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La fallida ampliación del Prat no contenta ni a políticos ni a empresarios ni a ecologistas
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La fallida ampliación del Prat no contenta ni a políticos ni a empresarios ni a ecologistas

Por Álvaro Carretón

sábado 02 de octubre de 2021, 03:04h
Todo apunta a que la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat quedará congelada durante los próximos cinco años, hasta 2026. El pasado 8 de septiembre, el Gobierno central anunció la paralización del proyecto por la falta de consenso con la Generalitat y, desde ese día, todos los intentos de acercar posturas han fracasado.

Aena planeaba invertir 1.700 millones de euros en la ampliación, que había de servir para convertir el aeropuerto en un hub intercontinental. Es por ello que muchos empresarios lamentan la oportunidad perdida. Por su parte, las asociaciones ecologistas, que celebraron la paralización, advierten de que la ampliación se quiere llevar a cabo igualmente y abogan por un cambio profundo del modelo socioeconómico.

El proyecto de Aena contemplaba alargar la pista sur del aeropuerto 500 metros hacia el este. Esto suponía eliminar 50 hectáreas de la laguna de la Ricarda, un espacio natural de humedales y pinedas con una biodiversidad única. Aunque la ampliación también incluía otras intervenciones, como la construcción de una terminal satélite, el debate sobre la preservación de la Ricarda, protegida por la Red Natura 2000, fue lo que provocó el desacuerdo entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y la Generalitat.

El PSOE, primera fuerza de la coalición del gobierno central, era partidario de realizar la ampliación y alegaba que Aena se comprometía a compensar las pérdidas de espacio protegido —cabe recordar que la empresa estatal no cumplió los compromisos que había acordado para acometer la anterior ampliación del aeropuerto del Prat, en 2004—. Junts, socio de gobierno d’Esquerra Republicana en Cataluña, se situaba en la misma línea y, en una reunión acontecida el 2 de agosto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la socialista Raquel Sánchez, alcanzó un acuerdo verbal con el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, de Junts, para que el proyecto de ampliación se incluyera en el DORA II, el documento de regulación aeroportuaria de Aena para el período 2022-2026, que se aprobaría el 30 de septiembre en el Congreso. Esquerra Republicana, que preside la Generalitat, no mostró una oposición frontal al proyecto, pero advirtió de que sólo lo respaldarían si cumplía estrictamente las normas ambientales europeas. Por su parte, Unidas Podemos, segunda fuerza de la coalición del gobierno central, se mostró contraria a la ampliación.

Un firme movimiento de rechazo, canalizado por diferentes organizaciones ecologistas, fue ganando fuerza en sectores de la sociedad comprometidos con el medio ambiente y preocupados por la emergencia climática. El 19 de septiembre, el movimiento sacó músculo en una manifestación en Barcelona a la que asistieron decenas de miles de personas, pese a que para entonces ya se había paralizado la inversión. Al mismo tiempo, el empresariado catalán defendía el proyecto e indicaba que produciría riqueza. En declaraciones al Ara, Xavier Fageda, catedrático de economía aplicada de la UB, aseguraba que la ampliación era necesaria “por el polo de actividades económicas del aeropuerto y los empleos que generaría” y apuntaba que “las buenas conexiones directas son un factor de primer orden para atraer inversiones extranjeras”.

El DORA II se dio a conocer el 3 de septiembre. Fue entonces cuando se confirmó que la ampliación pretendía invadir la Ricarda y el debate político se intensificó. El alcalde del Prat, Lluís Mijoler, de Catalunya en Comú, la rama de Unidas Podemos en Cataluña, acusaba a la Generalitat de mentir y haber pactado la destrucción del Delta del Llobregat. Por su parte, el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, de Esquerra, tuiteaba que “preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable”, por lo que se alineaba con los comuns. La relación dentro de las coaliciones de gobierno se tensaba, pues el PSOE y Junts seguían apostando por la ampliación.

