Las instituciones “se ponen las pilas” contra la pobreza energética

“Primero paga la luz para que no te la corten y después mandaremos a un técnico para que solucione tu problema”. Estas fueron las palabras que Endesa dedicó a Fátima Elbakkali, una víctima de la pobreza energética residente en el barrio Cinco Rosas de Sant Boi. La afectada alega que como no podía pagar las facturas de septiembre y octubre, en noviembre “me cortaron la luz” como ya hicieron en agosto de 2015.

Con dos hijas a su cargo y una ayuda mensual de 650 euros, Fátima ha vuelto a sufrir las consecuencias del impago de una factura. La consecuencia es que Endesa la ha dejado a ciegas en su casa en dos ocasiones. La última vez, el apagón duró cuatro días. De hecho, “lo hemos pasado muy mal porque no funcionaba ni la nevera ni nada y las niñas tenían miedo a la oscuridad”, apunta la damnificada. Tuvo que encender velas en las habitaciones para “tranquilizar a mis hijas” porque a partir de las 6 de la tarde ya es de noche.

Endesa, la peor
El portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) de Sant Boi, Ángel López, denuncia que cada día llegan más y más casos de cortes de suministros, sobre todo de Endesa, que a su juicio “es la compañía que peor se está portando”. En ese sentido, opina que la empresa “no está cumpliendo la Ley 24/2015”, una medida creada y aprobada el 6 de agosto pasado tras los trabajos del Grupo Promotor (Observatorio DESC, APE y Plataforma de Afectados por la Hipoteca) con la que se intenta proteger y defender a las familias vulnerables que no pueden hacer frente a los recibos.

Los gastos de Fátima superan a sus ingresos. Sólo el alquiler del piso asciende a 450 euros al mes y a dicha cifra deben sumarse otros pagos fijos como luz, agua, gas y distintos servicios y productos de primera necesidad. Ante su desesperada situación, la afectada acudió a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sant Boi en busca de amparo. Según Fátima, “tuvieron que cortarme la electricidad para ponerse manos a la obra”, momento en que los servicios municipales le concedieron una ayuda económica de 450 euros para liquidar las facturas atrasadas y otro auxilio de vulnerabilidad para que la administración hiciera frente directamente el recibo de la luz.

Desconocimiento
Desde la plataforma contra la pobreza energética avecinan que “vamos a peor”, porque uno de los inconvenientes es la falta de formación de los trabajadores sociales. Ángel López constata que “han de ponerse las pilas y enterarse un poco sobre cómo funciona esta Ley 24/2015 para ayudar a los más necesitados”, puesto que gran parte de los asistentes sociales desconocen los subsidios que ofrece la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el AMB. A muchos “no les han informado hasta el momento en que nosotros hacemos reuniones con los empleados sociales de los Ayuntamientos”, añade el portavoz de la APE.

Los logros conseguidos por las asociaciones que luchan, día a día, para que no se prive a un ciudadano de corriente eléctrica, gas y agua son numerosos. Pero sin la colaboración de las instituciones públicas, el esfuerzo no resuelve la problemática. En este sentido, Grupo Promotor ha firmado un acuerdo con la Generalitat con el fin de realizar talleres dirigidos a los servicios sociales. El objetivo no es otro que formar a estos empleados públicos para que sepan cómo aplicar la Ley 24/2015 y qué hacer cuando les llega un afectado.

Orientación
Muchas personas desconocen que sufren una situación de vulnerabilidad y otras, simplemente, lo ocultan porque representa un momento embarazo para ellos. Sin embargo, aquí es donde los servicios sociales han de actuar y descubrir, mediante filtros, si esta persona necesita realmente auxilio y, en caso afirmativo, ofrecerle todas las herramientas que tiene a su alcance.

