no finalizará hasta dos años más tarde, en el horizonte del 2016. El periodista Pere Ríos, redactor de El País, especialista en información de tribunales durante muchos años, escribe para El Llobregat un detallado informe sobre este caso, el mayor de corrupción policial, y cómo se logró desarticular.

Carmelo Sanz y Raúl Pascual estuvieron unos años pagando dinero a varios mandos policiales para que el prostíbulo Saratoga pudiera seguir funcionando sin problemas en la autovía de Castelldefels. Pero a mediados de 2007 se cansaron de abonar los sobres mensuales y denunciaron los hechos ante el fiscal. Fingieron ser víctimas de la extorsión policial, pero la investigación demostró que en realidad eran cómplices de uno de los mayores entramados de corrupción y explotación sexual descubiertos nunca en Cataluña. Seguramente si no hubiera sido por esa denuncia, jamás habría estallado el llamado caso Riviera y Saratoga que tantas hojas de diario y minutos de informativos ha consumido ya, y los que quedan por venir. El pasado mes de julio empezó en la Audiencia de Barcelona el juicio y se prevé que dure hasta enero. Luego vendrá la sentencia y el recurso ante el Tribunal Supremo, con lo que hay que contar un mínimo de otros dos años más.

Sanz y Pascual se sientan en el banquillo de los acusados, junto a otras 18 personas, que afrontan penas que oscilan entre los 3 y los 44 años de cárcel. Entre ellas, el comisario jefe de la Ucrif del Cuerpo Nacional de Policía Luis Gómez, el inspector jefe de la brigada de Extranjería del cuerpo, Abundio Navas, y el inspector José Javier Martín Pujal, destinado también en esa brigada.

Acusados también tres abogados
Igualmente están acusados tres abogados, dos funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, los propietarios del local Riviera y el ex inspector jefe de la policía Andrés Otero. El caso hace bueno el dicho de que la realidad siempre supera la ficción, pues además del drama de la explotación sexual de las mujeres, tras el asunto se esconden ajustes de cuentas policiales y corruptelas de toda índole. Los dos prostíbulos, situados uno frente al otro en la autovía de Castelldefels, están cerrados desde marzo de 2009 y nada hace pensar que pudieran volver a abrir.

Si hay que poner una fecha de inicio a la trama de corrupción ésta podría ser 2002. Ese año, una redada policial descubrió 22 mujeres en situación irregular y cámaras que grababan a los clientes. El perjuicio económico para los locales fue tremendo y sus propietarios decidieron aceptar el soborno que les venían proponiendo algunos policías. Pagarían para que no se volviese a repetir. De esta manera, la fiscalía considera que varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía empezaron a recibir entre 3.000 y 6.000 euros mensuales de los propietarios de los burdeles, así como regalos de todo tipo para ellos y su familia: relojes de lujo comprados en la joyería Rabat del paseo de Gràcia de Barcelona, viajes de placer para sus esposas y operaciones quirúrgicas para sus hijos.

Confidente destapa el soborno policial

El intermediario entre los dueños de los locales y los policías corruptos fue Manuel Gutiérrez Carbajo, un confidente policial con la vida solucionada y cuya información ha servido también para desmantelar otras redes de corrupción policial, como la banda que robó un contenedor de cocaína en el puerto de Barcelona. Fue él quien explicó el soborno policial ante el fiscal primero, después ante el juez y hace unos días ante la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona que juzga el caso. En su declaración como testigo el pasado 30 de septiembre, el confidente dijo que durante cuatro años presenció entregas mensuales de dinero en sobres -de 6.000 euros cada una- de los dueños del Saratoga a los mandos policiales Luis Gómez y Andrés Otero.

La declaración del confidente fue uno de los momentos más esperados de lo que va de juicio, pues no le temblaron las piernas ni la voz para admitir sin reparos: “Nos íbamos de putas [con los policías] y pagaba yo”. Los abogados defensores intentaron desacreditarle y recordaron que está imputado por tráfico de drogas en otra causa que tramita desde hace años el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, pero el tribual no permitió ahondar en esa senda. Curiosamente, en ese mismo proceso también está imputado Antoni Salleras, el mando de los Mossos d’Esquadra que llevó a cabo la investigación policial del Riviera y Saratoga, en lo que tiene visos de ser una vendetta, pero esa es otra historia.