El 7 de septiembre, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, anunció que el gobierno autonómico no descartaba participar en la manifestación contra la ampliación. Fuentes de la Moncloa indican que este anuncio fue el detonante final de la paralización. Solo un día después, la ministra Sánchez comparecía antes los medios e informaba de la congelación de la inversión de 1.700 millones de euros de Aena. “El pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta”, apuntaba Sánchez, mientras que Aragonès hablaba de “una operación de chantaje”. Puigneró, por su parte, lanzaba dardos al Estado, a quien acusaba de unilateralismo, y a sus socios de gobierno, de los que decía que habían generado confusión al anunciar que asistirían a la manifestación. Los comuns se congratulaban por la paralización, pero, desde El Prat, Mijoler indicaba que “el partido no ha acabado y habrá que jugar una prórroga”.

A ese tiempo extra remitía la patronal Foment del Treball Nacional, presidida por Josep Sánchez, cuando, en un comunicado emitido tras la paralización, pedía lograr los consensos necesarios para reactivar la inversión. “No podemos renunciar al progreso que aportan las infraestructuras, y más cuando nos faltan”, decía. El comunicado también apuntaba que “estamos a un paso de hacer el ridículo internacionalmente”. La patronal, con su presidente a la cabeza, intentó mediar para que Estado y Generalitat alcanzaran un nuevo acuerdo, pero no lo logró.

“Es un perjuicio enorme tener un aeropuerto que está limitado por su tamaño”, afirma la vicepresidenta de la Associació Empresarial l’Hospitalet i Baix Llobregat, Rosa Fiol, que explica que no había motivos para dejar escapar una inversión de 1.700 millones de euros como esta. Su organización defendía que la ampliación era compatible con la preservación de los espacios naturales porque era “un tema técnico, que se puede resolver”. Fiol, que espera que la situación se reconduzca “por el bien común”, cuestiona que la Generalitat lleve años desatendiendo los espacios de la Red Natura 2000 y que ahora se preocupe tanto por la Ricarda.

Sin embargo, no todo el empresariado de la comarca apoyaba la ampliación planteada por Aena. El presidente del Prat Empresarial, Jordi Morera, apunta que “no nos oponemos frontalmente a la ampliación, pero creemos que se tienen que estudiar alternativas que no presionen todavía más el territorio del Prat y tengan en cuenta el conjunto de Cataluña”. Morera, que dice que el proyecto fracasó por la precipitación, explica que los empresarios del municipio no obtienen un impacto directo del aeropuerto y que para ellos sería más beneficioso que se invirtiese en proyectos como el Corredor Mediterráneo.

Los pratenses que sí que se oponían frontalmente a la ampliación eran los miembros de Ni un pam de terra. Muchos consideran que entidades ecologistas como esta son las grandes triunfadoras de la paralización. Sin embargo, sus integrantes muestran cautela. Pere Bonet, portavoz de Ni un pam de terra, dice que “no damos toda la credibilidad a la suspensión de la ampliación”. Por eso explica que su organización estará alerta por si se hace un nuevo proyecto de ampliación que atente contra los espacios naturales del municipio.

Jaume Grau, portavoz de Ecologistes en Acció y SOS Baix Llobregat, remarca que el debate va más allá de la ampliación y que se trata de repensar el modelo socioeconómico. “La calidad de vida de la gente no pasa por construir más, sino por vivir mejor y para ello es imprescindible conservar los espacios naturales”. Grau, además, indica que “necesitamos reducir la actividad aérea a toda costa” para rebajar las emisiones de CO2, que provocan que suban las temperaturas. Según la Agència de Desenvolupament Urbà, Barcelona Regional, la ampliación hubiese aumentado las emisiones de este gas de efecto invernadero del aeropuerto un 33% como mínimo. En 2019, la actividad aérea del Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO2.

En declaraciones a El País, el profesor de la UPF Jordi Mir, experto en movimientos sociales, asegura que “el eje ecológico no desaparecerá del escenario político”. Un grueso de expertos coincide en que este eje será determinante en el futuro del aeropuerto del Prat, que con la paralización de la ampliación ha vivido un episodio más de un serial inacabado. III

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