Ángel narra el caso de una familia que estuvo un año sin luz y “la asistenta lo sabía, pero en teoría no podía hacer nada”. Todo empezó cuando Endesa envío un instalador oficial a que firmará el boletín conforme el contador estaba en perfecto estado. No obstante, el técnico no vio claro su mantenimiento y le dijo a la familia que es el propietario quien debe encargarse de actualizarlo. El dueño de la casa no pudo costearse la instalación de un nuevo contador y fue entonces cuando les cortaron la luz. Según el vocal de la APE, “Endesa ha tardado 10 meses en ponerles un contador nuevo”, del que se ha hecho cargo el Ayuntamiento asumiendo un pago de 3.000 euros para que esta familia, integrada por una pareja, sus dos hijos y un nieto, tuvieran por fin luz.

Angel López afirma que, además de los talleres, cada miércoles se reúnen en asamblea más de 50 personas, junto a la APE de la ciudad condal. En estas reuniones, los afectados “nos cuentan su caso y nosotros, desde la experiencia, les intentamos dar una solución”. También organizan protestas ante las puertas de las multinacionales eléctricas, como Endesa, y “en ese momento es cuando responden”.

En general, “las instituciones públicas se están poniendo las pilas” a través de la presión que hacen las asociaciones contra la pobreza energética, según informa el portavoz de APE. Un ejemplo es el programa plurianual que aprobó la Área Metropolitana de Barcelona en diciembre del 2014 y que se puso en funcionamiento el año pasado con el fin de dar una respuesta real a los cortes de suministros de agua y energéticos por falta de ingresos.

La AMB concertó dicho proyecto con los ayuntamientos metropolitanos y con empresas distribuidoras de gas, agua y electricidad. Un total de 35 municipios ya se han sumado al plan. El programa empezó su andadura con un fondo de cinco millones de euros, de los que se llevan gastados 700.000 euros hasta diciembre del año pasado. Según fuentes de la AMB, el proyecto sigue abierto hasta que se agote el capital presupuestado. Aguas de Barcelona, Endesa, Gas Natural, Sorea, Aqualia, Aguas del Prat, Sabemsa, UTE Aguas SVH, Aguas de Cataluña e Iberdrola son las compañías que participan en este programa social.

Campaña en L’H
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha iniciado una campaña sobre la pobreza energética para informar a los ciudadanos sobre las ayudas. Hasta el momento, se han celebrado charlas en nueve casales de gente mayor y se han distribuido unos 15.000 folletos informativos para comunicar a los hospitalenses los criterios necesarios para optar a esta ayuda. A estos coloquios han asistido unas 190 personas, interesadas en todo lo relativo a las facturas de suministros y las medidas prácticas para reducir el coste de los recibos. Porque ese subsidio se destina principalmente a ciudadanos que tienen más de 60 años y son perceptores de una pensión mínima o bien sufren una incapacidad de pago. Pero también va dirigido a aquellas familias cuyos integrantes están en el paro.

La Diputación se une
Por su parte, la Diputación de Barcelona ha puesto su granito de arena en esta emergencia social, ya que un 10,9% de los hogares catalanes no pueden mantener su vivienda en una temperatura adecuada. Con la llegada del invierno y el frío, la institución ha anunciado una inversión de 500.000 euros para luchar contra este problema social e intervenir en unas 1.600 casas que están en riesgo de pobreza energética.

Se trata de ofrecer la posibilidad de hacer auditorias en hogares que sufren los indeseables cortes de luz, gas y agua con el fin de garantizar una solución integra para los más necesitados. Tras el éxito de las pruebas piloto que se realizaron en octubre del pasado año en localidades como Cornellà, la Diputación de Barcelona prevé ahora intervenir en las casas que estén en riesgo de pobreza energética para instalarles bombillas de bajo consumo, entre otros servicios gratuitos.

El proyecto pasa también por elaborar un informe que detalle la magnitud de esta problemática en la provincia de Barcelona, al mismo tiempo que se ofrecerá a los municipios información sobre cómo hacer un consumo responsable de la energía para reducir gastos. Para realizar este estudio, la institución provincial prevé encuestar a expertos y a algunos residentes de todos los municipios de la demarcación barcelonesa. Además, se analizarán las experiencias locales e internacionales para aplicarlas en el territorio y organizar talleres de debate entre las diferentes administraciones y empresas. III