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El pleno municipal Sant Vicenç dels Horts aprobó, a finales del año pasado, una propuesta para transformar el antiguo cuartel de la Guardia Civil en una promoción de vivienda pública. Sin embargo, actualmente residen en este edificio 32 agentes y sus familiares, que se verían obligados a desalojar sus viviendas. La propuesta ha dado un paso más y ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, a través del partido Sumar, que ha exigido la cesión a sus colegas del Gobierno.

Un vecino de L'Hospitalet se arruinó debido al cierre forzioso de su negocio durante la pandemia del covid-19. Pero acudió al bufete Repara tu Deuda y ha logrado que el Juzgado de lo Mercantil nº12 de Barcelona candele su deuda de 32.000 euros merced a la Ley de la Segunda Oportunidad.

No ha sido una demanda social sino una bandera política enarbolada directamente por la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz (Sumar). Se ha puesto sobre la mesa, previo pacto con el PSOE, la instauración generalizada (se quiera o no) de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas (sin que haya una reducción salarial), una iniciativa que se atisba como la medida estrella de la actual legislatura. Pese a las presiones, la propuesta gubernamental sigue sin haber cosechado el consenso entre los sindicatos (que la defienden) y la patronal (que recela o directamente se opone), aunque el Gobierno, antes de imponerla por ley, ha dado a las partes un ultimátum para que pongan de acuerdo que expira este 11 de noviembre.