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100.000 empresarios se suman a la macrodemanda gestada en el Baix por la ruina económica de la pandemia
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100.000 empresarios se suman a la macrodemanda gestada en el Baix por la ruina económica de la pandemia

jueves 11 de febrero de 2021, 16:35h
La Plataforma de Empresarios Afectados por el covid-19 (PEACovid-19) ha abierto una vía judicial contra el Gobierno de España para que los empresarios y autónomos de todo el país sean compensados económicamente por el cierre forzoso de sus negocios y las restricciones.

La primera piedra la puso Javier Candela, empresario de Sant Boi y vecino de Castelldefels, cuando empezó a sentir las consecuencias negativas del primer brote del covid-19 en Wuhan (China) en su cuenta de resultados, debido a que tenía negocios con el gigante asiático. Luego llegó el Estado de alarma del 14 de marzo de 2020, el confinamiento domiciliario, las restricciones, los cierres forzosos de negocios, y la ruina, la quiebra y las pérdidas millonarias empezaron a extenderse como un reguero de pólvora entre los empresarios de toda España.

Candela fue de los que más rápido se percató de lo que estaba ocurriendo a causa de la pandemia (y de lo que podía pasar y al final acabó pasando) y contactó con el bufete del jurista barcelonés Juli Prat Gubau hace casi un año. Por su parte, Prat Gubau y sus colaboradores llevaban desde la prealerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 31 de diciembre de 2019 recopilando información y documentación oficial sobre las actuaciones del Gobierno español frente a la pandemia para fundamentar una futura acción jurídica. Miel sobre hojuelas.

A partir de ahí y de las posteriores sinergias surgió la Plataforma de Empresarios Afectados por el covid-19 (PEACovid-19), la entidad que lidera una gran macrodemanda contra el Gobierno de España para que todos los empresarios y autónomos españoles sean compensados económicamente por las pérdidas e incluso la ruina total a la que les ha abocado la pandemia de coronavirus.

100.000 empresas demandantes

Primero solo se subieron al carro de la plataforma un puñado de empresas de hostelería, distribución de bebidas, importación y otras similares –la mayoría del Baix Llobrega y en especial clientes y proveedores de Javier Candela en todo el país- pero la noticia se extendió como una mancha de aceite y, en muy poco tiempo, se logró reunir a un millar de afectados. Ahora ya son más de 100.000 los empresarios españoles de todos los sectores que forman parte del colectivo y se han adherido a la macrodemanda.

El objetivo de PEACovid-19 es proteger los derechos fundamentales del sector empresarial, denunciando las medidas contradictorias y perjudiciales que se han tomado desde la administración pública contra tantísimos negocios. El origen del mal hay que buscarlo en que “en vez de pactar o exigir medidas de seguridad (a los empresarios y autónomos), se les han obligado a cerrar, con las pérdidas que ello ha supuesto”, explica Javier Candela, como portavoz de PEACovid-19.

Contencioso en el Tribunal Supremo

Inicialmente, se ha puesto en marcha una reclamación patrimonial ante el ejecutivo español (que fue registrada el pasado 22 de diciembre) y que, como seguramente será deosoida por el Gobierno de Pedro Sánchez, acabará por la vía del contencioso administrativo en el Tribunal Supremo. A día de hoy la cantidad que se reclama al ejecutivo por el “injusto” cierre forzoso de sectores como la hostelería, la restauración, el ocio nocturno, los gimnasios, la cultura y todos los demás se acerca ya a los 300 millones de euros.

“Con la dañina gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno, se han vulnerado los derechos de miles de pequeños y grandes empresarios”, lamenta Candela

Un centenar de adhesiones diarias

Pero esto no es el final, solo es un principio, porque la plataforma sigue creciendo minuto a minuto “diariamente se reciben un centenar de nuevas adhesiones”, reconoce Javier Candela. Y no solo se suman a la demanda particulares (informáticos, gimnasios, cines, bares, peluquerías, distribuidores, taxis, escuelas de baile, talleres mecánicos…), también han entrado en bloque grandes entidades y asociaciones sectoriales que representan a miles de negocios, como la potente patronal del ocio nocturno Spain NightLife, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals Fecasarm, la Federación de Hostelería de Valencia (FEHV) o algunos hoteles de Castelldefels, entre otros.

Candela explica que el procedimiento para sumarse a la macrodemanda “es sencillo" y que no debe temerse al procedimiento. Basta con rellenar hoja de encargo (que se puede descargar en la propia web de PEACovid-19), firmar el convenio de adhesión, cumplimentar un informe de daños y perjuicio para cuantificar la indemnización a reclamar y poco más. “Se trata de que los perjudicados puedan resarcirse de los cierres definitivos, de las quiebras o de las enormes pérdidas generadas por el cierre forzoso en concepto de gastos fijos soportados y beneficios no generados, así como toda responsabilidad patrimonial o lucro cesante”, puntualiza el portavoz de PEACovid-19.

Interés social y no político

La plataforma asegura que no actúan contra este gobierno por sus colores político sino por su deficiente gestión. “Hubiéramos iniciado la macrodemanda igual, mandase quien mandase, si se hubieran dado las mismas circunstancias que ahora”, ratifica el portavoz. Y para dejar claro que no les mueve ningún interés político sino “social”, en noviembre PEACovid-19 puso en marcha una campaña para costear los gastos de la demanda a todos aquellos negocios que ya han cesado su actividad y han cerrado de forma definitiva y así “no tengan que pagar nada”, confirma Candela.

Solo en el sector de la hostería (sin incluir el ocio nocturno) ya han bajado la persiana en España 80.000 establecimientos. Y la cosa no ha hecho más que empezar, porque es evidente que se seguirán sufriendo los estragos económicos de la pandemia al menos un año más. Pero al menos ahora los afectados saben que ya no están solos contra la injusticia de las restricciones y los cierres forzosos, que cuentan con una plataforma que puede velar por ellos como no han hecho los respectivos gobiernos central y autonómico y que al menos disponen de una herramienta jurídica para resarcirse de todo el mal que se les sigue haciendo

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