El Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires, su alcalde y los propietarios del polígono industrial Sesrovires ya pueden respirar tranquilos. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón al consistorio y ha anulado el derribo de once naves industriales que llevaban más de una década en la cuerda floja como consecuencia de la demanda de un particular y de una primera sentencia que le dio la razón en 2010. No obstante, el fallo puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.
El alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell, se ha mostrado muy satisfecho con el fallo judicial porque “hemos sufrido mucho, pero sin perder nunca la esperanza que al final llegaría este momento. Y ha llegado”. De forma colateral, la sentencia del TSJC legaliza los once equipamientos industriales afectados, que se encontraban en una especie de limbo jurídico desde que se inició el proceso judicial en 2008.
El litigio tiene su origen en la impugnación de las licencias de obras de las once naves (concedidas en los años 90 del siglo XX) porque los demandantes consideraban que habían sido otorgadas sin los previos instrumentos de gestión urbanística correctamente aprobados. Es decir, que se habían construido “sin que todavía se hubiera urbanizado el polígono”, aclara Carbonell.
No eran ilegales
“Nos pareció injusto que las licencias de obras se impugnaran, porque no eran ilegales, estaban acordes con el planeamiento urbanístico y en todo momento estábamos convencidos de que se estaba haciendo lo correcto”, apunta el primer edil de la localidad. Por eso el peregrinaje por la incertidumbre jurídica ha sido tan dura: “Ha sido un vía crucis”, reconoce Carbonell.
Sin embargo, en 2011 el juzgado de primera instancia dio la razón a los demandantes, declaró nulas las licencias de las once naves y ordenó su inmediata demolición. La decisión se recurrió por parte del consistorio, pero la sentencia fue ratificada y declara firme en 2013. “El juzgado interpretó que, al no estar urbanizado, no podían concederse permisos de obras en el polígono Sesrovires”, revive Enric Carbonell.
Sufragado por los propietarios
Las sentencias dejaron a los equipamientos del polígono Sesrovires “en una situación de total vulnerabilidad y solo se podía impedir su demolición mediante el otorgamiento de nuevas licencias”, han recordado fuentes municipales.
Además, el otorgamiento de las nuevas licencias pasaba por que se acometiera la urbanización del polígono, un capítulo presupuestado entre siete y ocho millones de euros, que debían sufragar de sus bolsillos los propietarios de las once naves afectadas. “No fue sencillo que los propietarios pudieran hacer frente al pago en una situación de incerteza como la que se vivía tras la decisión judicial”, asegura el alcalde.
Sin multas
Ambos fallos también fijaron multas para el alcalde e indemnizaciones para los demandantes que también han sido ahora anuladas por el TSJC. “La injusticia también nos traía problemática de orden económico”, asume Carbonell. El primer edil reconoce que, pese a que su preocupación por el litigio del polígono Sesrovires “no era solo personal, no tenía dinero para hacer frente a una multa de este tipo”. Al final, la amenaza de sanciones ha quedado en nada. “El panorama era muy oscuro para el municipio, aunque la gente no lo sabía”, admite Enric Carbonell.
“Es una sentencia que nos merecemos porque no nos la han concedido ningún tipo de gracia si no por trabajo hecho todos estos años”. Subraya el primer edil. Y lo es porque va a permitir impulsar la actividad empresarial del municipio. “El polígono Sesrovires es moderno y puede prestar un servicio extraordinario a la economía por su ubicación” destaca Carbonell.
Normalizar 47 hectáreas
Desde que se produjo el primer fallo judicial, el consistorio se comprometió “a normalizar la situación urbanística de todo el polígono”, una problemática que tenía un ámbito de afectación que iba más allá de las once naves industriales amenazadas de derribo. En realidad, la normalización debía ser radical, pues afectaba a un ámbito de suelo industrial de unas 47 hectáreas, en que se ubican unas 200 naves industriales de 350 propietarios, en las que se daba trabajo a más de mil empleados. “Ha sido un camino difícil y complejo, hubo que correr y definir cómo se podían dar las nuevas licencias de obra con el polígono ya reparcelado y urbanizado”, admite el primer edil.
Así, se iniciaron unos trabajos muy complejos de gestión urbanística con los proyectos de reparcelación y de urbanización, la inscripción al registro de la propiedad, y la ejecución y recepción de las obras de urbanización. Tras mucho esfuerzo, en 2018 se pudieron iniciar finalmente las obras de urbanización, gracias a la plena colaboración entre Ayuntamiento de Sant Esteve y los propietarios e interesados del ámbito, que acabaron asumiendo el coste de las obras, que se prolongaron por espacio de dos años y no concluyeron hasta mayo de 2020.
Restablecer el orden vulnerado
A medida que avanzaban las obras, y gracias a que se iban recepcionando de forma escalonada por el municipio, el ayuntamiento pudo “otorgar las licencias de forma completamente legal, restableciendo el orden jurídico vulnerado”, según el primer fallo, lo que abrió la puerta a la actual “inejecución de la sentencia de derribo” concedida por el TSJC. Previamente, se solicitó otras dos veces a los tribunales la anulación de la demolición, pero la petición fue desoída. A la tercera ha ido la vencida.
Con tanto contratiempo es normal que el equipo de gobierno de Sant Esteve de Sesrovires (PSC, ARAses y Cs) coincida en calificar la resolución del TSJC como “una buena noticia que abre una perspectiva de futuro totalmente diferente para la ciudad”, en palabras del propio alcalde. La razón subyacente es que la paralización del derribo “pone fin a la amenaza que se cernía sobre el municipio y allana el camino del municipio para su desarrollo futuro, incide Carbonell.
Agradecimiento expreso
El alcalde ha agradecido personalmente la colaboración e implicación que han tenido durante todo el proceso los propietarios de las naves y también el exhaustivo trabajo técnico y jurídico que ha comportado todo el procedimiento. “La sentencia va más allá de su mero impacto en Sant Esteve, porque se va a convertir en un ejemplo de resolución de un conflicto urbanístico que está mucho más extendido en el territorio de lo que se piensa”. Y es que, son muchas y diversas las anomalías urbanísticas de difícil resolución en ámbitos fuertemente consolidados que siguen en vías de resolverse como ocurría en el polígono Sesrovires.
El fantasma de un cambio de rumbo jurídico en el Tribunal Supremo (TS) parece descartado, ya solo podría plantearse “si hubiera cambios relevantes en la jurisprudencia del TS”, ha precisado el letrado que ha asistido al Ayuntamiento en el procedimiento, Juan Requesens. En todo caso, “no se vuelve a discutir todo”, por lo que las naves estarían definitivamente a salvo.
Inicio en los años 60
El polígono Industrial Sesrovires fue uno de los primeros polígonos industriales del municipio que inició su andadura, a mediados de los años 60, pero manteniendo desde su inicio un gran número de carencias urbanísticas de cierta relevancia. Su origen se remonta a mediados de la década cuando empezó la actividad industrial del entonces denominado polígono Precis, al que unos años más tarde se unió el polígono “Sasroviras”, cuya fusión dio lugar el actual Sesrovires. El perímetro industrial definitivo del sector se definió a partir del proceso de reparcelación y urbanización iniciado en 2012 y que fue aprobado formalmente por el consistorio local en 2015.
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