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El TSJC tumba el soterramiento de la Gran Via en Bellvitge y el parque científico
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El TSJC tumba el soterramiento de la Gran Via en Bellvitge y el parque científico

viernes 13 de noviembre de 2020, 17:38h
La sentencia, fruto de un recurso contencioso-administrativo presentado por el grupo municipal de L’Hospitalet En Comú Podem (ECP) en 2017, anula el Plan Director Urbanístico (PDU) Gran Via-Llobregat, por "defectos de forma competencial"

Varapalo judicial al proyecto de cobertura del último tramo de la Gran Via, a la altura del barrio de Bellvitge, y a la urbanización del entorno de la actual zona agrícola de Can Trabal. La sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarado “nulo de pleno derecho” el plan director urbanístico Gran Via-Llobregat aprobado definitivamente por la Conselleria de Territori i Sostenibilidad de la Generalitat el 27 de marzo de 2017. Tanto la Generalitat de como el Ayuntamiento de L’Hospitalet tienen intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), ya que la sentencia no es firme.

El fallo de la sala tercera supone un auténtico jarro de agua fría para el proyecto, que estaba a punto de licitarse, porque lo paraliza completamente. Por lo tanto, mientras el TS no se pronuncie sobre el caso (lo que podría producirse como mínimo dentro de dos o tres años) no podrá comenzar ninguna de las obras previstas y que iban a comportar, entre otros beneficios, que fuera posible ir caminando desde el Hospital de Bellvitge hasta el oncológico Duran i Reynals por encima de la losa que debía cubrir la antigua autovía de Castelldefels.

El primer teniente de alcalde de L’Hospitalet, Fran Belver, que la sentencia del TSJC no pone en cuestión el planeamiento urbanístico” porque la anulación del PDU es consecuencia “de un defecto de forma competencial”. El tribunal ha dictaminado que el proyecto debería haber sido aprobado también por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que según la sala es la administración competente, antes de ser ratificado de forma definitiva por la Generalitat. Al saltarse este paso –que por otra parte es confuso, porque todavía no se ha redactado el PDU metropolitano en el que debería ampararse el PDU Gran Via-Llobregat- el plan queda automáticamente anulado, según la sentencia.

Nunca cuestionado

Un portavoz del Ayuntamiento de L’Hospitalet ha asegurado que la resolución judicial ha sorprendido a urbanistas y juristas municipales, de la Generalitat y del Consorcio de la Gran Via, en el que trabajan técnicos de ambas administraciones, porque “nunca hasta este momento se había puesto en cuestión la competencia de la Generalitat para aprobar definitivamente este tipo de proyectos”.

La primera fase del PDU Gran Via-Llobregat (la que incluye la cobertura de la Gran Via desde Bellvitge hasta el río Llobregat y el inicio de la construcción de un parque de equipamientos científicos, vinculados a la investigación y a la universidad) estaba previsto que se licitara en un plazo de unos seis meses y tiene un presupuesto global de 115,83 millones de euros. De no haber surgido el contratiempo de la sentencia, las obras del PDU deberían haber comenzado durante el año 2021 y habrían estado acabadas entre finales del 2024 y comienzo del 2025. En el caso de que el Tribunal Supremo revocara la anulación, podría darse el caso de que las obras comiencen cuando estaba previsto que acabaran.

Freno a 27 rascacielos

La portavoz del grupo municipal de L’Hospitalet En Comú Podem (ECP), Ana González, ha aplaudido la anulación macroproyecto urbanístico porque frenará la construcción “27 rascacielos en la última zona agrícola de la ciudad, afectando a diez hectáreas de la zona sur de la ciudad. Es decir, casi al 8% de todo el territorio municipal”. González ha recordado que el proyecto había provocado la indignación de buena parte de la ciudadanía de L’Hospitalet “implicaría destruir la masía de Cal Trabal y significaría saturar todavía más una ciudad que ya sufre una extenuación de sus servicios”.

Para L’Hospitalet ECP, el fallo del contencioso es u”na victoria comunitaria, de los movimientos sociales y vecinales que han luchado durante más de una década para llegar aquí, y de la misma ciudadanía, que podrá preservar su zona agrícola hacia la especulación urbanística”. “Lo hemos conseguido, hemos salvado Can Trabal”, se ha felicitado la edil Ana González.

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