El edil del PSC de L’Hospitalet que denunció a dos de sus compañeros se salta el secreto de sumario

El rocambolesco caso del ya ex teniente de alcalde de Educación, Deportes y Juventud de L’Hospitalet, Jaume Graells (PSC), que ha denunciado a dos de sus compañeros de equipo de gobierno y de partido -el segundo teniente de alcalde de la ciudad, Cristian Alcázar, y el concejal de Deportes Cristóbal Plaza- por una supuesta malversación de fondos públicos en el Consell Esportiu de la ciudad, ha dado una nueva vuelta de tuerca, cuanto menos desconcertante. Graells tiene en su poder copias de pruebas documentales que están bajo secreto de sumario y que está distribuyendo, sin el conocimiento ni, evidentemente, la autorizaciónde la juez.

El denunciante ha hecho llegar una copia de dicha documentación a la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, quien inmediatamente ha puesto al corriente de lo sucedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad. Según ha podido saber, el Llobregat, la alcaldesa ha remitido una carta a la juez en la que se informa de que el pasado de junio Graells le hizo llegar con archivos adjuntos en dos correos electrónicos “documentación que guarda relación con las diligencias previas 930/20” que se siguen en el juzgado contra los dos concejales y contra el presidente del Consell Esportiu, Eduard Galí. Se da la ciurcunstancia de que días antes de que Graells pusiera la demanda contra sus compañeros, el Consell de l'Esport denunció el robo de un ordenador,que podría contener la información que ahora se está distribuyendo

Tanto Alcázar y Plaza como Galí fueron detenidos por la policía judicial la semana pasada, e inmediatamente puestos en libertad con cargos, mientras la policía registraba la sede de la entidad y requisaba toda la documentación relacionada con la demanda.

Reenvío a la juez de instrucción

En el correo remitido a Marín, Graells solicita que se abra una investigación municipal en base a las pruebas que aporta sobre el Consell Esportiu, algo que el ayuntamiento no puede hacer porque la denuncia del ex teniente de alcalde de Educación “ha judicializado el tema”, impidiendo que el consistorio pueda inmiscuirse e investigar por su cuenta, según han aclarado fuentes municipales. Al denunciante también se le ha informado de que los papeles aportados han sido remitidos “inmediatamente” a la juez que dirige la investigación.

En la carta que Núria Marín ha remitido a la juez, la alcaldesa también hace partícipe a la titular del juzgado de su disposición a colaborar "con las actuaciones que se lleven a cabo a los efectos de esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades si hubiere lugar".

Sin auditoría municipal

Por otro lado, finalmente no podrá realizarse la auditoría privada que el Ayuntamiento de L’Hospitalet solicitó al Consell de l'Esport que encargara para esclarecer lo acaecido con la gestión y la contabilidad, ahora en entredicho, ya que el caso está sub júdice. En una situación como esta, una investigación de estas características puede realizarla la propia policía judicial, en concreto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).