El pleno municipal ha aprobado por unanimidad un acuerdo para impulsar la reconstrucción social y económica de la ciudad y hacer frente a la crisis provocada por el covid-19
La última sesión plenaria de El Prat ha ratificado, con el apoyo de todos los grupos políticos, una moción conjunta presentada por Ciutadans y El Prat en en la que se solicita a la Generalitat…) un informe sobre la gestión de la residencia Onze de Setembre durante la pandemia de covid-19. En la moción se denuncian las deficiencias asistenciales que se han detectado en una residencia en la que el covid-19 ha tenido un fuerte impacto.
El texto aprobado critica el modelo actual de gestión que está poniendo en práctica la Generalitat y que está basado “en criterios economistas”. La moción también exige al Govern que “priorice dar una atención pública de calidad a la gente mayor”, por encima de otros parámetros.
En el mismo pleno, también se ha aprobado por unanimidad un pacto por la reconstrucción económica y social de la ciudad tras la pandemia del coronavirus. del COVID-19 a partir de un amplio espacio de diálogo.
No dejar a nadie atrás
La declaración institucional destaca “la necesidad de articular un nuevo compromiso público y plural con el objetivo de no dejar a nadie atrás” y solicita el apoyo de otras administraciones para las actuaciones e inversiones de El Prat que sobrepasan las competencias municipales. Como consecuencia de la declaración, se ha activado el “Plan de medidas de choque y de reactivación económica frente a la crisis del covid-19, cuyas medidas incluyen ayudas económicas (que van desde los 250€ a los 1.000€) para impulsar la apertura y el mantenimiento de los negocios y establecimientos de la ciudad.
Además, todos los grupos municipales de El Prat han aprobado una declaración en apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Nissan afectados por el inminente cierre de las plantas. La moción reclama actuaciones tanto estatales como europeas para “preservar la actividad industrial y situarse como referente mundial en movilidad sostenible”. La decisión de la compañía afecta a unos 25.000 trabajadores, tanto de la propia Nissan como de sus empresas proveedoras y auxiliares,
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