Traslados antes de las redadas
El caso es que cuando a partir de 2002 se materializó el soborno a los policías, nunca más volvieron a encontrarse en los burdeles a mujeres en situación irregular o menores. Pero no porque no las hubiera, sino porque cuando llegaban los coches patrulla a los locales solo encontraban prostitutas con los papeles en regla. Las demás habían sido evacuadas. “Los taxistas y los policías se llevaban a las chicas a otro club y a pisos que tenían alquilados en Castelldefels”, explicó Gutiérrez Carbajo en el juicio. En otras ocasiones, y si no daba tiempo a más, las mujeres eran escondidas en habitaciones que quedaban protegidas de las redadas policiales y de la inspección de trabajo porque las puertas no se podían abrir desde el exterior, según declaró una empleada de la limpieza del Saratoga durante la investigación judicial.Sin embargo, algo empezó a cambiar en noviembre de 2005, cuando se produjo el relevo del Cuerpo Nacional de Policía por los Mossos d’Esquadra como policía ordinaria. El inspector del cuerpo estatal Martín Pujal, fue nombrado jefe de la lucha contra la inmigración ilegal y, cumpliendo con su trabajo, un día se presentó en el Riviera. Descubrió a 15 prostitutas en situación irregular y a una menor, pero su jefe, el inspector Abundio Navas, no le felicitó, sino que le pidió que solo detuviera al director de la sala y lo dejase en libertad al día siguiente.

Policía que también aspira a cobrar
Martín Pujal pidió explicaciones y la respuesta que obtuvo es que no volviera a poner los pies en el Riviera. Y así fue, pero ocho días más tarde realizó otra redada en el Saratoga, donde no encontró a ninguna mujer en situación irregular porque una hora antes se habían marchado, según el relato del fiscal. El comisario Luis Gómez, que también se sienta en el banquillo, acabó de convencer al inspector para que mirase para otro lado y Martín Pujal no solo le hizo caso, sino que cambió de bando y decidió que sería él quien movería los hilos de la red corrupta. Al menos esa es la tesis del fiscal.A partir de 2006, Marín Pujal adoptó el alias de Jordi y se puso en contacto con los tres abogados que se sientan en el banquillo para que hicieran de intermediarios con los dueños de los prostíbulos y, de esa manera, recibir él también los sobres mensuales. Uno de esos letrados es Fernando Martínez, presidente de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno y exsecretario de organización del PP de Barcelona. Es el abogado que en los últimos años ha presentado varias querellas contra José Montilla, contra su sucesor en la alcaldía de Cornellà, Antonio Balmón y contra otros funcionarios municipales por diversos motivos relacionados con locales nocturnos de esa ciudad. Todas las causas acabaron archivadas.

Grabación como prueba de cargo
Y en ese proceso evolutivo fue cuando en junio de 2007 Jordi se reunió en el hotel Plaza de Barcelona con los dueños del Saratoga y, después de una negociación, pactaron que recibiría 3.000 euros mensuales. La conversación fue grabada y es una prueba de cargo. Como los empresarios habían denunciado los hechos, la Guardia Civil montó un dispositivo el día de la entrega del dinero. Jordi llegó conduciendo un Renault Megane propiedad del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), cogió el dinero de encima de la mesa en la que habían quedado y se marchó. En la puerta le estaban esperando y al saber que estaba detenido intentó darse a la fuga, pero no lo logró.

Jordi negó los sobornos el pasado 16 de septiembre, cuando declaró ante el tribunal. “Me infiltré para saber qué jefes cobraban de los prostíbulos”, dijo a modo exculpatorio y para rebatir la tesis del fiscal. Durante su declaración se le pasó la grabación del encuentro que mantuvo con los dueños del Saratoga en la que se le oye cómo pide “la mitad” de lo que cobraban sus jefes corruptos. También se escucha cómo negocia con los empresarios la cantidad que percibirá, algo que para el acusado tampoco es lo que parece. “Si coges lo primero que te dan, pueden recelar de ti”, dijo el inspector a los jueces.

