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El Consell Comarcal reparte once millones de euros a los 30 municipios del Baix Llobregat
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El Consell Comarcal reparte once millones de euros a los 30 municipios del Baix Llobregat

Por Joan Carles Valero
miércoles 24 de marzo de 2021, 09:41h
El dinero, junto a otros 8 millones todavía ahorrados, son remanentes de la venta de activos de los años 90 que pertenecieron a la extinta Corporación Metropolitana, y se repartirá en función del número de habitantes, con un plus a las poblaciones que no estén en el AMB

Por primera vez en su historia, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va a repartir 11 millones de euros entre los 30 ayuntamientos que integran la comarca, después de aprobar por unanimidad de todos los grupos políticos, un programa de impulso económico y social que materializa el pacto alcanzado en julio pasado, también por unanimidad y con la participación de los agentes sociales (patronales y sindicatos).

La inyección de dinero se va a realizar porque con la pandemia, el Gobierno ha suspendido la obligación de no utilizar los remanentes o superávit por parte de las administraciones locales. La medida permite al Consell Comarcal la utilización de dinero procedente en gran parte de la venta de unos terrenos al Instituto Catalán del Suelo en Santa Coloma de Cervelló, y a otros activos de los años 90 pertenecientes a la Corporación Metropolitana de Barcelona que el entonces president Jordi Pujol desmanteló porque suponía un contrapoder frente a la Generalitat. El Consell Comarcal todavía dispone de otros ocho millones de euros de esos remantes que podrían añadirse en una segunda etapa de impulso a la reactivación del Baix Llobregat como respuesta a la situación excepcional atravesamos por la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado la pandemia del COVID-19.

El programa propone actuaciones específicas en favor de la mujer (algo más de un millón de euros) y la creación de un fondo de de inversiones para apoyar la reactivación de los ayuntamientos, que han de ejecutar los proyectos antes del 31 de diciembre de 2022. Las aportaciones del Consell Comarcal serán compatibles con otras ayudas recibidas para la misma finalidad, siempre que la suma de las cantidades no supere el 100% del coste total del proyecto. Estas ayudas se unirán a las habilitadas por el Gobierno de España de 3.000 millones de euros a repartir entre todos los municipios del país, también con el criterio de su número de habitantes, más los 400 millones de euros para compensar el déficit de transporte público que todavía no han sido repartidos. El Consell Comarcal reclama al Gobierno que todas esas partidas se repartan ya, que es cuando los municipios lo necesitan, puesto que han suspendido el pago de tasas y tributos y han visto menguados sus ingresos.

Oficina de Proyectos Europeos

La presidenta del Consell Comarcal, Eva Martínez, también reclama que los municipios reciban “cuanto antes” el 10% de los fondos europeos Next Generation, que para España suponen un total de 140.000 millones, a fondo perdido aproximadamente la mitad. La institución comarcal ha creado una Oficina de Proyectos Europeos con el objetivo de ser una antena para la llegada y reparto de esos fondos europeos que realizará la Generalitat por encargo del Gobierno.

El acuerdo unánime comarcal tiene dos objetivos. Por un lado, un programa feminista para ayudar a las mujeres, ya que la institución supramunicipal considera que son las que más sufren las desigualdades durante la pandemia y son a las que más directamente impacta la crisis. Para este plan se destina algo más de un millón de euros a partir de una asignación fija por municipio de 12.500 euros más un variable según el criterio del número de sus habitantes. Para las poblaciones que no están incluidas en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la cantidad fija ascenderá a los 25.000 euros, puesto que esa otra institución supramunicipal también ha habilitado ayudas a los municipios que la integran.

Espacio público inclusivo

La parte del león de las ayudas es el programa de inversiones, dotado con 10 millones de euros, destinado a, según el documento aprobado, “acciones finalistas relacionadas con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las infraestructuras y de los bienes y equipamientos públicos, que promuevan la modernización tecnológica y la eficiencia en la utilización de los recursos de las estructuras administrativas y de gestión de los municipios, que fomenten un espacio público inclusivo que contribuya a la calidad de vida y la salud de las personas y que impulsen actuaciones contra el cambio climático”. Para este programa de inversiones el criterio de asignación también es fijo y variable. La cantidad fija por municipio asciende a 100.000 euros, y la variable también se calcula en función del censo de población. Para los municipios que no pertenecen a la AMB se destinan también 200.000 euros.

Según el acuerdo adoptado, los ayuntamientos que soliciten las ayudas deberán de ejecutar los proyectos preferentemente en régimen de gestión directa, sin perjuicio de la posibilidad de proponer la adjudicación de la ejecución a una entidad o empresa propia, participada o vinculada al consistorio u a otros consorcios públicos en el ámbito comarcal. No obstante, según la normativa de subvenciones o de contratación pública, también se podrá llegar a acuerdos para la coproducción y gestión total o parcial por parte de entidades especializadas o referentes, de ámbito local, comarcal o metropolitano, relacionadas con el tema en cuestión.

Proyectos mancomunados

Los ayuntamientos ya han empezado a preparar sus proyectos para solicitar las ayudas del Consell Comarcal, puesto que un reciente plenario de alcaldes del Baix Llobregat conoció de antemano el plan que iba a aprobarse. Los municipios deberán presentar, por registro electrónico, una memoria técnica y económica explicativa del proyecto, así como una copia de la aprobación del proyecto por parte del consistorio antes de finalizar este año, y ejecutarán las inversiones antes de finalizar 2022. El Consell Comarcal abonará el 90% del importe de las ayudas en el momento de la aprobación de la dotación, y el 10% restante al validar y entrar por registro electrónico la justificación final del proyecto. En caso de presentar proyectos de varios municipios de forma mancomunada, a la propuesta deberá unirse una hoja de cálculo donde se identifiquen y se desglosen los diferentes importes económicos de los gastos del proyecto para cada uno de los ayuntamientos participantes.

Todos los partidos políticos y alcaldes valoran positivamente que el Consell Comarcal destine los fondos que tenía de remanente a ayudas directas a los municipios, bajo los criterios de subsidiaridad y autonomía local, a partir del convencimiento de que la inversión pública genera progreso y riqueza. La idea es que este dinero público que permanecía ahorrado por imperativo fiscal de una medida que el gobierno de Mariano Rajoy adoptó durante la anterior crisis económica, sea ahora la punta de lanza para la reconstrucción económica y social de la comarca a través de los ayuntamientos, que son la institución más próxima a la ciudadanía.

Capacidad de entendimiento

La presidenta Eva Martínez, que también es alcaldesa de Vallirana, ha remarcado en la rueda de prensa de presentación de las ayudas que “estamos ante una crisis solapada: sanitaria, económica, social, climática y emocional, que nos ha cambiado la vida y que tiene un gran impacto en los ciudadanos”. Por eso celebra la capacidad de entendimiento por parte de todos los grupos políticos presentes en el ente supramunicipal. “Valoro la cooperación, el diálogo y la capacidad de ponernos de acuerdo, pese a las diferencias ideológicas”.

El vicepresidente segundo del Consell Comarcal y portavoz de En Comú Podem, Jordi Gil, también ha celebrado que estos recursos “vayan a manos de aquellos que hacen políticas valientes y de proximidad” como son los ayuntamientos, “que han estado al frente de la situación pandémica, ayudando a la ciudadanía desde el primer momento”. También el vicepresidente tercero y alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha subrayado la “capacidad de entendimiento” de todos los grupos políticos “para llegar a un acuerdo en beneficio de la ciudadanía”.

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