La crisis sanitaria del covid-19 y sus restricciones finiquitan la histórica presencia de trabajadoras sexuales en la C-31. El final del sexo retribuido en el vial llega tras años de larga lucha, liderada por Gavà, que puso a los clientes en la diana.
La presencia de profesionales de la prostitución y de sus clientes en los márgenes de la autovía de Castelldefels (C-31) era una constante desde hacía décadas, incluso antes de la desaparición de los macroprostíbulos Riviera y Saratoga. Ni las detenciones de proxenetas ni otras medidas adoptadas en las décadas de 2000 y 2010 -como sanciones a las prostitutas- lograron evitar prácticas sexuales a plena luz del día cerca de viviendas de urbanizaciones y de escuelas como The British College of Gavà. Las chicas de carretera, extranjeras con permisos de residencia en nuestro país, nunca pagaban las multas.
Años después, la imagen de una mujer de pie en un costado de la C-31 se ha desvanecido. En el vial, asociad históricamente al intercambio de sexo por dinero, no hay ya presencia de meretrices desde hace más de tres años. ¿Cómo ha pasado? Uno de los escasos aspectos positivos de la pandemia del Covid-19 en el Baix Llobregat ha sido la desaparición de la prostitución de la autovía de Castelldefels. Y es que el coronavirus, y las restrictivas normativas para frenar el contagio, lograron lo que la administración llevaba años intentando a base de medidas sancionadoras.
Arcenes donde se apostaban las prostitutas o caminos por los que guiaban a sus clientes… Una tourné por la C-31 -a su paso por Viladecans, Gavà y Castelldefels- muestra vacíos los lugares donde se emplazaban las trabajadoras del sector del sexo. Sobreviven en los bordes de la calzada alguna silla de plástico blanco como testigo de aquellas prácticas. Perviven también en la autovía carteles metálicos en rojo que lanzan un aviso para navegantes: “¿Tú disfrutas? Ella, no. La trata de personas y la prostitución son un atentado contra los derechos humanos. No seas cómplice”.
Mensajes como ese, del Ayuntamiento de Gavà, trataron durante años de situar al cliente en el centro de la diana. Hasta 3.000 euros de multa por pedir servicios de prostitutas. Presión policial sobre el cliente para reducir el número de prostitutas de la autovía y sentar las bases para la desaparición de las prácticas sexuales de pago en la calle.
Era 2008, y medidas similares emprendió la vecina ciudad de Castelldefels, inmersa por aquel entonces en una lucha contra los macroprostíbulos Saratoga y Riviera, clausurados definitivamente algunos años después por delitos de prostitución ilegal, trata de blancas y explotación.
Mientras las putas de la C-31 -la mayoría del este de Europa- reclamaban la regularización de su actividad, los Mossos d’Esquadra emularon la estrategia municipal: multar la oferta y la demanda de sexo en cualquier carretera. Pero el verdugo que ejecutó la sentencia de muerte de estas prácticas no iba armado: fue el despiadado Covid-19.
Multas a domicilio para clientes
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 Trasladar la presión de las prostitutas a sus clientes. Ese fue el sistema, ideado por el Ayuntamiento de Gavà, que logró en 2018 que el número de mujeres que ofrecían servicios sexuales en la C-31 pasara de una docena a apenas cuatro. El foco se trasladó de la oferta a la demanda. Sin clientes, no hay prostitutas.
Con ese principio, Gavà modificó también la manera en que notifica las multas a los usuarios de prostitutas a los que interceptaba en la autovía. Las multas empezaron a llegar a los domicilios particulares de los hombres. Independientemente de que las hubiesen pagado ya, se les notificaba en su propio buzón el fin del expediente sancionador. El objetivo era que quedase constancia de la actividad ilegal realizada al practicar sexo en la vía pública.
La finalidad resultó disuasoria. Tras cometer la infracción, la gran mayoría se dirigió rápidamente a la comisaría o al Ayuntamiento para pagar la multa rápidamente y en efectivo. “Llegamos a encontrar hombres a las siete de la mañana, esperando a que abriera el Ayuntamiento, para pagar la sanción”, explican fuentes cercanas a una alcaldía que en aquel momento ostentaba la actual ministra de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez, y que ahora está en manos de Gemma Badia, la concejal impulsora de estas medidas. Sólo en julio y agosto de 2018, 17 hombres fueron sancionados en Gavà con multas de hasta 3.000 euros. Todos recibieron en su domicilio la notificación.La intención última de Gavà no era provocar divorcios sino ponérselo más difícil a los usuarios de la prostitución.
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