Los dueños admiten regalos
Los dueños de los prostíbulos, por el contrario, centraron sus dardos sobre Jordi el día que declararon y exculparon al resto de policías que se sientan en el banquillo. Los empresarios negaron que pidieran a los policías información sobre las redadas. Admitieron que hicieron regalos a los mandos del CNP, pero solo fueron botellas de vino, jamones o quesos, precisaron “No me iba a sentir comprado por un jamón”, declaró Abundio Navas. Antonio Herrero, propietario del Riviera sí admitió ante el tribunal que pagó de su bolsillo una consulta al psiquiatra para el hijo del Luis Gómez, que sufría una adicción a la cocaína y que empleó a otros dos en sus empresas de seguridad. El acusado también reconoció que, como dueño de una decena de burdeles, mantenía contactos con altos mandos de cuerpos policiales de toda España. Los sobornos continuaron hasta 2008, pero la denuncia en la fiscalía sirvió para que se abriera una investigación judicial. Cuando estaba avanzada, la juez dio la orden de actuar y los Mossos d’Esquadra entraron en los prostíbulos a primeros de marzo de 2009. Encontraron 52 mujeres en el Saratoga y 154 en el Riviera, aunque la cifra total de prostitutas a lo largo del día era muy superior. La mayoría estaban en situación irregular y una docena eran menores de edad.

Este fue el principio de la investigación judicial y el final de los locales, que nunca más han vuelto a abrir.

Una ristra de delitos

Favorecimiento de la prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechamiento de información privilegiada, falsificación de documentos oficiales, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos.

Esa es la ristra de delitos que imputa el fiscal a los 20 acusados que estarán en el banquillo hasta el mes de enero. De todos ellos, el que afronta una pena mayor es el inspector de policía José Javier Martín Pujal, para quien el fiscal solicita 44 años de cárcel y otros 22 años para su superior, Abundio Navas, inspector jefe de la brigada de Extranjería. El comisario jefe Luis Gómez afronta una petición de 17 años de cárcel y el inspector Andrés Otero otra de 14.

Estructura jerárquica
Se estructuraron jerárquicamente “asumiendo la jefatura del núcleo” los policías Gómez y Otero, dice el fiscal en su escrito de acusación, quienes negociaban con los encargados de los prostíbulos Antonio Herrero y Raúl Pascual pasarles información a cambio de dinero, que cobraban en efectivo y en especies. El fiscal pide para Herrero 15 años de cárcel y 18 para Pascual.

Para otros dos propietarios y tres encargados de los macroprostíbulos el fiscal reclama de 7 a 17 años, dependiendo de los delitos. Los abogados Fernando Martínez, Álex Garberí
y Carlos C. afrontan penas de entre 5 y 20 años de prisión. En el banquillo se sientan también el inspector de los servicios técnicos del Eixample Manuel M., para quien el fiscal reclama
19 años, por avisar de inspecciones administrativas a burdeles de Barcelona que eran propiedad de los empresarios del Riviera y Saratoga. Por ese mismo motivo también está acusado el ingeniero industrial Joaquín Quílez, igualmente funcionario municipal, a quien el fiscal le pide 20 años

“Tratadas como animales de carga”

Las mujeres que ejercían la prostitución en el Riviera y el Saratoga eran tratadas “como verdaderos animales de carga, atentando contra los más elementales principios de la dignidad
humana”. Eso es lo que relataba el fiscal en un escrito fechado en 2009 a la juez que investigó el caso después de que los Mossos d’Esquadra irrumpiesen en los prostíbulos. Un médico les suministraba hormonas y vitaminas “para que trabajen más y mejor”, en jornadas de 11 horas diarias que se iniciaban a las cinco de la tarde y finalizaban a las cuatro de la madrugada.

Sin redadas los fines de semana
Los pagos que supuestamente recibían los mandos policiales permitían a los dueños de los prostíbulos poner sus condiciones. O al menos, sugerirlas. Así, los propietarios instaron a los agentes a evitar inspecciones en los momentos de más trabajo, como las noches de fin de semana, para evitar así pérdidas económicas, según explicó la juez instructora en el auto que puso fin a la investigación, y en el que también se insiste en el “férreo control” que se ejercía sobre las mujeres.

El tribunal preguntó al confidente Gutiérrez Carbajo cómo funcionaban los prostíbulos y el testigo respondió: “como cualquier otro club”.

Es decir, el cliente pactaba el precio con la mujer en función de la habitación y la clase de alcohol que se consumía. Y también detalló que cada seis meses llegaban mujeres nuevas.
“Los clientes se cansan de ver a la misma siempre”, precisó.

Pere Rios||
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