El juez admite a trámite una demanda del edil contra la decisión de echarle que tomó la formación demócrata en octubre y confirmó meses después. Desde la dirección de los demócratas aseguran a El Llobregat que el expediente disciplinario “se tramitó con todas las garantías”
El juzgado de primera instancia número 27 de Barcelona ha admitido a trámite una demanda civil del regidor espluguense Albert Comellas contra el PDeCAT por su expulsión del partido, decretada el 26 de octubre de 2017 por la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de Garanties de la formación demócrata. Comellas solicita la nulidad de dicha resolución porque considera que sus derechos de expresión y información se han visto vulnerados y pide la readmisión en la formación.
La Comissió decidió la expulsión de Comellas del partido porque creía que había incurrido en dos conductas susceptibles de ser consideradas como falta muy grave, como son manifestar la intención de denunciar a miembros del PDeCAT por la vía penal despreciando espacios de arbitraje de la propia formación y por no atender la petición de devolución del acta de regidor, tal como le pedía la asamblea del partido en Esplugues. Sobre esta cuestión, Comellas contraargumenta a El Llobregat que “nunca se abrió un expediente disciplinario previo a esta petición, tal y como indican los estatutos del partido”. Comellas recurrió la decisión de la Comissió per a la Qualitat Democràtica del PDeCAT, pero el Consejo Nacional del partido desestimó su recurso y confirmó su expulsión en enero.
Pero para entender el fondo de la cuestión es necesario remontarse a febrero del año pasado, cuando en una reunión previa a un pleno -que fue grabada por un testigo y forma parte de la documentación de la demanda- el equipo local del PDeCAT de Esplugues pidió al regidor “el libre acceso a la cuenta corriente que se nutre con el dinero que destina el Ayuntamiento para gastos del grupo municipal”. La ejecutiva local también habría propuesto a Comellas la contratación de un asesor de comunicación del partido con el dinero del grupo municipal. Dos peticiones que Comellas rechazó porque iban en contra del Código de Buen Gobierno y Transparencia tanto del Ayuntamiento como del PDeCAT. La negativa derivó en una advertencia de expulsión, que se concretó dos meses más tarde, el día 6 de abril de 2017, después de una asamblea de urgencia de la agrupación local del partido demócrata de Esplugues que votó a favor de su cese como jefe de filas en el Ayuntamiento y le pidió que entregase su acta de regidor. Comellas, “de acuerdo con su obligación legal como cargo electo”, informó inmediatamente a la dirección y los órganos disciplinarios del Partido Demòcrata de las dos propuestas de la ejecutiva local, así como al gobierno local y al secretario municipal. Más adelante, el 25 de julio de 2017, presentó una querella contra siete miembros del PDeCAT de Esplugues por presuntos delitos de proposición a la malversación pública, amenazas y coacciones. Querella que fue admitida a finales de año y por la cual los miembros de la cúpula de partido declararon a finales de mayo. Tanto esta querella como la demanda civil se están tramitando en juzgados de Esplugues. Por otra parte, la Oficina Antifrau está investigando el caso de manera paralela.
Fuentes de la dirección del PDeCAT han explicado a esta publicación que ni la demanda civil ni la querella tienen “ninguna base” y que el expediente disciplinario contra Comellas “se tramitó con todas las garantías”. En este sentido, defienden la “independencia” de la Comissió y muestran “pleno respeto” a sus decisiones. Además, estas mismas fuentes han querido manifestar su “apoyo máximo” al comité del PDeCAT de Esplugues.
La figura del alertador de la corrupción
“Los cargos electos y los funcionarios estamos obligados a denunciar ciertos delitos, aunque sean en grado de tentativa, pero curiosamente no les ampara el principio constitucional de indemnidad si así lo hacen”, denuncia Comellas, que pone de manifiesto la necesidad de proteger a estos “alertadores de la corrupción”, sobre todo a los que son funcionarios.
| El ex alcalde de Martorell, detenido |
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El ex alcalde de Martorell y ex presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, fue detenido el pasado 24 de mayo en el marco de una operación policial denominada Estela contra una presunta trama de desvío de fondos públicos destinados a proyectos en países en vías de desarrollo. La investigación la lleva el juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que describe este caso como “un entramado
por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona a través de diferentes entidades”.
La policía asegura que gracias a la investigación se ha podido comprobar que la mayoría de los proyectos de cooperación no se acabaron llevando a cabo. A los detenidos, casi una treintena, se les imputan presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
Esteve quedó en libertad poco después a la espera de que le cite el juez. En declaraciones a los medios, afirmó sentirse “muy tranquilo” y defendió que las subvenciones otorgadas por la Diputación están en regla. Desde el gobierno de la Diputación, por su parte, pidieron “máxima prudencia y respeto a la presunción de inocencia”. Desde Martorell, su actual alcalde, Xavier Fonollosa, defiende a Esteve: “Es una persona honrada, honesta, trabajadora y dotada de grandes valores éticos y morales”, destaca Fonollosa, que participó en una concentración de apoyo al ex alcalde delante del Ayuntamiento martorellense.
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