El Ayuntamiento de Sitges ha aprobado una moción en defensa de los arrendatarios de Vivienda de Protección Oficial de La Caixa, impulsada por el "Sindicat de Llogateres". Se espera que esta iniciativa se presente en otros municipios afectados por la misma problemática. La moción busca proteger el derecho a la vivienda de los inquilinos y garantizar su función social en beneficio de toda la sociedad. Además, se denuncia la especulación con las viviendas de protección oficial y se exige un cambio radical en las políticas de vivienda para garantizar el acceso a la vivienda asequible y digna para todas las personas.
El Pleno del Ayuntamiento de Sitges ha aprobado una moción en defensa de los arrendatarios de Vivienda de Protección Oficial de La Caixa. La moción fue impulsada por el "Sindicat de Llogateres", representando a más de 2.000 familias arrendatarias de la Caixa en toda Cataluña, y se espera que se presente en otros municipios donde hay arrendatarios afectados por la misma problemática.
Las "llogateres" de La Caixa de Sitges, junto a otras entidades en defensa de la vivienda y los derechos sociales, se han concentrado ante el Ayuntamiento. Además, han convocado una manifestación en Sitges el próximo 15 de abril para defender la vivienda pública.
El "Sindicat de Llogateres" impulsará durante las próximas semanas mociones en una decena de municipios con promociones de HPO de La Caixa afectadas por las prácticas especulativas. Las mociones señalan la actitud especuladora de La Caixa con los arrendatarios de HPO e instan a los consistorios a interferir y presionar a la entidad para parar las expulsiones y el acoso hacia los arrendatarios y garantizar la función social de las viviendas.
La Caixa ha sido objeto de una moción de reprobación que insta a los ayuntamientos a intervenir para garantizar el derecho de los arrendatarios
El texto presentado en la moción reconoce que las viviendas de la Obra Social de CaixaBank han sido transferidas a otras filiales (Immocriteria, Building Center) que han dejado de cumplir su función social y están siendo utilizadas con fines especulativos. La moción insta a los ayuntamientos a intervenir y presionar a CaixaBank para detener cualquier acoso hacia los inquilinos y garantizar el derecho a la vivienda. CaixaBank, con esta actitud, se aleja de los objetivos que en su día promovieron la creación de su Obra Social; gradualmente el compromiso social de CaixaBank, se ha ido degradando.
Los afectado, solicitan la paralización de procesos judiciales y desahucios, renovación automática de contratos a precios sociales, eliminación de cláusulas abusivas, atención a las situaciones de exclusión residencial, retorno de inquilinos expulsados, cesión de pisos vacíos, mantenimiento y conservación de los inmuebles y reconocimiento del derecho a asociación de los inquilinos. Además, la moción también propone la creación de un fondo social de viviendas para garantizar el acceso a la vivienda a las personas más vulnerables y la promoción de políticas públicas que fomenten el alquiler social y la rehabilitación de edificios en desuso. En resumen, la moción busca proteger el derecho a la vivienda de los inquilinos de las viviendas sociales de CaixaBank y garantizar su función social en beneficio de toda la sociedad.
Vivienda pública y regulación del mercado: las claves para garantizar el derecho a la vivienda
Durante el último año, se ha organizado un grupo de arrendatarios de viviendas de protección oficial propiedad de la Obra Social La Caixa en más de 30 municipios de Cataluña. Se ha constatado que La Caixa está especulando con las viviendas de las promociones HPO construidas entre el año 2002 y el 2012, financiadas con al menos 25M de euros públicos. El 1 de marzo, desde el "Sindicat de Llogateres" y la campaña Destapamos La Caixa presentaron el informe "Vivienda de Desprotección Oficial: el caso de La Caixa", denunciando el modelo fallido de vivienda de protección oficial en Cataluña. Este modelo prioriza el lucro de las promotoras privadas a través de la financiación pública, en lugar del objetivo de consolidar un parque de viviendas.
En medio de la crisis en el acceso a la vivienda, es necesario un cambio radical en las políticas de vivienda que han resultado en más de un millón de desahucios en la última década y una carga financiera del 40% de los ingresos para pagar alquiler o hipoteca. El "Sindicat de Llogateres", está exigiendo la recuperación de la regulación de los alquileres como una herramienta efectiva y rápida para reducir los precios del alquiler y garantizar que la vivienda sea asequible. También piden a las autoridades públicas que se hagan responsables, en primer lugar, de la situación de los miles de arrendatarios que viven en HPO, y en segundo lugar, que promuevan un HPO al servicio de la ciudadanía de viviendas asequibles y estables para las personas con menos recursos.
Es importante que se denuncien estas prácticas especulativas y se exija una gestión transparente y responsable de las viviendas de protección oficial. Además, es necesario que se tomen medidas para garantizar el acceso a la vivienda asequible y digna para todas las personas, especialmente en un contexto de crisis económica y social como el actual.
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