Los jueces obligan a replantear el futuro desarrollo urbanístico metropolitano

El futuro del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tal vez no será como se preveía en los planos después del mazazo que ha supuesto la anulación por partida doble del Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat de L’Hospitalet y la puntilla del tercer strike judicial propinado hace solo unos días por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al declarar “nulo” el PDU de actividad económica del Delta del Llobregat que afectaba a las zonas de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Con tres sentencias en contra, al aparato del AMB no le queda otra que replantearse muy seriamente el contenido de sus planes de desarrollo urbanístico si quiere reponerse al triple golpe judicial y que estos sigan adelante, con suerte, dentro de un año, y si se aceptan sus recursos.

La anulación de los PDU de la Granvia y del Delta no es casual y no esconde el malestar de varios colectivos cívicos con los proyectos. La prueba es que en todos los municipios afectados por la reforma urbanística se han organizado frentes de oposición vecinal, respaldados por entidades y movimientos ecologistas. Los motivos de la revuelta popular contra el modelo urbanístico metropolitano son comunes: la sobreexplotación del terreno y la posibilidad de que se especule con la construcción de vivienda.

Desde la plataforma S.O.S Baix Llobregat i L’Hospitalet afirman que los planteamientos de los dos PDU “parecen no haber aprendido de la lección que nos dio la crisis económica del 2008” y recuerdan que los planes de expansión urbanística afectan a una de las zonas con más volumen de edificaciones y mayor densidad de población de toda España, como son el Baix Llobregat y L’Hospitalet.

Nueva concepción urbana

El varapalo judicial ¿Abre entonces el camino una nueva concepción de las ciudades y su desarrollo? La plataforma y las entidades diferentes entidades que la forman, creen que sí. “Todas estas sentencias permiten la posibilidad de hacer una moratoria de dos años a cualquier obra o proyecto urbanístico” desvelan desde el movimiento vecinal y ecologista.

A la vista del panorama judicial, el objetivo de las entidades que se oponen a los planes urbanísticos de L’Hospitalet y del Delta del Llobregat es idéntico: conseguir “que se pona en marcha un proceso participativo” donde sean los propios vecinos quienes decidan el nuevo modelo urbanístico de sus ciudades.

Conciencia ecológica

La plataforma S.O.S Baix Llobregat i L’Hospitalet advierte que los nuevos obstáculos a los que deberán hacer frente los futuros PDU metropolitanos es que ya se ha inculcado a la población “una conciencia ecológica”, que pone por delante del cemento, el ladrillo y el hormigón “la protección del espacio natural y la incorporación de criterios ecológicos en la ocupación de los terrenos edificables”, advierten desde las entidades opositoras.

Por otro lado, desde ERC -uno de los partidos políticos que ha participado en los contenciosos contra ambos PDU- se insta a las ciudades metropolitanas “a rectificar el modelo de crecimiento urbanístico” y por descontado “a proteger los espacios naturales y el Parc Agrari del Baix Llobregat”.