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Jordi Cuixart declara en el juicio del 'procés'.
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Jordi Cuixart declara en el juicio del 'procés'.

27 de febrero. Una decisión histórica

Se cerró la comparecencia de los acusados sin que nadie usara el catalán para declarar y sin que Vox se estrenara, como estaba previsto, puesto que nadie quiere, legítimamente, dar carnaza a los aprovechados.

Cuixart y Forcadell estuvieron bien, como casi todos los demás, porque los acusados no se salen de su panoplia y los inquisidores del Tribunal apenas aciertan en su agresividad.

No entiendo mucho de leyes, pero tengo la sensación de que el Supremo arriesga mucho con una sentencia dura, aunque es cierto que llegar hasta aquí para retroceder como si nada hubiera pasado va a costar sangre, sudor y lágrimas. Los acusados se arriesgan a perder unos cuantos años de libertad, pero el Supremo se enfrenta a algo mucho peor: dejar tocada de muerte la credibilidad social e internacional de la justicia española. Tengo la sensación de que se perdería muchísimo menos si la condena fuera únicamente por hechos que pueden costar menos de probar: que hubo desobediencia a las leyes y que se empleó dinero público para cuestiones que no lo merecían. Ya digo que yo no soy jurista, pero como cualquiera, tengo opinión al respecto. Y es posible que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se aprobaran cosas que no se podían aprobar y quizás se hizo un simulacro de referéndum con costes imputables a los recursos públicos. Aspectos ambos, que deben ser probados fehacientemente. En un proceso penal no bastan las sospechas, resultan imprescindibles las evidencias probadas. Y aún no estamos en esas.

El lío de la Justicia

En lo que sí estamos ya sin dudas, despejadas hoy mismo, es en el recurso al Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo que, por lo menos, deberá tratar en un espacio corto de tiempo la reclamación de la defensa de Carme Forcadell sobre la injusticia cometida en la prisión provisional sin fianza.

No es solo en cuestiones políticas. Es en todas las cuestiones que rigen la vida social: cuando en una diatriba implicas a la justicia, el conflicto deja de pertenecer a los dirimentes y se convierte en una cosa incontrolada. Mientras los conflictos no llegan a la Justicia es posible razonar, mediar y llegar a acuerdos. Cuando llegan a la Justicia todo lo anterior ya es imposible. Las leyes no atienden a razones, a mediaciones o a pactos, como no sean con el fiscal y las acusaciones, cuando ya está todo dicho y hecho. Por eso la Justicia debe ser el último escalón, cuando el razonamiento, la mediación y el acuerdo, son imposibles del todo. Si eso en la vida civil ya es grave, cómo no va a ser dramático en la vida política.

La principal responsabilidad de la falta de reflexión, diálogo y consenso fue, en este caso, del gobierno Rajoy que ha convertido una tormenta en un tsunami. Pero no solo. El independentismo militante subestimó la fuerza del Estado y sobrevaloró sus derechos. Con la soberbia encima de la mesa es igual que estés atornillado a la silla de negociar o que te levantes a las primeras de cambio. La primera ley para el diálogo es la humildad de las razones. Cuando unos tienen razones imperativas y universales, los otros tienen argumentos inamovibles e infranqueables. Y el siguiente paso son los tribunales de justicia, que aplican las leyes con la severidad de los códigos, que no atienden a sentimientos y que juegan peligrosamente con los elementos más preciados del ser humano: la dignidad y la libertad.

No ayudan quienes dan por hecho que la sentencia ya está dictada y que las penas de cárcel van a ser abrumadoras. Puede ser que sea así. Los jueces dirán que están aplicando la legalidad vigente, pero si las penas son graves, por lo que hemos visto hasta ahora, la sentencia parecerá mucho más una decisión corporativa —para no desacreditar a la instrucción y a sus durísimas medidas de privación provisional de libertad— que el resultado de una evaluación razonada de hechos probados. Pero si los que hablan de que todo está ya decidido se equivocan, mostrarán la imagen más demagógica del dogmatismo soberanista.

Cuanto peor…

A unos cuantos les encanta que todo vaya a peor. Consideran que no hay alternativa para el acuerdo y quizás tengan razón, para el acuerdo que ellos querrían. Son dos posiciones enfrentadas: la de quienes quieren la independencia, y la de quienes quieren un Estado autonómico. En medio de esas posiciones —digamos, en los extremos— hay todo un mundo de alternativas, pero para alcanzarlas es imprescindible renunciar a esas posiciones de partida, para encontrar un punto que incluya las expectativas de “la secesión sin desunir” y las de la “autonomía con mayor autogobierno”. Para encontrar el punto de unión hay que renunciar a la independencia y al Estado autonómico que diseñó el régimen del 78. Renunciar a la independencia implica necesariamente renunciar al supuesto derecho a la autodeterminación —al sí o no a la independencia—, porque autodeterminarse en ese supuesto dual puede incluir la secesión y esa es la posición de uno de los extremos. A no ser que el derecho a la autodeterminación incluya todas las alternativas: secesión, confederalismo, federalismo, autonomía y estado centralizado.

Para ser precisos, tan importante es la renuncia a las posiciones extremas como el reconocimiento de la realidad. Si se parte de una lectura irreal del contexto, la negociación también comienza mal. Las partes deben discutir con “igualdad de armas” que es esa belicosa jerga que utilizan los juristas para indicar que acusación y defensa se sirven de los mismos códigos. Pero discutir con igualdad de armas, no excluye asumir la realidad.

La realidad es que el Estado tiene la fuerza de su capacidad representativa y legal, mientras que el independentismo tiene la mitad del censo electoral de su parte, una lectura histórica de sus derechos y un caudal de sentimiento notable. Son elementos en ambos casos de peso y calidad, que han de ser reconocidos por todos, como cuestiones tangibles que no se pueden despreciar. El Estado tiene en contra el conflicto en plena efusión y la caducidad de los textos constitucionales que una parte importante del tejido social ya no reconoce como válidos para la convivencia. Y el independentismo, la otra mitad de su propio censo y el peso de una historia de siglos de unidad que también crea lazos sentimentales de relieve.

El desenlace del juicio puede abrir expectativas y limar asperezas o todo lo contrario. Me temo que el TS es consciente de lo que tiene entre manos y no sé si estará a la altura de las circunstancias. Por muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora, hay elementos de peso para desconfiar. Pero no es bueno, y puede no ser acertado, dar por hecho que van a permanecer en el error. Tienen una tarea ciclópea que solo la historia podrá dimensionar. También su decisión dará la medida de quienes somos…

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