Los dos ayuntamientos buscan una respuesta de la Generalitat desde el año 2016, cuando firmaron un acta de disconformidad al no estar de acuerdo con la división territorial que proponían ambas partes, respectivamente. Tras seis años sin respuesta, si la Comisión no se pronuncia al respecto, el Ayuntamiento de Cornellà ha anunciado que llevará el caso a los tribunales de justicia, interponiendo un contencioso administrativo.
A principios del siglo pasado, el río Llobregat funcionaba como línea divisoria entre Cornellà y el Prat. La presencia de un meandro en la zona limítrofe entre ambos municipios, denominada La Plana del Galet, provocaba inundaciones constantes. Con el fin de acabar con estas inundaciones y en vistas a convertir el terreno en urbanizable, durante los años 70, se modificó el curso del río hacia el sur, pero manteniendo los términos municipales que había hasta el momento.
Actualmente, Cornellà reclama a El Prat el terreno de la Plana del Galet, en los que se encuentran el centro comercial Splau y el estadio del Espanyol, que quedan divididos entre los dos municipios. Cornellà considera que el término municipal debe establecerse en función del curso actual del río Llobregat, mientras que El Prat sostiene que el límite no debe modificarse y que, por tanto, debe tener en cuenta el antiguo curso del río.
De cambiarse la línea de delimitación, Cornellà pasaría a tener el control de unas 50 hectáreas de terreno, que actualmente están bajo el dominio de El Prat, y se haría con la totalidad del centro comercial Splau y del estadio de fútbol. El desacuerdo entre Cornellà y el Prat por la delimitación de sus términos municipales se traduce en una lucha por el control económico del área. Con la división actual, Cornellà se lleva la recaudación de las actividades económicas que genera el estadio del Espanyol, tanto con la actividad deportiva como a través de la tienda del club, ya que la sede social del equipo se encuentra en el municipio cornellanense. Sin embargo, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) queda repartido entre los dos municipios, puesto que el estadio se divide entre las dos localidades. A su vez, el Prat también recauda los impuestos de todas las tiendas del centro comercial Splau, mientras que Cornellà no recibe ningún ingreso por el establecimiento. Con todo esto, si la delimitación territorial pasara a ser la propuesta por el Ayuntamiento de Cornellà, sería este municipio el que controlara la recaudación de los dos espacios de forma íntegra.
Para el Ayuntamiento de Cornellà la cuestión es sencilla y se apoya en la ley para defender su postura. El municipio sostiene que, en base a la legislación, para poder disponer de unos terrenos situados en un término municipal hay que tener acceso directo a ellos. Según el teniente de alcalde y Responsable de Política Territorial y Seguridad, Antonio Martínez Flor, esta situación no se da entre El Prat y la Plana del Galet, y asegura que para acceder al Splau o al estadio del Espanyol desde El Prat hay que pasar por Cornellà. “Los pratenses solo tienen acceso desde la rotonda que entra de la A-2, que es propiedad de Cornellà. Si el Ayuntamiento de Cornellà decide cortarla, por los motivos que sea, ¿cómo accederían desde el Prat?”.
Otro de los motivos que lleva al Ayuntamiento a solicitar que el término municipal se modifique es que afirman que los servicios que se desarrollan en la zona corren a cargo, mayoritariamente, de Cornellà y no de El Prat. De este modo, la intervención de los cuerpos policiales para controlar el tráfico, los servicios de limpieza o el suministro de alcantarillado, entre otros, los facilita este municipio. Según el teniente de alcalde, toda esta actividad supone unos gastos para el consistorio que no se están viendo compensados. “Si la zona pasara a ser nuestra, simplemente significaría que los servicios que prestas los cobras, porque ahora mismo esto no está sucediendo, ya que gran parte de la recaudación se la lleva el ayuntamiento vecino”.
Problemas de tráfico
Además, para Martínez Flor otro aspecto a tener en cuenta reside en que los ciudadanos del municipio son los que acarrean con las consecuencias directas de lo que sucede en la zona. “Cuando se producen problemas de tráfico los días de partido en el estadio del Espanyol o cuando hay ruido en las inmediaciones del Splau, no van al Ayuntamiento de El Prat a quejarse, sino al nuestro”. Y con esto se demuestra que toda la actividad de la zona está directamente relacionada con Cornellà y no con El Prat, “cuyo núcleo urbano se encuentra a varios quilómetros de este lugar”.
Por su parte, desde el consistorio de El Prat, se acogen a la coherencia para mantener la actual delimitación territorial entre los dos municipios y alegan que el curso del río no puede modificar los límites municipales. Según la teniente de alcalde de Urbanismo, Alba Bou, “no es coherente que haya que ir modificando los términos en función del curso del río, que ha cambiado por la acción del hombre”. Además, recuerdan que en 2004 sucedió una situación similar cuando se desplazó el curso del río Llobregat unos 2,5 quilómetros para permitir la ampliación del Puerto de Barcelona y que, en ningún caso, esto supuso la pérdida de territorio de El Prat en favor de Barcelona.
Asimismo, el Ayuntamiento de El Prat asegura que el municipio se hace cargo de la prestación de varios servicios del sector, como el cuerpo de Policía Local de El Prat que trabaja junto con la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra de Cornellà en los operativos policiales cuando hay partido del Espanyol o cuando hay que acudir ante el aviso de un suceso delictivo acontecido en las inmediaciones del centro comercial o del propio estadio de fútbol.
Por último, desde el municipio pratense se defiende que las consecuencias de la actividad de la zona de la Plana del Galet también recaen sobre el propio municipio, y afirman que cada vez que sucede algún delito afecta negativamente a la imagen que se transmite del municipio, ya que hace aumentar, precisamente, los índices delictivos de El Prat. Con esto, que una región se interponga en la imagen que genera en el municipio al que pertenece traslada, precisamente, la importancia que tiene esta zona sobre El Prat.
Acta de disconformidad
Tras poner en común sus puntos de vista y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para establecer la delimitación de los términos municipales actuales entre Cornellà y El Prat, en 2016 los dos municipios firmaron un acta de disconformidad. Con ello, la decisión pasaba a la Dirección General de la Administración Local de la Generalitat de Cataluña que, a través de una Comisión de Delimitación Territorial, debía redactar un informe, teniendo en cuenta las informaciones recibidas por ambos consistorios, y realizar una propuesta de delimitación territorial al Conseller de Política Territorial para que tomara la decisión final.
Seis años después al inicio de la cuestión, la Comisión todavía no se ha pronunciado y Cornellà y El Prat siguen a la espera de conocer dónde se sitúa el límite territorial entre ambos municipios. Si bien, el Ayuntamiento de Cornellà celebró el pasado mes de marzo un pleno municipal en el que se aprobó, por unanimidad, llevar el caso a los tribunales de justicia, interponiendo un contencioso administrativo, si la Generalitat sigue sin emitir una respuesta.
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