Esta realidad es fuente de conflictos de convivencia, falta de espacios verdes y saturación de los equipamientos sociales existentes en zonas en las que, literalmente, no hay suelo público disponible. Lejos de tratar de revertir esta situación, el gobierno municipal del PSC no hace más que alentar toda promoción inmobiliaria que se le proponga en los escasos solares sin viviendas en la ciudad. Por poner un ejemplo, en el solar de la antigua fábrica Cosme Toda, donde se están construyendo unas 1.000 viviendas nuevas a pesar de la movilización vecinal de rechazo.
Según el “Estudi de prospecció escolar, L’Hospitalet de Llobregat, Futures necessitats d’unitats”, realizado en 2021 por la Diputación de Barcelona, si se mantiene la tendencia demográfica del municipio de los últimos años, la población superará los 300.000 habitantes en ocho años (los últimos datos sitúan la población de la ciudad en 264.657 habitantes) y se necesitarían 152 nuevas aulas en primaria y secundaria solo para cubrir la nueva demanda, cuando la oferta educativa en la ciudad ya es de por sí insuficiente. Mientras tanto, ni Ayuntamiento ni Generalitat están llevando a cabo la necesaria planificación escolar y nos encontraremos que no habrá espacio ni para instalar los improvisados barracones. De hecho, la política del PSC es de ceder los escasos espacios públicos de la ciudad, como la antigua Fábrica Godó i Trias o los antiguos juzgados, a grandes empresas que le den atención mediática a la alcaldesa.
El acceso a la vivienda es un problema en el Área Metropolitana y para revertirlo es necesario aumentar la oferta, especialmente de alquiler social y asequible, pero esta política se debe hacer a escala metropolitana y sin aumentar la densidad de población de zonas tan tensionadas como l’Hospitalet.
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