Sin embargo, la realidad actual demuestra justamente lo contrario. España mantiene un sistema fragmentado, desigual y profundamente injusto para miles de alumnos.
El análisis comparativo de la PAU 2025 sigue mostrando grandes diferencias entre comunidades autónomas, ya que cada una aplica criterios y niveles de exigencia distintos. Se confirma así algo que desde hace años viene denunciando el Partido Popular y es que la LOMLOE no ha logrado unificar las pruebas, y esto provoca desigualdad, porque alumnos con la misma nota pueden tener niveles de preparación muy diferentes según dónde hayan realizado la Selectividad.
El estudio también pone de manifiesto que las comunidades autónomas aplican distintos porcentajes de contenidos y utilizan criterios de corrección diferentes según el territorio. Esta situación rompe el principio de igualdad de oportunidades. No puede aceptarse que el esfuerzo de un estudiante valga más o menos según el lugar donde viva. Tampoco es justo que haya comunidades donde resulte más fácil obtener notas altas, que luego permiten al estudiante competir con ventaja en carreras universitarias con notas de corte elevadas, lo que genera una competencia desleal y deteriora la credibilidad del sistema educativo.
La universidad debe seleccionar a los alumnos mejor preparados, no a quienes hayan tenido la suerte de examinarse en una comunidad con pruebas más fáciles o criterios más benevolentes. Por eso, defender una Selectividad común no es una cuestión ideológica, sino de justicia. La igualdad de oportunidades exige que todos los jóvenes españoles sean evaluados con las mismas reglas y el mismo nivel de exigencia.
Por ello, para el Partido Popular, la solución pasa por una EBAU común y homogénea en toda España. No se trata de recentralizar ni de eliminar competencias autonómicas, sino de establecer unas bases comunes que garanticen imparcialidad y rigor académico. Es posible compatibilizar la autonomía educativa con una prueba nacional que comparta los mismos contenidos evaluables, estructuras de examen equivalentes, criterios de corrección homogéneos y niveles similares de dificultad.
La educación debe ser siempre un instrumento de cohesión y no un motivo de agravios territoriales y España necesita un sistema educativo que premie el mérito y el esfuerzo, no las diferencias entre comunidades. III
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