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A la Justicia la carga el diablo
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A la Justicia la carga el diablo

17 de octubre

martes 17 de octubre de 2017, 11:50h
Cuando ayer escribía que antes de que terminara la semana se verían las primeras consecuencias del desencuentro Puigdemont-Rajoy, no me imaginaba que solo hacían falta unas pocas horas para que se reavivase la hoguera.

Son, otra vez, las consecuencias de la tremenda ceguera del gobierno de Rajoy cuando, para evitar la radicalización del independentismo, se le ocurrió que lo mejor en lugar de afrontar el problema político era poner en marcha la lenta pero imparable maquinaria de la Justicia. Ayer por la noche se vio la segunda catástrofe de este mecanismo tan poco dúctil para tratar cuestiones delicadas.

La primera se produjo durante los días 20 y 21 de septiembre, cuando se detuvo a altos cargos de las ‘conselleries’, y la segunda es consecuencia de aquella y todavía mas incendiaria si cabe, porque se acaba de detener a los máximos líderes de las dos organizaciones de base que se han encargado de levantar a la gente en las calles desde casi el inicio del proceso.

Está visto que para complicar las disyuntivas políticas no hay cosa peor que echar mano del cumplimiento de las leyes porque precisamente los desencuentros políticos siempre tienen la legalidad pendiente de un hilo. Cuando la justicia se utiliza para combatir al adversario, aunque sea cierto que se ha vulnerado la ley, se consigue el objetivo contrario al deseado: se enconan las voluntades y se incendian las pasiones.

A partir de ese momento la justicia sirve de poquísimo porque en lugar de un espacio neutral para dirimir responsabilidades se convierte en un arma arrojadiza de imposibles éxitos. Con ello se consigue no solo desacreditar la inacción política sino también la acción de la justicia que queda contaminada por quien la instrumenta.

Mediocridad al poder

Si este fuera el primer ejemplo de la historia en tal sentido, podría caber alguna disculpa, pero esta situación es tan reiterativa que desde hace tiempo los gobernantes más maduros y responsables asumen que los problemas políticos hay que dirimirlos exclusivamente con la política y no con las leyes. Es uno de los problemas de llenar de abogados del Estado los ministerios y altos cargos. Lo que se conoce, en afortunada calificación, como brigada Aranzadi, representa en este país la substitución de los hombres y mujeres de Estado por unos brillantes juristas que se piensan que las leyes están por encima de las aspiraciones humanas, y no simplemente para regirlas y armonizarlas.

A la maquinaria de la Justicia, una vez en marcha, solo la paran las sentencias. Y las sentencias tienen el gravísimo inconveniente de que casi nunca son rápidas y de que casi siempre son controvertidas. Se diría que, como a las armas, a la Justicia la carga el diablo.

Pues bien, lo que ocurrió ayer por la noche a instancias de la magistrada Lamela de la Audiencia Nacional no sólo es una barbaridad en términos políticos —aunque pueda tener múltiples coherencias jurídicas, en las cuales no es nada útil entrar—sino que se puede dar como el pistoletazo de salida de la refriega final. Ya no queda espacio para la concordia y ahora vamos directos al abismo de la confrontación. No podrá extrañar que, cuando el independentismo lo considere más oportuno se produzca la proclamación solemne de la república porque estos daños, incluso para quienes dentro del PDeCat están más asustados por el futuro, no pueden encontrar justificación. Me temo que asistiremos a algunas huidas por el foro pero no a las resistencias que hasta ahora han evitado la ruptura total. Con la detención de los Jordis de la calle, la radicalidad independentista tiene el camino despejado.

Quizás lo que a mi más me ha sorprendido de la dinámica desatada en estas últimas horas es que la decepción es pasajera. El día 10, un buen número de ‘indepes’ se llevaron un disgusto, pero han sabido tragarse las lágrimas a tiempo y siguen pensando que quien ríe el último ríe mejor. La cacerolada a las pocas horas del ingreso en Soto del Real, los vídeos circulando como posesos por la red, la convocatoria de paro para las 12 h. de hoy y la de la tarde frente a las delegaciones del gobierno, ponen de manifiesto que el músculo del independentismo sigue tenso y dispuesto de nuevo a todos los sacrificios que el sueño de la independencia requiera.

Poder contra poder

La escalada está desatada. La maquinaria del Estado esta vez sí que se ha puesto en marcha y las consecuencias son imprevisibles pero nada alentadoras. El plazo del jueves ya es un sinsentido con la calle en plena efervescencia y la parálisis parlamentaria una estrategia que solo adquiere sentido si realmente hay problemas internos para votar con la máxima contundencia una declaración solemne de independencia.

Si este no es el problema, la junta de portavoces no tardará en convocar un nuevo pleno que ahora sí, será el definitivo. Estamos a un milímetro de ver como empiezan las acciones de inhabilitación de cargos, de apropiación de funciones y de derogación de leyes, en aplicación de las prerrogativas gubernamentales. Esto solo lo salva ya una convocatoria de elecciones, cada vez más oscura, puesto que nadie sabe quien va a tener poder para convocarlas.

Y esto lo salva relativamente, porque una convocatoria de elecciones en este vertiginoso proceso, es cualquier cosa menos un acontecimiento de normalidad. Lo que pueda salir de ahí tampoco augura nada bueno.

Y como que la maquinaria de la justicia es imparable, las consecuencias también lo van a ser cada vez más. El mayor de los Mossos se ha salvado ahora de la cárcel pero lo va a tener muy mal cuando se analice a la luz de la legalidad lo que ocurrió con el Cuerpo el 1 de octubre. Tan mal como lo va a tener el expresident Mas y los condenados por el Tribunal de Cuentas para abonar los gastos de la consulta del 9-N, otros tres millones de euros que no va a dar tiempo a recaudar por parte de quienes ya recaudaron los 2,2 millones ahora abonados y que, de no hacerlo, va a perjudicar directamente el patrimonio de los encausados.

Y todavía queda por ver en que paran las denuncias contra los 700 alcaldes y todo el caudal de nuevas denuncias que, como una cascada, se han ido produciendo día si y día también, ante los tribunales ordinarios o ante el Constitucional por parte de todo el mundo.

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