El Prat y la Fundació Rubricatus firman una iniciativa para que los servicios sociales de discapacidad sean siempre sin ánimo de lucro

La alcaldesa del Prat, Alba Bou Jordà, junto a la presidenta de la Fundació Rubricatus y teniente de alcaldía de Educación, Cultura y Acción Social, Anna Martín Cuello, y la directora de la entidad, Imma Pérez, han mostrado su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por familias de personas con discapacidad intelectual en Cataluña. Este esfuerzo cuenta con el respaldo de Dincat y busca asegurar que los servicios sociales destinados a este colectivo sean gestionados exclusivamente por entidades sin ánimo de lucro.

Compromiso con un modelo no lucrativo

Dincat es la federación que reúne a las principales organizaciones catalanas que trabajan en favor de las personas con discapacidad intelectual. Su objetivo es defender un modelo de atención que garantice calidad y proximidad, centrado en las necesidades individuales y gestionado por entidades sin fines de lucro. La ILP tiene como propósito proteger este modelo y evitar que servicios esenciales sean privatizados o gestionados por empresas lucrativas.

Con esta adhesión, tanto el Ajuntament como la Fundació Rubricatus reafirman su compromiso con un sistema de atención que prioriza la calidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. En el Prat, cualquier persona interesada en apoyar la ILP puede firmarla presencialmente en la sede de Rubricatus, ubicada en el carrer de Girona, 10-12.

Fundació Rubricatus: referente en inclusión social

La Fundació Rubricatus se ha consolidado como una entidad clave en el Prat, trabajando desde hace décadas para promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Esta organización sin ánimo de lucro ofrece diversos programas que incluyen itinerarios de ocupación, formación y apoyo a través de un Centro Especial de Trabajo, un Servicio de Terapia Ocupacional y un Servicio Ocupacional de Inserción.

El apoyo institucional a esta iniciativa legislativa pone de manifiesto la importancia del trabajo conjunto entre administraciones públicas y entidades sociales para garantizar una atención digna y adecuada a las necesidades del colectivo.