Son nada menos que siete las leyes educativas que se han aprobado en España desde 1978. Al mismo tiempo, sigue abierto el debate sobre la importancia de alcanzar un pacto nacional por la educación. En ciertos sectores de la comunidad educativa se considera complicada la materialización de este pacto.
Sin embargo, resulta evidente considerar que se trata de un acuerdo esencial.
Efectivamente, resulta muy necesario un pacto de Estado de educación, que permita abordar los numerosos problemas presentes en nuestro sistema educativo, y con ello poder escalar puestos en las evaluaciones internacionales. El principal obstáculo para alcanzar dicho pacto radica en que el debate sobre educación en España está marcado por un sesgo ideológico y político que se centra en asuntos colaterales e impide abordar los aspectos más importantes.
Para ello resulta imprescindible que cualquier acuerdo o pacto por la educación recoja las peticiones de todos los agentes implicados, dado que la mejor inversión que puede hacer una sociedad es en educación, pero sin que ésto se convierta en un ámbito de confrontación política. Resulta paradójico comprobar que la educación nunca figura como uno de los principales problemas de los españoles en el CIS. Expertos en la materia consideran que el pacto debería ser impulsado por el Rey o la Presidenta del Congreso de los Diputados porque si lo promueve un partido político, los demás se oponen de forma sistemática.
Entre las medidas fundamentales se debería rebajar el fracaso escolar al diez por ciento como exige la Unión Europea, eliminar la gran distancia que existe entre buenos y malos alumnos, cuidar mejor a los estudiantes con necesidades especiales y altas capacidades, fijar currículos que contemplen las destrezas del siglo XXI y, con ello, ascender en el informe PISA. Para conseguir dichos objetivos, es preciso adecuar el proceso a las demandas de cada alumno para potenciar al máximo sus capacidades, lo cual resulta imposible en un contexto de currículo, tiempos y espacios inflexibles.
Además, se deben mejorar las condiciones de trabajo de los docentes generalizando un modelo normalizado de profesores de apoyo para atender a la diversidad de los alumnos existentes. Igualmente, sería necesaria una ampliación y reforma de la formación del profesorado.
También se antoja primordial ofrecer alternativas educativas de calidad de Formación Profesional e incorporación al mundo laboral tempranas para los alumnos que no deseen continuar con los estudios postobligatorios, permitiendo poder reanudar los estudios obligatorios o universitarios sin dificultad. Por otra parte, una combinación inteligente de la autonomía de los centros, la evaluación y la rendición de cuentas contribuye a unos mejores resultados de los estudiantes, siendo necesario para ello atribuir mayores competencias a los directores.
Asimismo, otro de los problemas de la enseñanza tradicional ha consistido en el fomento del aprendizaje memorístico de conocimientos, frente a un aprendizaje por competencias que no pretende renunciar al valor de los conocimientos, sino abordarlos de forma interrelacionada.
En resumen, alcanzar un pacto por la educación que proporcione estabilidad al sistema educativo, al margen de los condicionantes y cambios políticos, constituye uno de los retos principales de nuestro país. III
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