Sobre todo en un contexto como el actual, sacudido todavía por los efectos de la pandemia y empujado a responder a los retos apremiantes de la emergencia climática. Esa mirada estratégica viene marcada por dos grandes variables: por un lado, la necesidad de garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y en condiciones asequibles, especialmente para los jóvenes; y, por otro, el imperativo de que el incremento del parque de vivienda debe incorporar criterios de sostenibilidad que minimicen su impacto medioambiental e impulsen la regeneración y renovación urbana.
Las políticas municipales de vivienda deben diseñarse y dictarse a partir de la dialéctica entre estas dos variables. Resolver esta ecuación, encontrar su equilibrio interno, proporcionará a cada municipio la receta más adecuada para afrontar con éxito el qué y el cómo de su parque residencial.
Por tanto, el debate sobre la vivienda no debe polarizarse entre los apóstoles del ladrillo y los conservacionistas a ultranza. Vivienda, sí. Pero para que sea una palanca de justicia social e igualdad y un instrumento para fortalecer la recuperación social y económica. Saludamos en este sentido las nuevas políticas de vivienda impulsadas por el gobierno de España, presididas por un claro acento social que tiene como objetivos incrementar la oferta de vivienda en alquiler social, así como frenar la exclusión residencial. Esperemos que la Generalitat colabore en esta ocasión en una apuesta que contribuirá a que Catalunya deje de estar a la cola en inversión por habitante en vivienda.
Movidos por ese mismo acento social, en Sant Boi, un municipio que ha apostado en su historia reciente por el carácter sostenible de su desarrollo territorial, no perdemos de vista esa ecuación, comprometidos en garantizar un derecho básico de todas las personas.
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