No ha sido una demanda social sino una bandera política enarbolada directamente por la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz (Sumar). Se ha puesto sobre la mesa, previo pacto con el PSOE, la instauración generalizada (se quiera o no) de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas (sin que haya una reducción salarial), una iniciativa que se atisba como la medida estrella de la actual legislatura. Pese a las presiones, la propuesta gubernamental sigue sin haber cosechado el consenso entre los sindicatos (que la defienden) y la patronal (que recela o directamente se opone), aunque el Gobierno, antes de imponerla por ley, ha dado a las partes un ultimátum para que pongan de acuerdo que expira este 11 de noviembre.
