La tarde de este lunes, 21 de marzo de 2022, daba inicio con un tweet por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que alertaba de la anulación de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones en Barcelona debido a una “falta de informes que avalen algunas restricciones”, un “exceso del ámbito geográfico de implantación” y, por último, pero no menos importante, por una “excesiva restricción del tipo de vehículos afectados”.
La decisión se ha tomado después que la semana pasada el gobierno catalán hiciese pública la noticia de ampliar la ZBE a municipios de más de 20.000 habitantes y para finales de 2025 más de 67 municipios en Barcelona y sus alrededores ya contarían con la ordenanza de ZBE.
Son muchos los vehículos que se ven afectados por la implantación de la ZBE, que se extiende a la zona de Rondes del Área Metropolitana, y muchas personas de la ciudadanía que la situación económica no permite cambiar de vehículo por uno menos contaminante. ¿Tiene en cuenta el ayuntamiento de Barcelona las circunstancias de los ciudadanos? ¿Ofrece unas soluciones adecuadas a la proporción que afecta la normativa? Según el TSJC los informes presentados por el consistorio de la ciudad barcelonesa son ‘determinantes’ y sobrepasan en ámbito en el que se aplican.
Entre otras de las razones, el tribunal ha anulado la aplicación de las medidas de la ZBE, que prohibía la circulación de los vehículos más contaminantes con la finalidad de reducir la contaminación en las zonas más concurridas. La ZBE de Barcelona funciona en de 7h a 20h de lunes a viernes y prohíbe la entrada a los vehículos que no cuenten con etiqueta medioambiental de la DGT (los vehículos gasolina anteriores al 2000 o Euro III y también los vehículos diésel de antes del año 2006 y Euro IV). La ZBE no solo abarca Barcelona, sinó también municipios de L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.
AMB estudiaba la posibilidad que se incorporasen a esta zona en 2022 las localidades de Viladecans, Castelldefels, El Prat de Llobregat o Sant Boi de Llobregat, entre otros municipios externos a la comarca del Baix Llobregat. En el tweet publicado por el TSJC aclara que se han estimado un total de 6 recursos de las 10 asociaciones diferentes. El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con 30 días para recurrir la sentencia en contra de la ordenanza municipal y por parte del TSJC se puede pedir la ejecución de la normativa de manera provisional.
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