Ayuntamiento y Generalitat presentan una provisión de inicio a la Comisión de urbanismo informando de que se retoma el proyecto. La sociedad civil defiende en un manifiesto la relevancia de una iniciativa que va más allá del mero interés local y metropolitano
Todo estaba listo para que durante el primer trimestre de este año arrancaran las obras del ambicioso Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat de L’Hospitalet, un megaproyecto que contempla, entre otras actuaciones, el soterramiento y cobertura parcial de la Gran Vía (entre Bellvitge y la desembocadura del río Llobregat) y la construcción de un parque científico, sanitario y tecnológico con 28 rascacielos. Pero a finales del año pasado, dos sentencias casi simultáneas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anularon “de pleno derecho” el plan por considerar que debía haberse tramitado desde el área Metropolitana de Barcelona (AMB) y no desde la Comisión de Urbanismo de la Generalitat. Es decir, por aspectos de forma de tipo competencial, no por sus características técnicas sobre la que prácticamente la justicia no se pronunciaba.
La sentencia judicial pilló con la guardia baja al Ayuntamiento de L’Hospitalet y a la Generalitat de Catalunya, que son las dos administraciones que -bajo el paraguas del Consorci de la Granvia,-desarrollan e impulsan el proyecto. Por el contrario, el fallo fue un subidón de adrenalina para las plataformas ecologistas y vecinales -como No Més Blocs- y algunos partidos políticos en la oposición municipal que desde el principio se habían opuesto al PDU.
La decisión de la sala de lo contencioso administrativo también desempolvó la histórica controversia ciudadana sobre el modelo de ciudad y de desarrollo urbanístico a futuro del área metropolitana -ciudades hormiguero netamente residenciales o predominio de las zonas verdes-. En pocas palabras, reabrió la eterna disputa entre partidarios y detractores del hormigón y del verde.
La discusión ganó en intensidad, actualidad y alcance -saltándose los límites municipales de L’Hospitalet- aprovechando que, pocos días después el propio TSJC anuló también de pleno derecho el PDU del Delta del Llobregat (con los mismos argumentos competenciales con los que había tumbado el de la Granvía-Llobregat).
EL PDU del Delta preveía construir en zonas no urbanizadas -enclavadas en el área de influencia del Pard Agrari del Baix Llobregat- de Sant Boi (Llevant y Antic Híper). Viladecans (Can Sabadell y Sarral Llarg). y Gavà (Els Joncs y La Marinada). En este amplio territorio -donde hace años se habló de la posible ubicación de Eurovegas- se ha planificado el desarrollo de nuevas actividades económicas relacionadas con el sector terciario y las oficinas, la logística y los usos industriales.
Desde fuera da la sensación de que los ecologistas han ganado la batalla por el modelo de desarrollo de los últimos terrenos edificables de L’Hospitalet pero podría tratarse de una victoria pírrica. Porque no ni el Ayuntamiento de L’Hospitalet ni la Generalitat de Catalunya se han rendido y ya han puesto en marcha toda la maquinaria para retomar el proyecto lo antes posible.
El nuevo primer paso
El primer paso en esta dirección se dio pocos días antes de que acabara el año 2020. Las dos administraciones que forman el Consorci de la Gran Via presentaron una diligencia de inicio ante la Comisión de Urbanismo de la Generalitat en la que se solicita “que se vuelva a iniciar el PDU Granvia-Llobregat”, ha explicado el primer teniente de alcalde de L’Hospitalet, Fran Belver (PSC).
La providencia de inicio va acompañada de una sólida y contundente documentación en la que lo más representativo de la sociedad civil defiende por escrito la relevancia de un proyecto “que va más allá del interés metropolitano, porque en realidad influirá de forma determinante en todo el territorio de Catalunya”, de manera que pone en entredicho la argumentación del TSJC para tumbar el PDU, ha destacado Belver.
Entre los firmantes del manifiesto se encuentran los actores sociales, el Hospital de Bellvitge, el Hospital Duran i Reynals, el Col·legi de Metges, la patronal Foment del Treball o el prestigioso Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), como compromisarios más destacados. El motivo de que buena parte de las instituciones que dan apoyo a las tesis del consorcio sean del mundo médico y científico se debe a que el PDU propugna básicamente el desarrollo de un parque de investigación predominantemente sanitaria, vinculado a la universidad.
Y acto seguido, sea empezado con la redacción de una versión 2.0 del PDU, con la variante respecto al anterior de que rebate desde un primer momento los argumentos del TSJC de que la Generalitat no era competente para aprobar e impulsar el plan porque no tenía un interés supra-metropolitano. Por eso, “la provisión de inicio se ha reforzado con la constatación por parte de los actores sociales de que el proyecto va más allá del ámbito local y metropolitano y será una pieza clave para el futuro de Cataluña”, ha destacado el primer teniente de alcalde de L’Hospitalet. III