El varapalo al plan urbanístico aprobado por la Generalitat, se fundamenta en “defectos de forma competencial” y, a pesar de que no analiza a fondo los aspectos y el contenido, las entidades vecinales y ecologistas celebran la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque avala sus postulados. Por el contrario, el ayuntamiento sostiene que se esforzará para que el proyecto “pueda ver la luz lo más pronto posible”.
La justicia ha puesto el freno al Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat de L’Hospitalet, un proyecto que previa el soterramiento parcial de la Gran Via a su paso por el barrio de Bellvitge, la construcción de un parque científico y de investigación en la nueva fachada del vial y la conversión de la zona agrícola de Can Trabal en un parque urbano. La sentencia es consecuencia directa de un recurso contencioso administrativo presentado por entidades y partidos políticos que se oponían al proyecto. Y aunque el PDU se ha anulado por defectos de forma “competenciales”, los opositores han aplaudido la decisión.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicó el pasado viernes 13 de noviembre el fallo que anula el PDU provocando de inmediato un estallido de felicidad en los partidos políticos y entidades que habían impulsado el contencioso. En paralelo, el Ayuntamiento de L’Hospitalet avanzó que presentará un recurso de casación contra la sentencia en el Tribunal Supremo.
Entre las entidades que más han aplaudido la decisión judicial destaca la plataforma No Més Blocs de L’Hospitalet, una entidad nacida exclusivamente como movimiento de oposición vecinal contra el PDU de la Gran Via. Según la asociación, la resolución de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del TSJC “va en la línea” de sus argumentos: “el PDU es una aberración y que hace falta anularlo”.
Belver, "embustero"
El aplauso inicial de la plataforma vecinal se ha tornado enseguida en indignación, ya que No Més Blocs no comparte para nada la versión oficial hecha pública por el primer teniente de alcalde de L’Hospitalet, Fran Belver (PSC), y que atribuye el fallo del TSJC a “defectos de forma competenciales”. No Més Blocs no se ha mordido la lengua con las declaraciones de Belver y le ha tildado en las redes sociales de “embustero”, a la vez que pedía la disolución “inmediata” del consorcio de la Gran Via (integrado por el ayuntamiento y la Generalitat) y que es el encargado de la ejecución de las obras de reforma de la Gran Voa u su entorno.
A las celebraciones de los denunciantes se ha sumado también la alegría de otras organizaciones sociales y vecinales de la ciudad, L’Hospitalet Verd, la Sección Sindical de L’Hospitalet de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC CATAC), Un Altre L’Hospitalet És Possible y la asociación comarcal SOS Baix Llobregat y L’Hospitalet. Todas estas entidades han hecho hincapié en la importancia “de la presión vecinal y de colectivos ecologistas” para lograr la anulación del PDU. Sin embargo, este argumento no queda meridianamente reflejado en la resolución del TSJC, por lo que la interpretación de los opositores y del propio ayuntamiento son antagónicas.
El contrapunto de la alcaldesa
Pero los postulados de los opositores al plan nada tienen que ver con los que defiende la alcaldesa de L’Hospìtalet, Núria Marín (PSC). Marín ha insistido en que “desde la Conselleria de Territori de la Generalitat, desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet y desde el ayuntamiento y el Consorcio de Transformación de la Gran Via se va a trabajar para que este proyecto pueda ver la luz lo más pronto posible”.
El principal motivo de los magistrados del TSJC para tumbar el proyecto de soterramiento de la Gran Vía a su paso por L’Hospitalet se fundamenta en cuestiones burocráticas, no de contenido, según coinciden en señalar las diferentes fuentes jurídicas consultadas. La sala tercera de lo contencioso-administrativo argumenta que el PDU debería haber sido aprobado también por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), al tratarse de un proyecto que afecta a varios municipios. La sala ha definido este defecto de forma como “una carencia insubsanable de competencia”, porque entiende defiende que no se pueden obviar las competencias urbanísticas del AMB a pesar de que el PDU fuese aprobado por la Conselleria de Territori, una administración de rango superior.
Un millón de euros
Para dar mayor empaque a la teoría de que la anulación del proyecto por parte del TSJC acabará siendo agua de borrajas, la alcaldesa de L’Hospitalet ha recordado que los presupuestos del Estado para el 2021 ya se contempla una partida de más de un millón de euros para “impulsar los proyectos de soterramiento de las vías férreas en L’Hospitalet, Montcada y Sant Feliu”. La cobertura de los raíles del tren a su paso por los barrios de Bellvitge y el Gornal está íntimamente ligada al PDU.