“Desde el primer momento he tenido la conciencia tranquila porque he hecho las cosas bien. Ahora lo han corroborado la juez y el fiscal”, de esta forma ha analizado la alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín (PSC), que el juzgado haya decido archivar las diligencias que pesaban sobre ella por su posible implicación de corrupción del Consell Esportiu de la ciudad por dejación de funciones. “No puedo estar más que contenta y agradecida con las personas que han estado a mi lado durante todo el proceso”, que comenzó en mayo de 2020, ha subrayado la alcaldesa de la segunda ciudad de Cataluña.
La alegría de Marín era doble porque la decisión de la justicia echa por tierra la campaña de descrédito y desgaste que durante estos dos años han puesto en práctica algunos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de L’Hospitalet con la intención de apartarla de la alcaldía. “La verdad solo tiene un camino y la juez ha dejado claro cuál ha sido mi actitud desde el minuto cero”, ha indicado la presidenta de la Diputación barcelonesa, alejando definitivamente el fantasma de su implicación en los hechos, en contra del parecer de algunas formaciones con presencia en el consistorio.
Y es que tanto el escrito de la fiscalía, que pedía el archivo de las diligencias, como el de la propia juez desmontan “otros argumentos y otros comportamientos que han sido utilizado por algunas formaciones políticas y medios de comunicación que creían que quizás así podrían cambiar los designios democráticos (reflejados en las urnas) de los ciudadanos de L’Hospitalet”, ha destacado la primera edil.
Doble rasero
Núria Marín ha comentado que deberán ser las formaciones políticas que han dirigieron la caza de brujas contra la alcaldesa (y que exigieron su inmediata dimisión (ERC, Comuns y Ciutadans) quienes tengan que dar “las explicaciones que correspondan”. Especialmente flagrante es el posicionamiento de los Comuns y su doble rasero, pues pedían la cabeza de Marín (y ya han anunciado que piensan recurrir el archivo de las diligencias contra la alcaldesa), pero siguen defendiendo a capa y espada que Ada Colau se aferre a la poltrona de la alcaldía de Barcelona pese a tener varias causas judiciales abiertas.
Marín ha reiterado que, al mantenerse en el cargo (desoyendo las –ya infundadas- peticiones de la oposición), no ha hecho más que “aquello para lo que fui elegida hace tres años, que es ser la alcaldesa de la ciudad " “Es lo que he hecho, estoy haciendo y continuaré haciendo hasta que llegue la campaña electoral”, ha concluido la alcaldesa. Núria Marín ya ha anunciado que se presentará a la reelección en los comicios del 28 de mayo de 2023 ya que cuenta con el apoyo del PSC.
“Sin ánimo de ocultación”
El archivo del caso por parte de la jueza es una consecuencia de que la fiscalía ya había solicitado hace semanas el sobreseimiento del mismo. El ministerio fiscal pidió el archivo al entender que Marín actuó rápidamente en cuanto fue conocedora de los hechos que le fueron denunciados en 2020 por el entonces concejal del PSC y ahora alcaldable por ERC, Jaume Graells, quien puso en conocimiento de la alcaldesa el posible desvío de fondos. Según las conclusiones del ministerio público, la primera edil de L’Hospitalet actuó "sin ánimo de ocultación”, es decir sin hacer caso omiso a la denuncia, y por lo tanto, sin hacer dejación de funciones.
Núria Marín fue detenida, interrogada e imputada en diciembre de 2020 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante la investigación de la presunta trama que utilizaba el Consell Esportiu de la ciudad para malversar y desviar subvenciones del propio ayuntamiento. Tras declarar fue puesta en libertad, aunque le fue incautado el móvil, en el que tampoco se ha halado nada que la incrimine.
Dimisión de dos ediles
El caso del Consell Esportiu de L’Hospitalet se destapó en febrero de 2020, cuando Graells, en ese momento teniente de alcalde del PSC, puso en conocimiento a la alcaldesa de las supuestas irregularidades en la entidad. En mayo de ese mismo año se hizo público el resultado de la auditoría encargada por la propia Marín y Graells denunció la presunta trama ante los tribunales. Las consiguientes pesquisas policiales llevaron al arresto de dos de los compañeros de Graells en el gobierno municipal socialista: Cristian Alcázar, segundo teniente de alcalde, y el concejal Cristóbal Plaza, plaza. Ambos dimitieron de sus cargos y todavía continúan encausados. Por su parte, el denunciante abandonó el grupo municipal socialista, pero, hasta el momento, no ha renunciado al acta de concejal.
En su escrito pidiendo el archivo de las diligencias, la fiscalía fundamentó la inocencia de Núria Marín en que para cometer el delito de omisión de perseguir delitos es preciso que la persona que recibe la denuncia de supuestas anomalías no haga movimiento alguno para investigarlas. Pero esto no es lo que ocurrió en este caso, pues la alcaldesa ordenó la puesta en marcha inmediata de una auditoría del Consell Esportiu "con el fin de esclarecer la veracidad de los hechos de los que fue informada". El escrito fiscal señala incluso que la reacción de Marín tranquilizó a Jaume Graells, quien agradeció a la propia alcaldesa que "por fin" se hubiera encargado la auditoria a una empresa, como consta en las conclusiones del fiscal.
“Con la máxima legalidad”
En su declaración ante la juez, Marín negó la pasividad de la que le acusaba Graells y aseguró que nada más concluir la primera reunión que mantuvo con el denunciante, solo tardó unas horas en citar a los concejales Plaza y Alcázar para pedirles explicaciones. Prácticamente a la vez, encargaba la auditoría. "Siempre he actuado con la máxima legalidad", comentó la alcaldesa a los medios de comunicación tras su comparecencia en sede judicial.
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