Europa atraviesa un momento crítico, el intenso calendario electoral de 2017 además de las negociaciones del “brexit”, pondrán de nuevo a prueba la estabilidad del proyecto europeo.
La Unión Europea no sólo ha perdido uno de sus miembros, el Reino Unido, sino que los socios que la integran han sido incapaces de resolver las diferentes crisis que asolan el continente, fundamentalmente la económica, bancaria, de seguridad y migratoria.
En sus relaciones exteriores tiene que lidiar con rivales y aliados más complejos, caracterizados por políticas proteccionistas y de aparente aislamiento internacional, como EE.UU. y Rusia. Asimismo, los diferentes compromisos electorales en Holanda, Alemania y Francia, al que puede sumarse Italia en este año, determinarán la solidez del proyecto comunitario que cumple sesenta años del Tratado de Roma, su documento fundacional. Esas citas con las urnas se traducirán en un referéndum sobre la Unión Europea, dado que las fuerzas populistas se han aprovechado de las carencias estructurales del proyecto europeo.
En cuanto a las prioridades establecidas el pasado diciembre por los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo existía unanimidad, ya que las mismas se basaban en el impulso del empleo, el fortalecimiento de la dimensión social de la UE, el crecimiento y la inversión, continuar con la reforma de la política migratoria y reforzar las medidas de seguridad. A pesar de los objetivos marcados, éstos no resuelven las debilidades de Europa como son la necesidad de completar su unión económica y monetaria, con la consiguiente unión fiscal que llevaría aparejada y, además, una verdadera unión política.
A pesar de que los países miembros son conocedores de la agenda primordial que se precisa acometer, no existe una profunda voluntad política para acometer dichos cambios, que resultan ineludibles. Así, Alemania se opone a implementar las reformas estructurales necesarias, hasta que los socios del sur no se sometan a una disciplina común más severa.
A ello se oponen esos miembros, entre los que se encuentra nuestro país, sometidos a un excesivo rigor presupuestario impuesto desde Bruselas en los últimos años.
En general, ningún Gobierno nacional se muestra favorable a adoptar medidas que comporten una transferencia de poderes fuera de sus fronteras. En cuanto a las propuestas destacadas por el Ejecutivo comunitario para 2017 se plantean la creación de un marco presupuestario que refuerce los recursos propios de la UE, medidas para suprimir las trabas existentes en el mercado único, revisiones para reducir las emisiones de vehículos, iniciativas para reforzar los derechos sociales orientadas también a mejorar la vida laboral y privada, y la creación de una lista negra de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal.
El rechazo mostrado hacia el proceso integrador europeo por los partidos populistas no permitirá ningún avance hasta que concluya el ciclo electoral con las elecciones alemanas a celebrar en otoño.
El proyecto europeo debe ser ambicioso, centrándose en recuperar la ilusión de sus ciudadanos como eje vertebrador para evitar la pérdida de más apoyos, procurándoles bienestar y paz, para evitar las desigualdades económicas, sociales y laborales que se materializan entre los estados miembros. III