España no es una realidad homogénea ni ha sido nunca un territorio construido sobre una única identidad cultural, lingüística o histórica. Precisamente una de sus mayores riquezas reside en su pluralidad y en la existencia de nacionalidades y comunidades con rasgos propios. Pretender que esa diversidad desaparezca también de la prueba de acceso a la universidad sería ignorar la arquitectura territorial que el país ha ido construyendo desde la Transición.
Las PAU deben reflejar aquello que compartimos, pero también aquello que nos singulariza. Resulta lógico y positivo que existan contenidos comunes de conocimiento general, porque todos los estudiantes forman parte de un mismo sistema educativo y concurren después a universidades de todo el país, algo que a veces se olvida en ciertas visiones periféricas. Pero también es razonable que una parte del examen dialogue con la realidad más próxima del alumnado: su historia, su lengua cooficial, su contexto social y cultural. La educación no puede vivirse desde un despacho uniforme situado a cientos de kilómetros de distancia.
Además, la defensa de una Selectividad única desprende una cierta nostalgia centralizadora. La idea de que solo existe una manera válida de enseñar, evaluar o interpretar España nos retrotrae a épocas en las que expresar la diversidad territorial era visto casi como una amenaza. Un relato único, uniforme e incuestionable que dejaba poco espacio para las diferencias.
Gobierno y oposición definieron en los Pactos Autonómicos de 1981 el mapa definitivo de las 17 comunidades. Aquel acuerdo no solo organizó competencias administrativas; también reconoció que la pluralidad debía impregnar la vida pública española. Hoy, décadas después, ese espíritu sigue presente en algo tan cotidiano como la Selectividad. Y probablemente ahí reside buena parte de su sentido. III
Si (
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